El drama de los saharauis contrasta con las ventajas a sefardíes y nietos de republicanos

España vuelve a dar la espalda a los saharauis. Los habitantes de la antigua colonia se sienten agraviados respecto a otros colectivos que han conseguido ser reconocidos como españoles de pleno derecho pese a que su única vinculación con nuestro país se remonta cinco siglos atrás. Es el caso de los 72.297 sefardíes a los que se les ha concedido la nacionalidad. También se ha aprobado la solicitud de 521.297 descendientes de exiliados, especialmente nietos de republicanos. La cifra podría superar los dos millones. La gota que ha colmado el vaso para los saharauis es el recién aprobado real decreto para la regularización extraordinaria, al que tampoco podrán acogerse.

La medida podría beneficiar a más de 500.000 inmigrantes irregulares. Aquellos que solicitaron asilo antes del pasado 1 de enero o quienes se encontraban en España antes de ese día y cumplan los requisitos de trabajo, familia o vulnerabilidad. Sin embargo, la normativa excluye a los apátridas y, por tanto, a los saharauis, que suelen protagonizar casi la totalidad de estas solicitudes. El Gobierno ha explicado que tienen un estatuto específico, pero los ciudadanos de la antigua colonia ven detrás la mano de Marruecos.

El real decreto de regularización extraordinaria incluía inicialmente la posibilidad de que los apátridas pudieran acogerse a la medida. Sin embargo, el Consejo de Estado emitió un dictamen en el que recomendaba que el texto «no debe incluir a los solicitantes de apatridia» porque el ordenamiento jurídico ya contiene una regulación específica de su situación. El Frente Polisario y las asociaciones prosaharauis denuncian un agravio comparativo porque les condena a ser excluidos de los derechos más básicos.

Quejas saharauis

Los saharauis califican la decisión de continuista. Denuncian que llevan años sufriendo el desamparo de España que, en teoría, continúa siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental. El proceso de descolonización se interrumpió cuando nuestro país lo abandonó tras la Marcha Verde. Marruecos ocupa desde entonces gran parte de su territorio, uno de los 17 no autónomos en el mundo que se encuentra bajo supervisión de la ONU. Las tensiones con el reino alauita, señalan, les han condenado al ostracismo.

Cientos de saharauis han reclamado en los últimos años la nacionalidad al ser hijos de españoles: nacieron en una provincia española y sus padres poseían la nacionalidad. También lo han hecho virtud al artículo 17.1.c del Código Civil, que reconoce ese estatus a «los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad». Los tribunales han negado sistemáticamente ese derecho a 74.000 ciudadanos de la antigua colonia a pesar de su especial vinculación con nuestro país.

El Sáhara Occidental constituyó la provincia número 53 de 1958 a 1976. Sus ciudadanos eran considerados españoles a todos los efectos. Disponían de documentos de identidad, estudiaban en colegios españoles, hablaban castellano y algunos servían como funcionarios del Estado. Incluso llegaron a tener representación en las Cortes franquistas.

Todo aquello se deshizo como un azucarillo en un vaso de agua cuando Marruecos, aprovechando la debilidad española, lanzó a miles de civiles sobre el territorio en noviembre de 1975 para reclamar la soberanía de la región. Los acuerdos tripartitos de Madrid les arrebataron una nacionalidad. Hace cinco años, un colectivo emprendió una batalla para recuperarla y contrató al prestigioso bufete Cremades & Calvo Sotelo, que aceptó el caso porque se trataba de un asunto de derechos fundamentales.

Rechazo en el Supremo

«Se presentaron reclamaciones pidiendo la nacionalidad española y todas fueron desestimadas. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que confirma esa situación. A la vista de ese fracaso, el despacho trató de buscar otra alternativa y planteó una proposición de ley. El proyecto sigue detenido en el Congreso», lamentan desde el departamento de Extranjería de Cremades & Calvo Sotelo. Otros expertos consultados por THE OBJECTIVE señalan que el asunto solo tiene una solución política que ven «improbable» por la alargada sombra de Marruecos.

El Supremo dictó jurisprudencia en 2020, cuando estimó un recurso de casación interpuesto por la actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública contra la sentencia de una audiencia provincial que había otorgado la nacionalidad española a una mujer que nació en el Sáhara Occidental en 1973. La sentencia recurrida aplicó el citado artículo 17.1.c del Código Civil. Sin embargo, el Alto tribunal resolvió que los hijos de los saharauis nacidos durante la autoridad española no tienen derecho a conseguir la ansiada nacionalidad.

«España nos abandonó», lamentó a este diario Boucharaya Bahi, presidente del colectivo de saharauis nacidos bajo bandera y administración española que no arroja la toalla. A sus 56 años, recuerda que era un niño cuando los españoles abandonaron su tierra, pero en su memoria permanecen intactos los recuerdos. «Me siento español. Mi padre era intérprete en el juzgado territorial y yo estudié en un colegio español. Mis padres eran españoles, no súbditos».

La situación de los saharauis contrasta con la de otros colectivos. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2015 una ley que otorgaba la posibilidad de obtener la nacionalidad española a los descendientes de los sefardíes, la población judía que abandonó nuestro país tras el edicto promulgado por los Reyes Católicos en 1492. La normativa, de la que se han beneficiado 72.297 personas, estableció un plazo de tres años que finalizó en octubre de 2019 porque el Consejo de Ministros lo prorrogó un año. Fruto de la pandemia, se extendió el plazo para resolver solicitudes hasta septiembre de 2021.

Las leyes de memoria

Otro colectivo que se ha beneficiado de leyes extraordinarias para conseguir la nacionalidad ha sido el de los descendientes de emigrantes. La disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022, otorgaba la posibilidad a los hijos y nietos de exiliados «por razones políticas, ideológicas o de creencia» que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española cubriendo los huecos de la norma promovida tres lustros antes por José Luis Rodríguez Zapatero y que benefició a 503.000 personas.

Esa cantidad podría cuadruplicarse ahora. Según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, hasta febrero se han recibido 1,1 millones de solicitudes para acogerse a la vía extraordinaria abierta por la Ley de Memoria Democrática. Las autoridades han aprobado ya la petición de 521.297 descendientes, aunque solo 292.944 aparecen inscritos. Otras 632.670 siguen pendientes de resolución y solo un 1% han sido rechazadas. Más de un millón de posibles beneficiarios esperan conseguir cita en los consulados.