Objetivo: el voto CERA

Hay hechos que, si los contemplamos por separado, parecen casualidades. Una ley que multiplica nacionalizaciones en América. El fin del voto rogado. Un voto exterior que empieza a comportarse de manera curiosamente favorable al PSOE allí donde el voto interior le da la espalda. Un viejo estratega de Sánchez instalado en Argentina haciendo consultoría electoral. Y, como telón de fondo, un Gobierno al que ya hemos visto demasiadas veces jugar con las instituciones como quien juega con las joyas heredadas de la abuela.

Una casualidad puede ser una casualidad. Dos, quizá también. Pero tres consecutivas desafían las leyes del azar. Si, además, esas casualidades afectan al censo electoral, a las provincias donde se reparten escaños y a un poder que ha demostrado una falta absoluta de escrúpulos, ponerse de perfil no es prudencia; es encomendarse al diablo.

El voto CERA ha sido durante años apenas una nota al pie. Un conteo sin trascendencia que se realizaba al final de la noche electoral, cuando ya estaban recogiendo los platós, los tertulianos habían agotado el arsenal de metáforas futbolísticas y todos los partidos se apresuraban a anunciar que habían ganado incluso cuando habían perdido. Pero ese ritual podría verse alterado de cara a las próximas elecciones generales.

Las elecciones autonómicas en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura dibujan un patrón: el PSOE mejora o gana en el voto exterior mientras el PP se impone en el voto residente. En algunos casos, esta divergencia no es una novedad; en otros, como Andalucía, hay un claro cambio de signo. Pero en todos los casos lo más relevante no es quién gana, sino que el voto exterior se dispara.

En esas cuatro elecciones autonómicas, el voto exterior no afectó a los resultados. Pero esto no resta importancia al fenómeno. Al contrario, si somos sanamente suspicaces, lo vuelve más interesante porque podríamos estar asistiendo al ensayo de un mecanismo cuyo objetivo no es favorecer al Partido Socialista en cuatro autonomías, sino en un sufragio mucho mayor donde las diferencias podrían acumularse en lugares decisivos. Es decir, el CERA puede no decidir unas autonómicas y, sin embargo, convertirse en oro molido en unas generales.

«La llamada ley de nietos ha creado de la nada una bolsa de cientos de miles de nuevos votantes en América»

España no elige presidente por voto popular. Reparte escaños por provincias. Y en muchas de ellas el último diputado no se decide por grandes mareas de votantes, sino por unos pocos miles de votos. A veces, incluso menos. Es en ese escenario donde un voto exterior disparado y orientado hacia determinadas demarcaciones puede dejar de ser la acostumbrada nota al pie para convertirse en un «imprevisto» vuelco electoral.

Para que esto fuera posible, solo harían falta dos cosas: que la bolsa de votantes exteriores crezca y que resulte más fácil movilizarla. Y —¡oh, casualidad!— las dos cosas han sucedido casi de forma simultánea. El fin del voto rogado eliminó el cuello de botella burocrático que durante años limitó la participación exterior. La llamada ley de nietos, por su parte, ha creado de la nada una bolsa de cientos de miles de nuevos votantes en América. Lo primero facilita el voto; lo segundo potencialmente lo dispara.

Por separado, cada una de estas medidas puede justificarse como mejora administrativa y como reparación histórica. Pero sumadas y, sobre todo, vistas desde la aritmética provincial de unas generales, resultan demasiado funcionales entre sí como para no tener la mosca detrás de la oreja y preguntarse: ¿dónde acaban censados esos nuevos votantes? ¿En qué provincias? ¿Con qué trazabilidad? ¿Con qué impacto en el último escaño?

La respuesta exige mirar primero al gran epicentro de esa nueva bolsa electoral: Argentina. Allí es donde la ley de nietos tiene mayor impacto. Allí se concentran centenares de miles de expedientes. Y allí, no en otro lugar, se instala Paco Salazar, hombre de confianza de Sánchez y pieza clave de su estrategia electoral durante años, para dedicarse —otra encantadora coincidencia— a la consultoría electoral.

«Sánchez no ha demostrado alergia a la colonización institucional, ni pudor ante las maniobras de supervivencia más oscuras»

Puede ser otra casualidad, por supuesto. De hecho, todo puede ser casualidad si se contempla con la suficiente ingenuidad. Y, sobre todo, si nos creemos que los vínculos entre Salazar y Sánchez están rotos. Leire Díez también fue repudiada. Las investigaciones judiciales, sin embargo, han sacado a la luz una realidad completamente diferente: Leire seguía operando como ubicua fontanera del PSOE. No es el único caso, aunque sí el más llamativo. Cada vez que en el PSOE afirman que alguien «ya no tiene nada que ver con nosotros», la realidad es justamente al revés.

En otros tiempos, sospechar de un potencial fraude electoral habría sonado conspiranoico. Pero, desgraciadamente, lo que hemos conocido estos años convierte lo impensable no ya en plausible, sino en una profecía con altas probabilidades de cumplirse. Sánchez no ha demostrado precisamente alergia a la colonización institucional, ni pudor ante las maniobras de supervivencia más oscuras, ni respeto por los contrapesos democráticos. Al contrario: cada línea roja ha acabado siendo una línea discontinua, y cada vez que hemos intentado tranquilizarlos con «esto no se atreverá a hacerlo», Sánchez no ha dudado en atreverse.

Apuntar la posibilidad de fraude electoral no es ningún delirio. Hay un patrón. Hay una bolsa electoral exterior creciente. Hay una reforma que facilita el voto desde fuera. Hay una ley que multiplica nacionalizaciones en países muy concretos. Hay provincias donde un puñado de votos cambia el signo de bastantes escaños. Hay un estratega del sanchismo en Argentina, epicentro de la nueva bolsa de voto exterior. Y hay un historial de tramas, ocultaciones y sucias maniobras que impide conceder a Sánchez el beneficio de la duda.

La pregunta no es si ya se ha producido un fraude. Esa es la trampa dialéctica: como las cuatro elecciones autonómicas citadas no se han visto alteradas, no habría nada que mirar. La pregunta correcta es si se están creando las condiciones para que pudiera intentarse algo mucho más sutil: no un grosero pucherazo de sacos y urnas, sino una operación censal, exterior, administrativa y territorialmente apuntada con la precisión de un láser. Algo difícil de explicar en un titular, difícil de impugnar después y potencialmente decisivo si el suelo electoral del PSOE no se desmorona y la oposición no consigue una victoria abrumadora.

«Importa saber quién entra en el censo, dónde entra, cuándo entra y con qué consecuencias»

No se trata de dar por probada una teoría, sino de vigilar con ojos de halcón una cadena: la nacionalidad, el registro consular, el PERE, el CERA, la provincia de adscripción, la participación real y el margen en el que se ha dirimido el último escaño. Si todo ha sido limpio, los datos lo demostrarán. Si no lo es, o si se ocultan los datos, la sospecha dejará de ser una alarma preventiva y pasará a convertirse en la constatación de una sofisticada manipulación electoral.

En democracia no solo importa contar bien los votos. Importa saber quién entra en el censo, dónde entra, cuándo entra y con qué consecuencias. Y si esas preguntas molestan al sanchismo, habrá que hacerlas con más insistencia, no con menos. Porque, como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva.