Otro «coladero» en la regularización: el Gobierno relaja el concepto de «vulnerabilidad»
Un inmigrante podrá regularizar su situación en España alegando sinhogarismo o riesgos psicosociales
Inmigrantes llegando en un cayuco a El Hierro. | EP
El Gobierno de España ha abierto otro «coladero» —en palabras de los expertos— para la regularización masiva de inmigrantes en situación irregular. Se trata del concepto de «vulnerabilidad», que, en el modelo de certificado publicado este viernes, se amplía hasta a doce supuestos algo difusos, tales como «aislamiento social», «situación de sinhogarismo», «carencia de ingresos suficientes», «riesgo de exclusión económica», «dificultad de acceso a empleo», «riesgos psicosociales» y «otros».
La vulnerabilidad es uno de los tres supuestos por los que un inmigrante en situación irregular puede acceder a la regularización masiva aprobada esta semana por el Gobierno de Pedro Sánchez vía real decreto. Los otros dos son haber trabajado en España o demostrar la «intención de trabajar con oferta o declaración responsable», o vivir en España con su unidad familiar (hijos menores, o con discapacidad, o ascendientes de primer grado). De no poder acreditar estas dos situaciones, se abre la vía del certificado de vulnerabilidad, que será convalidado por los servicios sociales o sindicatos adscritos al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz.
Los expertos consultados por THE OBJECTIVE advierten de que esto supone un «coladero» deliberado: «No todo el mundo puede acogerse a los dos supuestos de haber trabajado o tener oferta de trabajo o declaración responsable de haberte dado de alta como autónomo, o tener familia aquí, por lo que meten lo de la vulnerabilidad». En este proceso, además, se ha excluido a la Policía Nacional, y se encargarán de dar el visto bueno entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (Recex), tales como «Cruz Roja o similar»: «Y lo firmarán encantados».
Los supuestos de «vulnerabilidad» son, según los expertos, deliberadamente ambiguos: «Cuando se pide un permiso de residencia extraordinaria por arraigo, que normalmente es como se regulariza la gente que está en situación irregular, hay que acreditar unos ingresos mínimos, que son ridículos, unos 600 al mes, pero en este caso ni siquiera han introducido ese requisito. ¿Qué son ingresos insuficientes? El reglamento no lo ha dicho… ¿Y qué es una vivienda precaria?».
El Ministerio de Saiz arguye que «si el certificado no está sellado, no será válido para el proceso de regularización», pero la clave está en que, según las fuentes consultadas, «nadie sabe cómo hacer el informe de vulnerabilidad», e incluso hay ONG involucradas que tienen una tendencia ideológica muy proclive a la regularización.
Antecedentes
No es el único «coladero» detectado en la regularización masiva aprobada por el Ejecutivo socialista. Miembros de la Policía Nacional, excluidos de funciones clave de la tramitación de los expedientes, advierten de cómo se pueden colar personas con antecedentes penales. En un principio, el Gobierno pretendía que bastara con una declaración responsable de no tener antecedentes penales, pero ha reculado por la presión generada. No obstante, y aquí radica lo problemático, en su afán por que este proceso sea masivo, ampliará los plazos y acudirá, a la hora de pedir esas credenciales, a la vía diplomática para agilizar el proceso.
Esto último implica que si el solicitante no ha conseguido el certificado de antecedentes en un mes, el Gobierno, a través del Ministerio de Presidencia, tratará de recabarlo en tres meses. Si este intento fracasa, el inmigrante dispondrá de otros 15 días para conseguirlo. Aun así, los sindicatos policiales advierten de que una persona puede no contar con antecedentes pese a haber sido detenida recientemente debido a los plazos judiciales, ya que muchos procedimientos tardan meses, e incluso años, en resolverse.
Además, contar con antecedentes policiales no tendrá como consecuencia automática la denegación de la solicitud de regularización para los inmigrantes. Estas tres circunstancias —que hay países de origen con los que no se tiene colaboración y con los que no se puede cruzar antecedentes penales, que los certificados penales pueden tardar años en actualizarse y que no se cribe por los policiales— pueden desembocar en la regularización de delincuentes.
Cifra indeterminada
Otro coladero, o al menos una de las lagunas más criticadas del texto publicado en el Boletín Oficial del Estado, es que no contiene una memoria económica que lo justifique ni una previsión de cuántas personas podrán beneficiarse del decreto. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones habla de «casi medio millón de personas», pero Funcas sube la estimación a 840.000, y los sindicatos policiales estiman más de dos millones de forma indirecta a través de reagrupaciones familiares.
Entre los funcionarios, como adelantó este medio, existe temor por las dificultades del Estado a la hora de detectar y frenar los posibles fraudes. Teniendo en cuenta que sólo hay tres meses (hasta el 30 de junio) para resolver las solicitudes, y que un funcionario puede analizar como mucho 15 expedientes al día, los funcionarios dicen que es «literalmente imposible» tramitarlo todo sin cometer errores o dejar pasar fraudes. Hablan ya, incluso, de un posible «fraude masivo» por la mala calidad —deliberada o no— del real decreto.