'Ley de nietos': un certificado emitido por el PSOE vale para acreditar el estatus de exiliado

Un certificado expedido por el PSOE es suficiente para acreditar la condición de exiliado y beneficiarse de la conocida como ley de nietos, una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática. Así lo recoge la polémica Instrucción de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, emitida por Sofía Puente, la hermana del ministro de Transportes, y que amplía con pocos límites los requisitos para obtener la nacionalidad española.

La instrucción de Puente recoge una serie de documentos mediante los cuales los interesados en obtener la nacionalidad española «podrán acreditar la condición de exiliado de su padre, madre, abuelo o abuela». Entre ellos, «certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio».

Hasta ese punto amplía la instrucción de Sofía Puente el derecho a adquirir la nacionalidad a descendientes de españoles nacidos fuera del país, que inicialmente estaba destinado a quienes sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual. Tras esta modificación, «se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955», reza la enmienda. Eso supone que, desde enero de 1956 hasta la entrada en vigor de la Constitución, se debe «acreditar la condición de exiliado» mediante un certificado que podría expedir el PSOE.

Querella contra Puente

Por ello, alegando que se han otorgado «nacionalidades masivas en fraude de ley» con arreglo a esta instrucción, Hazte Oír se ha querellado contra Sofía Puente. La acusación popular en los casos de corrupción que cercan a Pedro Sánchez sostiene que la ley exige probar la causa de la pérdida o renuncia de nacionalidad, mientras que la instrucción exime de esa acreditación y la sustituye por la mera salida del territorio nacional en unas fechas determinadas, por lo que «la instrucción no interpreta la ley; la reescribe».

«Y la reescribe mediante un artificio gramatical que es, por sí mismo, expresión cualificada de la conciencia con que se actúa: para sostener la lectura alternativa de la instrucción, necesita romper la sintaxis del precepto, separar lo que el legislador unió y unir lo que el legislador separó. Esa opción, requerida para llegar al resultado pretendido, acredita el carácter deliberado del apartamiento de la ley», reitera la querella.

Para Hazte Oír, Sofía Puente «amplió ilegalmente» los requisitos para conseguir la nacionalidad española de los descendientes el 25 de octubre de 2022, solo cinco días después de que la Ley de Memoria Democrática se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los letrados de la asociación consideran «materialmente imposible que en cinco días» se elaborase, deliberase, informase, redactase, supervisara y aprobara un texto de 18 páginas con sus directrices interpretativas y sus modelos formularios. Hazte Oír defiende que la instrucción que firmó Sofía Puente se elaboró antes de que se publicase la ley, lo que acreditaría «la decisión de ampliar ilegalmente su contenido» y que se trataría de una «operación planificada» por el Gobierno.

600.000 votantes

¿Cuántos nuevos votantes se están fabricando con arreglo a la ley de nietos? De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, al cerrarse definitivamente el plazo ampliado el 22 de octubre de 2025, la red consular española registró más de 2,4 millones de solicitudes de cita e intenciones formales de adquisición de la nacionalidad. De estas, las oficinas consulares han conseguido catalogar, abrir y validar formalmente más de 1,2 millones de expedientes físicos completos (carpetas que contienen toda la documentación requerida: partidas de nacimiento legalizadas, acreditaciones de exilio o parentesco y formularios oficiales).

En este momento, se han aprobado 545.000 expedientes, y de esa bolsa de aprobados, 310.000 personas ya han completado el trámite definitivo de inscripción en el Registro Civil Consular. Esto es, que si hoy se celebrasen las elecciones generales, 310.000 personas podrían votar gracias a la ley de nietos. De aquí a dentro de un año, cuando en principio se celebran los siguientes comicios, habría alrededor de 600.000 incorporados al censo CERA con pleno derecho al ejercicio del voto.