Más allá de toda duda razonable

En junio se han cumplido ocho años desde que Pedro Sánchez llegó al poder con aquella moción de censura furibunda que le presentaba como el superhéroe predestinado a librar a España de la corrupción. En 2026 el anillo concéntrico de acusaciones de corrupción en torno al entorno de Pedro Sánchez y su Gobierno es tan denso y enmarañado que el Partido Popular ha publicado una web específica para que la ciudadanía española pueda comprender el laberinto financiero sanchista.

Nadie piense que estamos ante la confluencia fatídica de unos cuantos políticos deshonestos que reciben un par de sobres con comisiones, sobornos o dinero negro. Esa es la corrupción estándar. En comparación con lo que está pasando en España bajo el sanchismo, ese paisanaje se nos antoja casi entrañable. Estamos ante algo radicalmente diferente. Lo que parecen estar destapando los investigadores del sanchismo es un complot gestionado desde el PSOE y efectuado por apparatchiks y burócratas socialistas para manipular a los fiscales, los jueces, la policía y la prensa española.

El objetivo de esta urdimbre sería la cooptación del Estado español, de manera que los organismos públicos no funcionen como entes democráticos independientes, sino como tentáculos del actual Ejecutivo. En una primera fase, la intención habría sido bloquear los dosieres y expedientes perjudiciales para el Gobierno y el Partido Socialista. A partir de ahí, el partido de la izquierda nacional española, cuyas campañas de publicidad juraban haber traído la democracia a nuestro país, estaría maniobrando para provocar su abrupto final.

En la era digital, como no podía ser de otra manera, las pruebas de quienes acusan al Gobierno son extraordinarias en su nivel de detalle. Pero el centro neurálgico de Moncloa resiste, tan omnipresente como incólume. ¿Es posible algo semejante? Diríase que un país occidental miembro de la Unión Europea, con una constitución moderna y una prensa libre, tiene intrínsecamente una batería de mecanismos para frenar de raíz estas distopías bananeras.

De hecho, resulta que no. La arquitectura política española es una obra maestra de la ingeniería antigolpista, diseñada para impedir levantamientos militares y regresos violentos al temido franquismo. Pero carece de los mecanismos democráticos básicos para impedir que un gobierno colonice despacio —de manera legal y a plena luz del sol— las instituciones creadas para vigilarlo. Por eso estaríamos asistiendo desde hace largos meses, según indican las investigaciones correspondientes, a la peor pesadilla de una democracia: el rapto de todos los organismos de autocontrol, secuestrados por un poder político puntual. Así es como desaparece la separación de poderes, y con ella, por el mismo desagüe, la democracia española que tanto costó implantar tras la dictadura franquista.

«En España nada resulta nunca lo suficientemente crítico o grave como para obligar a alguien a soltar un cargo público»

¿Y este defecto estructural lo comparten todas las democracias occidentales? De hecho, la diferencia es colosal. Veamos un ejemplo de este mismo año. Cuando los archivos del caso Epstein se hicieron públicos a principios de 2026, en Europa y en Estados Unidos hubo una cascada meteórica de dimisiones. En Reino Unido, unos pagos inexplicables bastaron para que Peter Mandelson dimitiera de la Cámara de los Lores y perdiera su puesto de embajador en Estados Unidos. El jefe de gabinete del primer ministro Keir Starmer, Morgan McSweeney, renunció asumiendo «toda la responsabilidad» del nombramiento inapropiado de Mandelson. Y por su amistad con el pederasta estadounidense, el príncipe Andrés fue detenido y velozmente despojado de sus títulos nobiliarios.

Por el mismo motivo, en Noruega dimitieron la embajadora en Jordania y un exministro que era presidente del Foro de Davos, desencadenando una investigación que involucró a un exprimer ministro, mientras que la princesa heredera emitió una disculpa pública sin precedentes. El asesor de seguridad nacional de Eslovaquia, Miroslav Lajčák, dimitió por un intercambio de emails sobre la belleza de las mujeres ucranianas. La presidenta del ACNUR de Suecia dimitió después de que su nombre apareciera en los archivos del caso. En Francia el exministro Jack Lang renunció a su puestazo público al frente del Instituto del Mundo Árabe. En Estados Unidos han dimitido ya, según el New York Times, una veintena de altos cargos del mundo académico, financiero, político y judicial.

Compárese esto con España, donde nada resulta nunca lo suficientemente crítico o grave como para obligar a alguien a soltar un cargo público. Las primeras sospechas judiciales sobre el Gobierno de Pedro Sánchez se formalizaron hace cinco años, en marzo de 2022, cuando el Partido Popular denunció irregularidades en contratos de emergencias sanitarias relacionadas con la pandemia. Desde entonces hasta ahora, esos indicios han ido tejiendo un ovillo de investigaciones judiciales en torno al actual gobierno.

Según la web bautizada por el PP La Trama PSOE, en estos momentos hay 15 causas judiciales abiertas y 94 investigados por una veintena de delitos que incluyen la organización criminal, el fraude fiscal, el blanqueo de capitales, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, la prevaricación administrativa, la revelación de secretos, la estafa, la apropiación indebida, la corrupción en los negocios y el contrabando. A esto se suman los hechos palpables de un condenado, 17 procesados y 76 imputados en instrucción.

Sin embargo, podemos contar con los dedos de una mano las personas que han ido a la cárcel en relación con estos hechos. Dimisiones por motivos económicos irregulares ha habido una: la del entonces ministro de Cultura, Maxim Huerta, allá por junio de 2018. Y hace unos días nos ha asombrado la renuncia al cargo del Interventor General de la Junta de Andalucía, supuestamente por aparecer sus siglas en los apuntes de la conseguidora Leire Díez —la presunta mano ejecutora de la trama socialista— que se pasea por España tan campante. Viene a la cabeza la frase aquella que llegó a decir un exministro de los tiempos de Adolfo Suárez: «Si hubiéramos sabido que el PSOE iba a empezar a robar desde el primer momento, no hubiéramos hecho la Transición».