Zapatero contacta con países árabes para conseguir los papeles que justifiquen sus joyas

José Luis Rodríguez Zapatero busca ganar tiempo. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el expresidente del Gobierno ha activado en los últimos días una ronda de contactos con varios países árabes con el objetivo de obtener documentación que permita acreditar que las joyas intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) fueron entregadas como regalos y no constituyen patrimonio de origen desconocido.

La maniobra se produjo a escasos días de su citación judicial en la Audiencia Nacional. Tal y como adelantó este periódico el pasado lunes, la intención inicial del expresidente era comparecer este miércoles ante el magistrado José Luis Calama aportando certificados, cartas o documentos oficiales que acreditaran el origen de las piezas de lujo halladas durante la investigación. Sin embargo, las dificultades para conseguir esa documentación en plazo han alterado los planes de su defensa.

Fuentes conocedoras del procedimiento explican que el retraso en la obtención de esos documentos ha llevado a Zapatero a solicitar que su declaración se limite al rescate de la aerolínea Plus Ultra, dejando para más adelante las explicaciones relativas a las joyas. La petición coincide con las gestiones que continúan abiertas en varios países de Oriente Próximo para tratar de obtener una cobertura documental que respalde la versión mantenida por el expresidente.

Zapatero no aclara a su círculo cuándo recibió las joyas

La cuestión no es menor. Las piezas intervenidas constituyen uno de los elementos más delicados de la investigación porque, hasta la fecha, no existe una trazabilidad documental que permita determinar cuándo fueron recibidas, quién las entregó y bajo qué circunstancias llegaron a manos de Zapatero. Precisamente ahí reside uno de los principales interrogantes del caso. El expresidente no ha aclarado todavía a las personas de su entorno más próximo si esos obsequios fueron recibidos durante los años en los que ocupó el Palacio de La Moncloa o si llegaron posteriormente, una vez abandonada la Presidencia del Gobierno. La diferencia resulta jurídicamente relevante porque, en cualquiera de los dos escenarios, la legislación española establece mecanismos de control sobre los regalos de alto valor vinculados a la actividad institucional de cargos públicos y antiguos responsables del Ejecutivo.

Las normas vigentes desde hace años persiguen evitar que objetos de especial relevancia económica o simbólica pasen al patrimonio privado de quienes desempeñan responsabilidades públicas. Por ello, cuando un regalo trasciende la mera cortesía protocolaria, su incorporación al patrimonio estatal constituye la regla general. Incluso cuando los obsequios son recibidos por un expresidente en el ejercicio de funciones de representación o mediación institucional, la procedencia y el tratamiento patrimonial de esos bienes deben quedar debidamente documentados. La investigación analiza ahora si las joyas siguieron ese recorrido administrativo o si, por el contrario, permanecieron fuera de cualquier registro oficial durante años.

La controversia encuentra además su origen en una normativa que comenzó a desarrollarse precisamente durante el mandato de Zapatero. En 2005, el Consejo de Ministros aprobó el Código de Buen Gobierno aplicable a los miembros del Ejecutivo y a los altos cargos de la Administración General del Estado. Aquel texto introdujo por primera vez criterios concretos sobre la aceptación de regalos, estableciendo que los responsables públicos debían mantenerse al margen de cualquier beneficio que pudiera comprometer su independencia o generar conflictos de interés.

La filosofía de esa regulación era sencilla: los presentes de escaso valor podían considerarse gestos protocolarios, pero aquellos con una relevancia económica o institucional significativa debían quedar bajo control público e integrarse en el patrimonio de la Administración. El objetivo era impedir que las relaciones diplomáticas o institucionales derivaran en beneficios particulares para quienes ejercían responsabilidades políticas.

Ese criterio no solo se mantuvo con el paso de los años, sino que fue reforzado por reformas posteriores. Las leyes de transparencia y de regulación del alto cargo endurecieron los mecanismos de control y consolidaron la obligación de identificar el origen de cualquier obsequio relevante recibido en el ejercicio de funciones públicas. Como consecuencia, objetos de lujo, relojes exclusivos, joyas y piezas de elevado valor económico deben quedar sujetos a procedimientos de inventario y supervisión administrativa, mientras que únicamente los regalos de carácter simbólico o valor reducido pueden conservarse de forma particular.

La falta de documentación sobre las joyas es precisamente lo que ha encendido las alarmas de los investigadores. Según las pesquisas incorporadas al procedimiento, las piezas carecen por ahora de una cadena documental que permita acreditar su origen, lo que impide descartar irregularidades de carácter fiscal o patrimonial. El juez instructor considera que la existencia de bienes de elevado valor sin respaldo documental constituye un indicio que merece ser analizado, especialmente cuando su adquisición, recepción o introducción en España pudo generar obligaciones tributarias que no hayan sido correctamente atendidas.

Falsedad documental

En este contexto, las fechas se han convertido en el elemento clave de la estrategia defensiva. Si los documentos que Zapatero intenta obtener acreditaran que las joyas fueron entregadas hace más de cinco años, una eventual investigación por contrabando podría encontrarse ya prescrita. Lo mismo ocurriría con un posible delito contra la Hacienda Pública en su modalidad ordinaria, cuyo plazo de prescripción es de cinco años, aunque este puede ampliarse en determinados supuestos agravados.

Por ese motivo, los investigadores observan con especial interés no solo el contenido de los certificados que puedan llegar desde Oriente Próximo, sino también la fecha de emisión de los mismos y las circunstancias en las que fueron elaborados. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico señalan que cualquier documentación confeccionada expresamente para justificar ahora hechos ocurridos años atrás estaría sometida a un examen judicial. La situación podría incluso complicarse si se acreditara que algunos de esos documentos fueron elaborados con posterioridad a los hechos o contienen información inexacta. En tal supuesto, la controversia dejaría de centrarse exclusivamente en el origen de las joyas para extenderse al terreno de una eventual falsedad documental.

Viaje de Zapatero a Arabia Saudí

Las gestiones desplegadas por Zapatero en países árabes adquieren además una relevancia especial por el contexto en el que se producen. El expresidente viajó a Arabia Saudí en plena investigación policial sobre el rescate de Plus Ultra, apenas unos días después de que la UDEF detectara en ese país movimientos financieros relacionados con los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno a la aerolínea. Ese episodio aparece conectado con una investigación internacional mucho más amplia. El origen de la causa se encuentra en una serie de comunicaciones interceptadas entre el empresario Felipe Baca y el broker venezolano Danilo Díazgranados, ambos residentes en Madrid. La información recopilada por las autoridades francesas permitió seguir la pista de una presunta red dedicada al tráfico ilegal de oro y al blanqueo de fondos vinculados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa impulsado por el chavismo para distribuir alimentos básicos en Venezuela.

A medida que avanzaban las pesquisas, los investigadores franceses fueron encontrando referencias a operaciones financieras, movimientos de metales preciosos y transacciones internacionales que terminaron situando a Zapatero en el foco de la investigación. El juez José Luis Calama sostiene en distintas resoluciones que el expresidente habría tenido una participación relevante en operaciones relacionadas con petróleo, oro, acciones y divisas. La documentación remitida por las autoridades galas también recoge conversaciones en las que Díazgranados hablaba de la necesidad de canalizar importantes cantidades de efectivo procedentes de Venezuela. Ese material fue determinante para que la Fiscalía Anticorrupción y posteriormente la UDEF ampliaran el alcance de sus pesquisas.

Uno de los episodios que más llamó la atención de los investigadores se produjo en julio de 2020. Según un informe policial incorporado al sumario y consultado por THE OBJECTIVE, un individuo identificado como Miguel Córdoba remitió a Felipe Baca una captura de un correo electrónico dirigido a Rodolfo Reyes, antiguo propietario de Plus Ultra. En ese mensaje, un directivo de Coyne Airways, compañía con sede en Londres y operaciones en Dubái, solicitaba presupuesto para transportar entre cinco y ocho toneladas de oro desde Caracas hasta Emiratos Árabes Unidos.

Ahora, mientras la investigación avanza y la Audiencia Nacional sigue reuniendo pruebas, el foco vuelve a situarse sobre unas joyas cuyo origen continúa sin aclararse. Los documentos que Zapatero intenta conseguir en países árabes podrían convertirse en la pieza que sostenga su defensa o, por el contrario, abrir nuevas incógnitas sobre una de las derivadas más comprometedoras de la causa.