La 'ley de nietos' en cifras: 600.000 nuevos votantes en 2027, el 70% de Iberoamérica

La aplicación de la llamada ley de nietos, que facilita a los descendientes de españoles que sufrieron la Guerra Civil y la dictadura franquista acceder a la nacionalidad española, está enfrentando en los últimos días a las formaciones del Gobierno con los partidos de la oposición. El PP ha denunciado la «ingeniería electoral» detrás de este proceso de nacionalización y Vox ha advertido que el Ejecutivo de Sánchez pretende «adulterar el resultado de las elecciones» previstas para el próximo año, por lo que ha pedido al Ministerio de Justicia que retire la instrucción administrativa con la que se amplió el derecho a adquirir la nacionalidad a descendientes de españoles nacidos fuera del país, cuando inicialmente estaba destinado a quienes sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.

La ley se concibió originalmente para ofrecer reparaciones a las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura, permitiendo recuperar la nacionalidad a quienes la perdieron de forma forzosa por motivos políticos o ideológicos. Sin embargo, en la práctica, la ley eliminó en sus anexos de tramitación la obligatoriedad de demostrar fehacientemente la condición de exiliado político, gracias a la citada instrucción interna de Justicia que firmó Sofía Puente, hermana del titular de Transportes y que ocupaba el cargo de secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público en el momento de su aprobación.

Al bastar la mera demostración de la línea de parentesco —por ejemplo, un abuelo nacido en España—, la normativa se ha convertido en un «coladero», en palabras de la consultora Freemarket, para canalizar nacionalizaciones de descendientes de la migración económica de mediados del siglo XX, «la cual nada tuvo que ver con la represión política». Al equiparar la emigración por motivos de progreso laboral con el drama humano del exilio forzoso, «la ley pierde su justificación moral de justicia transicional y se transforma en una vía de naturalización puramente administrativa y arbitraria».

Para calibrar la verdadera dimensión de este fenómeno, es imprescindible ponerlo en perspectiva histórica. El Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) contaba en las elecciones generales de julio de 2023 con un total de 2.328.261 ciudadanos. El volumen demográfico e institucional provocado por la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática (LMD) está alterando «esa base estructural de una forma nunca antes vista en la democracia española, tensionando al límite la infraestructura del Estado en el exterior, pero abriendo simultáneamente una autopista masiva de participación política».

Algo más de 2,4 millones de personas han manifestado su interés por optar a la nacionalidad española gracias a la ley de nietos. El plazo para solicitar una cita e iniciar el trámite administrativo concluyó en octubre del año pasado. A partir de ese alud de peticiones, las oficinas consulares han conseguido catalogar, abrir y validar formalmente más de 1,2 millones de expedientes físicos completos. Básicamente, son carpetas que contienen toda la documentación requerida: partidas de nacimiento legalizadas, acreditaciones de exilio o parentesco y formularios oficiales. Pero no equivalen todavía a nacionalidades concedidas, subrayan fuentes diplomáticas consultadas por THE OBJECTIVE. La recepción es solo el inicio del proceso administrativo, ya que un porcentaje «sustancial» de los expedientes presenta nulidad de derecho o documentación incompleta que, en última instancia, podría terminar en desistimiento.

Así pues, el procesamiento de estos expedientes se divide en dos fases. La primera incluye las de aprobación administrativa. Hasta la fecha, los cónsules y el personal delegado han emitido una resolución favorable para 510.532 expedientes. La segunda son las inscripciones definitivas. De esa bolsa de aprobados, aproximadamente 310.000 personas ya han completado el trámite definitivo de inscripción en el Registro Civil Consular a día de hoy. Este último grupo es el que ya cuenta con el estatus legal pleno: disponen de su partida de nacimiento española, están tramitando su pasaporte y, de forma automática, han sido incorporados al censo CERA con pleno derecho al ejercicio del voto. Por lo que ya podrían participar en los comicios generales que convocase Sánchez.

Esa cifra se podría duplicar hasta cerca de las 600.000 personas de aquí a julio de 2027. Por ejemplo, en el consulado de Buenos Aires, que concentra el 26,8% de los expedientes de todo el mundo, ya se han tramitado 220.000 de ellos, si bien solo se han resuelto algo más de 33.000 a día de hoy, a un ritmo de resolución de 1.800 al mes. A nivel global, THE OBJECTIVE desveló el pasado 10 de junio que el Gobierno de Pedro Sánchez había facilitado por primera vez un indicio de cómo es el ritmo de nacionalizaciones que lleva a cabo en todas sus legaciones diplomáticas.

En el primer trimestre, se inscribieron 33.638 personas en los consulados por esta vía, tras concluir toda la tramitación de sus respectivos expedientes para obtener la ciudadanía española. Eso significa que algo más de 10.000 personas obtienen cada mes la ciudadanía española con la ley de nietos y quedan incluidas en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) de los consulados. Y que si se sigue el ritmo actual, al final de año podría haber unos 125.000 nuevos españoles que se hayan acogido a esta normativa. La comparativa de este primer trimestre salió a la luz gracias al informe del Balance de Actividad Consular en 2025 que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, presentó la pasada semana en el Consejo de Ministros.

Para poder tramitar este alud de expedientes, el departamento de Albares autorizó en 2025 el refuerzo del personal laboral en el exterior con la contratación de 657 efectivos, un 43% más que el año anterior. La mayor parte de los contratos se dedicaron a funciones consulares, haciéndose «un esfuerzo particular» en las oficinas más afectadas por la Ley de Memoria Democrática, que son las de Argentina, Cuba y México. Además, las tres plazas de cónsul adjunto de vigencia temporal, desveladas por THE OBJECTIVE en 2023, en Buenos Aires, La Habana y Ciudad de México, se transformaron en permanentes.

La revisión se reduce en un 60%

El Gobierno ha puesto todo su empeño en la automatización y digitalización de los expedientes con herramientas de gestión de datos masivos para el cotejo de documentos de una misma línea familiar. Cuando se aprueba el expediente de un hermano, por ejemplo, los expedientes de los demás hermanos vinculados a la misma ascendencia se procesan de forma casi automatizada, reduciendo los tiempos de revisión en más de un 60%.

Además, gran parte del cribado de documentos inicial y la grabación de datos en el sistema informático se ha derivado a equipos técnicos de soporte, permitiendo que los funcionarios de carrera y los cónsules se concentren únicamente en el acto jurídico de la firma y la inscripción registral. La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, justificó este martes las sospechas de su formación con las nacionalizaciones a través de la llamada ley de nietos, advirtiendo de que el Gobierno está actuando «a toda prisa y con urgencia» y «externalizando incluso» esas nacionalizaciones «a través de empresas cubanas vinculadas al régimen».

Iberoamérica concentra el 70% de los nuevos votantes que salgan de la citada ley. Argentina será el mayor granero de votos en el exterior —el 40% de todo el mundo— hasta el punto de que la circunscripción bonaerense se convertirá con toda probabilidad en la tercera ciudad española con más habitantes, tras Madrid y Barcelona. Tras Argentina se sitúan Cuba (12%), Brasil (11%), México (9%) y el resto del continente americano (8%), dejando al resto de países del planeta con otro 10% global.

El llamado voto rogado que aprobó el segundo Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero supuso un freno al voto exterior durante una década. La participación pasó de niveles cercanos al 30% a cifras residuales de entre el 3% y el 6%. El fin del voto rogado implica, básicamente, tres cambios. El primero es que las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral enviarán de forma automática e inmediata las papeletas y los sobres de votación a la dirección censada de cada elector, eliminando cualquier trámite de solicitud previa.

También existe la posibilidad de la descarga telemática de las papeletas y la ampliación de los puntos oficiales de depósito de voto. El riesgo que genera más preocupación es que terceros recolecten esas papeletas y voten en nombre de otros. El efecto de esta reforma que eliminó el voto rogado ya quedó patente en las elecciones generales de julio de 2023, donde la participación exterior saltó de inmediato al 10%, registrándose más de 233.000 votos emitidos, aunque no cambió ningún escaño de los que estaban en juego. Solo cinco asientos han pasado de un partido a otro en el período democrático gracias al voto CERA, tal y como recordó Narciso Michavila, presidente de GAD3 en la COPE.

En campañas anteriores en Latinoamérica se han denunciado prácticas según las cuales agentes de partidos políticos locales o «punteros» acudían a los centros de la tercera edad o asociaciones de emigrantes para «ayudar» a rellenar el voto por correo, coaccionando o comprando voluntades aprovechando la falta de fiscalización directa. Un fraude del que también se han conocido casos en España y que obligará a las formaciones a extremar la atención durante la campaña y el día de los comicios.

¿Cómo puede afectar el voto exterior en el reparto de escaños por provincias? La ley electoral no permite que los residentes ausentes en el extranjero voten en una circunscripción propia —como ocurre en Italia o Francia—, sino que votan adscritos de forma obligatoria a la provincia de origen de sus antepasados, lo que convierte las provincias de menor tamaño en «auténticos campos de batalla», a juicio de Freemarket. En las grandes circunscripciones urbanas como Madrid y Barcelona, la inyección de varios miles de votos del exterior se diluye dentro de censos interiores con varios millones de papeletas, por lo que es improbable que altere el reparto de escaños. Sin embargo, el escenario cambia al analizar las provincias pequeñas de la cornisa cantábrica, el interior de Castilla y León o determinadas zonas de Andalucía.

En provincias que reparten entre tres y cinco diputados —caso de Zamora, Ávila, Palencia, Lugo, Orense, Asturias o Huesca—, el último escaño en disputa se dirime habitualmente por márgenes de apenas unos cientos de votos entre los restos de los partidos tradicionales. Si en una provincia interior con un censo local envejecido y decreciente irrumpen de golpe entre 15.000 y 25.000 nuevos electores activos desde el exterior a través de la ley de nietos, el peso específico de un voto emitido en Buenos Aires, Rosario o La Habana pasa a ser matemáticamente superior y más decisivo para adjudicar un escaño que el voto de un residente local.