La trama Leire aceleró la nacionalidad de un alto cargo de Chávez investigado por blanqueo

La trama Leire trató de acelerar la concesión de la nacionalidad española de un viceministro de Hugo Chávez. A petición del abogado Ismael Oliver, Leire Díez intentó conseguir una entrevista con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, o «alguien de su confianza» para tramitar la solicitud de Nervis Villalobos y regularizar sus cuentas bancarias en España. Este diario desconoce si consiguió su propósito. El exdirigente chavista estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de 3.375 millones de euros de la petrolera estatal PDVSA. El caso fue archivado el pasado marzo porque la justicia venezolana ya había sobreseído el asunto.

La causa fue instruida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El mismo que ha imputado a Oliver por, presuntamente, cobrar 27.225 euros como miembro de una trama liderada por Leire Díez que tenía el «propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno».

El auto de Pedraz al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE señala que la trama buscó la ayuda de Villalobos, cliente de Oliver, para esta campaña de ataque a jueces y fiscales iniciada en abril de 2024, en los días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Leire Díez se reunió en la madrileña calle de Ferraz con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al que el magistrado acusa de facilitar «la estructura del partido» para conseguir sus objetivos.

Los contactos de Leire Díez

Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica de Chávez entre 2002 y 2007, estaba investigado en otras causas (Duro Felguera y Columbus) en la que actuaba como fiscal José Grinda. «En defensa de sus intereses particulares, intentó condicionar la actuación del fiscal utilizando el testimonio de una mujer que mantenía un pleito vivo contra él» desde que era menor de edad, subraya Pedraz. En el marco de esa colaboración entre Leire Díez, Villalobos y su abogado, se habría propuesto que el representante del Ministerio Público recibiera 300.000 euros por pedir que archivara los procedimientos, un extremo que niega su entorno.

A cambio, a petición de Oliver, Leire Díez habría intentado que Villalobos lograra «una pronta recuperación de expediente de concesión de nacionalidad española y la titularidad de cuentas bancarias en España valiéndose de sus contactos. La fontanera del PSOE incluso informó al abogado de que el 25 de octubre de 2024 se iba a ver en la sede del PSOE con «el número tres del partido», que en ese momento era Cerdán, y con otra persona que les agradeció el trato mostrado con la joven que mantenía un litigio con Grinda.

A finales de ese año, Leire Díez intercambió diversos escritos con Oliver relativos a la tramitación de la solicitud de nacionalidad española para Villalobos, según el auto. El abogado planteó la cuestión en varias ocasiones a la exmilitante del PSOE durante el año pasado, incluyendo en una de sus conversaciones la petición de una entrevista con el gobernador del Banco de España «o alguien de su confianza». Escrivá fue ministro de Sánchez entre enero de 2020 y septiembre de 2024, primero de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y luego para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Pedraz indica en su auto que, para ayudar al viceministro de Chávez, Leire Díez habría contactado con «Hana», a la que los investigadores identifican con la socialista madrileña Hanna Jalloul, en ese momento eurodiputada por el PSOE. Así se lo hizo saber a Oliver, uno de los imputados este miércoles por el magistrado de la Audiencia Nacional. También investiga al abogado Jacobo Teijelo; a Cerdán, a quien otorga un «papel superior», al exvicepresidente de Andalucía Gaspar Zarrías; y a la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. El juez sostiene que la trama habría cobrado 188.000 euros a través de facturas falsas.

El papel de Escrivá

Como avanzó este diario, Leire Díez mantuvo en 2024 una reunión clave con Villalobos con una finalidad muy concreta: atacar al juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso Begoña Gómez. Fuentes conocedoras del encuentro señalan que la intención es que el viceministro de Chávez accediera a comparecer en la comisión de investigación del Congreso sobre la llamada Operación Cataluña y aprovechara su intervención para denunciar públicamente haber sido víctima de ese magistrado. A cambio, se le prometió un informe que reconocería su supuesta condición de afectado por actuaciones irregulares de las supuestas cloacas del Estado.

La reunión tuvo lugar en la cafetería Starbucks del centro comercial La Moraleja Green de Alcobendas (Madrid). Además de Leire Díez y Villalobos, también participaron el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y Javier Pérez Dolset, conocido por su papel como fundador y máximo accionista de Zed Worldwide. El empresario está imputado en la Audiencia Nacional por fraude de subvenciones, insolvencia punible y por desviar de forma irregular fondos de su empresa. El exdirigente culé conoció al antiguo viceministro de Chávez durante el tiempo que ambos coincidieron en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real. 

Rosell estuvo privado de libertad entre mayo de 2017 y febrero de 2019 por acusaciones graves (como organización criminal y blanqueo de capitales) de las que finalmente fue absuelto por la Audiencia Nacional. Villalobos fue detenido en Madrid en octubre de 2017 tras una orden internacional de arresto emitida por Estados Unidos, que le acusa de participar en una trama de corrupción relacionada con PDVSA. Peinado ordenó entonces su ingreso en prisión provisional, donde permaneció hasta septiembre de 2018.