Los funcionarios critican el decreto sobre la regularización: «Es malo y favorece el fraude»

Revuelo y preocupación entre los funcionarios tras la publicación del decreto del Gobierno sobre la regularización masiva de inmigrantes. Los funcionarios esperaban el texto del decreto para sacar las primeras conclusiones. Y tras una primera lectura, el balance no es positivo. Las fuentes consultadas en el cuerpo de funcionarios involucrados en procesos similares detectan varias carencias a la hora de abordar el asunto. La disposición, según indican en conversación con THE OBJECTIVE, es «técnicamente mala» y, además, puede estar diseñada de tal manera que acabe «favoreciendo el fraude» en los trámites de regularización.

El Gobierno anunció su apuesta por una regularización masiva de inmigrantes en situación administrativa irregular en enero de este año, pocos días después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, en la que fallecieron 46 personas. En aquel momento, el Gobierno se limitó a dar algunas claves del decreto que tenía pensado aprobar el Consejo de Ministros. El problema, según sostienen fuentes del cuerpo de funcionarios consultadas por este diario, es que en el decreto aprobado el martes y publicado en el BOE el miércoles «no hay una memoria económica» y «no hay una previsión de cuántas personas podrían finalmente beneficiarse del decreto».

Es decir, que el Gobierno ha publicado un decreto en el que no se mide el impacto económico de esta regularización masiva ni el número de posibles solicitantes. En un primer momento, el Ejecutivo mencionó la cifra de 500.000 personas. Pero, como publicó este diario, estos datos se ajustaban a la realidad de España de hace unos cinco años. Uno de los colectivos que promovieron la regularización habló en enero de más de 700.000 posibles beneficiados. Funcas incrementó esa cifra a 800.000. Y el Ministerio de Sanidad llegó a hablar de 1,2 millones, como publicó este miércoles THE OBJECTIVE.

Sin memoria económica

Ante la falta de detalles por parte del Gobierno, el temor entre los funcionarios es que la regularización masiva acabe con miles y miles de fraudes, que el cuerpo de funcionarios del Estado tendría enormes dificultades para detectar y frenar. El mecanismo diseñado por el Ejecutivo plantea que los solicitantes acudan a las oficinas de Correos o que se apoyen en algunas entidades autorizadas para tramitar su solicitud. Acto seguido, la empresa pública Tragsa se encargará de ordenar y digitalizar las peticiones, que pasarían a manos de los funcionarios públicos.

Los trabajadores del Ministerio de Inclusión serían los últimos que, en un plazo de tres meses, deberían confirmar o rechazar la regularización. Pero a diferencia de otras regularizaciones, el Gobierno ha rebajado las exigencias para obtener ese beneficio administrativo. Exige tener un documento que demuestre no tener antecedentes penales, pero no se piden «documentos oficiales» para atestiguar si el solicitante residía en España antes de finales del año pasado. Y en cuanto a los antecedentes policiales, también reina una nebulosa.

Esto significa que, después de obtener un documento consular del país de origen del solicitante sobre sus posibles antecedentes penales, podrá aportar cualquier tipo de «prueba» que demuestre que lleva residiendo en España desde antes del 1 de enero de 2026. El problema es que el funcionario podría encontrarse con documentos espurios, por ejemplo, una factura telefónica, una cita médica o un contrato de alquiler, sin tener la capacidad de saber si ese papel se ha retocado o falseado. Y todo ello, con tan solo tres meses para decidir qué hacer con la solicitud.

¿Cómo evitar las falsificaciones?

La situación podría convertirse en caótica, avisan los funcionarios consultados. Y tampoco se sabe cuántos funcionarios dedicará el Gobierno a esa tarea. El decreto tampoco menciona ese punto. «¿Cuántos expedientes podrá analizar cada día un funcionario? Unos 15, como mucho. Si los solicitantes son un millón o más, esto será literalmente imposible de abordar».

El gran problema a ese respecto es que no existen cifras oficiales sobre la avalancha de solicitudes que puedan tener delante los trabajadores del Ministerio de Inclusión. Comisiones Obreras ya manifestó sus dudas y convocó una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería a partir del próximo 21 de abril (el mismo día en que arrancará la regularización), aunque la ha desconvocado tras una promesa del Ejecutivo de un incremento salarial. CCOO llamaba la atención al Gobierno sobre la carga de trabajo que esto implicará para los trabajadores de Correos, que se encargarán de una parte de la recepción de las solicitudes. El sindicato CSIF también ha denunciado la falta de personal, así como la escasa formación para abordar el proceso.

Estos han sido los dos sindicatos que se han pronunciado oficialmente sobre el asunto, aunque fuentes consultadas en la administración pública aseguran que el estupor y la preocupación son compartidos entre los trabajadores que estarán llamados a resolver los expedientes, sobre todo porque el Gobierno ha excluido también a la Policía del proceso. Una prueba más, sostienen las fuentes consultadas, de que la regularización se convertirá en un «coladero», con la imposibilidad para el Estado de determinar si el inmigrante reside de verdad en España y si cumple con los requisitos oficiales expuestos por el Ejecutivo. Con una incógnita más: ¿cuál será el efecto del silencio administrativo respecto a las peticiones de regularización? El decreto del Gobierno tampoco aclara ese punto.