Giro del PSOE con los saharauis: admite ahora que sean españoles tras la 'ley de nietos'

España está a un paso de saldar una deuda histórica con el pueblo saharaui. Tras año y medio en el cajón, la comisión de Justicia del Congreso desbloqueó el pasado martes la norma que otorgará la nacionalidad española a los ciudadanos de la antigua colonia. Ya solo queda el escollo del Pleno, al que Sumar pretende llevar el texto antes de que finalice julio. La resistencia del PSOE demoró la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que presentó la formación que dirige Yolanda Díaz hace dos años y medio. Los cambios introducidos en el documento original han sido vitales para que los socialistas desencallaran una disputa que les ha provocado tensiones recurrentes con sus socios de Gobierno. El nuevo escenario llega en plena polémica por la ley de nietos.

El texto acordado prevé la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a todos los saharauis que nacieron antes del 11 de agosto de 1977, aunque no tengan residencia legal en España. El día previsto en la iniciativa de Sumar era el 26 de febrero de 1976, pero se ha extendido porque fue en la primera fecha cuando se cerró el plazo para optar a convertirse en españoles. Un derecho que no pudieron ejercer porque Mauritania y Marruecos ocuparon su territorio.

Es una de las siete modificaciones que prevé el texto original, cinco de ellas con el apoyo del PSOE. Las enmiendas señalan que la condición de saharaui nacido bajo la Administración española podrá acreditarse con el DNI, aunque no esté vigente; un recibo de inscripción en el censo de la ONU para el referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental, que nunca llegó a celebrarse por la negativa de Marruecos.

Cambios en el texto

Esa condición también se podrá demostrar mediante un certificado de nacimiento debidamente legalizado, el libro de familia, certificados de escolarización, pensiones de jubilación, permiso de conducir español, certificados médicos o cualquier otro documento expedido por la Administración española. Eso sí, deberán «estar apostillados o legalizados por vía diplomática […] y acompañarse de traducción al castellano».

Las personas que nacieron en el Sahara Occidental cuando era una provincia española dispondrán de un plazo de tres años, ampliable uno más, para presentar la solicitud tras la entrada en vigor de la ley. Tendrán que presentar la solicitud ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del departamento que dirige Félix Bolaños. Deberá contestar en los 12 meses siguientes. También podrán hacerlo por vía telemática, a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia. Es otra de las enmiendas transaccionales que cuenta con el respaldo del PSOE.

Fuentes del Grupo Socialista explican a THE OBJECTIVE que, para impulsar la proposición de ley, han sido «fundamentales» los cambios que se han planteado en el texto. Las mismas fuentes señalan que sus ponentes, los diputados Artemi Rallo, Isaura Leal y David Serrada, han presentado una serie de enmiendas y transaccionales importantes que se han aceptado.

«Tras la negociación, todos los grupos que conforman la mayoría social de la Cámara votaron a favor de incluirlas, permitiendo así que la ponencia sacara adelante un informe definitivo que continúa ahora su trámite parlamentario. Entre esos cambios destacan las fechas para adquirir la nacionalidad por carta de naturaleza, los documentos necesarios o la entrada en vigor de la ley», insiste el PSOE.

Deuda histórica

La ley permitirá que más de 80.000 saharauis se conviertan en españoles: aquellos que vivían en la antigua colonia, pero también sus descendientes en primer grado de consanguinidad, quienes dispondrán de cinco años una vez que sus progenitores se inscriban en el registro civil. Los promotores de la iniciativa señalan que la cifra de beneficiarios podría alcanzar las 200.000 personas, la mayoría residentes en los campamentos de Tinduf, en el desierto de Argelia.

No son las únicas novedades del texto. De cara al futuro, los saharauis podrán acceder por la vía rápida a la nacionalidad por residencia. Les bastará con dos años de residencia legal en España en lugar de los diez que se exigen con carácter general. Esa circunstancia les iguala a iberoamericanos, sefardíes y ciudadanos de Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal.

El Congreso sacó adelante la concesión de la nacionalidad española a los saharauis con la abstención de Junts y el rechazo de Vox y PP. Este último ya presentó hace años otra solicitud al respecto que fue apoyada por todos los grupos de la Cámara baja en diciembre. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subraya que ve «totalmente favorable» esta ley y que «se conceda la nacionalidad española a los saharauis que nacieron bajo administración española». Además, recuerda que la ayuda humanitaria que recibe el campamento de refugiados saharauis en Tinduf se ha multiplicado.

El PSOE logra salvar el escollo de los saharauis en pleno choque político por la llamada ley de nietos. PP y Vox acusan al Gobierno de estar detrás de un proceso opaco y consideran que dicha norma, que en realidad está desarrollada por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, ha relajado los requisitos para acceder a la nacionalidad española. El Ejecutivo reprocha a la oposición que siembre dudas sobre el sistema electoral. Hazte Oír se ha querellado por prevaricación contra la hermana de Óscar Puente, alto cargo del Ministerio de Justicia, por firmar una instrucción que ampliaba los requisitos de forma indiscriminada.

Agravio comparativo

El Gobierno ya se enfrentó hace meses a fuertes críticas tras aprobar el real decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes, al que no pudieron acogerse los saharauis. Los habitantes de la antigua colonia también mostraron su malestar al sentirse agraviados respecto a otros colectivos, como los sefardíes, que años atrás consiguieron ser reconocidos como españoles de pleno derecho pese a que su única vinculación con nuestro país se remonta a cinco siglos atrás.

El real decreto de regularización extraordinaria incluía inicialmente la posibilidad de que los apátridas, entre ellos los saharauis, pudieran acogerse a la medida. Sin embargo, el Consejo de Estado emitió un dictamen en el que recomendaba que el texto «no debe incluir a los solicitantes de apatridia» porque el ordenamiento jurídico ya contiene una regulación específica de su situación. El Frente Polisario y las asociaciones prosaharauis denunciaron un agravio comparativo que les condenaba a ser excluidos de los derechos más básicos.

Los saharauis denunciaron que llevaban años sufriendo el desamparo de España, que, en teoría, continúa siendo la potencia administradora del Sahara Occidental. De hecho, constituyó la provincia número 53 de 1958 a 1976. Sus ciudadanos eran considerados españoles a todos los efectos: disponían de documentos de identidad, estudiaban en colegios españoles, hablaban castellano y algunos servían como funcionarios del Estado. Incluso llegaron a tener representación en las Cortes franquistas. El proceso de descolonización se interrumpió cuando nuestro país lo abandonó tras la Marcha Verde. Marruecos ocupa desde entonces gran parte de su territorio, uno de los 17 no autónomos en el mundo que se encuentran bajo supervisión de la ONU.