Teocracia o cesaropapismo

Tras la visita del Papa. Ahora que han pasado ya la exaltación y el éxtasis, conviene aplicar la inteligencia. Una vez que ha terminado la representación y el teatro, quizás sea el momento de un análisis sosegado, no tanto de los actos en sí mismos, y mucho menos de la reacción popular, por supuesto de los creyentes o entusiastas, ni tampoco de los conducidos por una sana curiosidad o por el contagio de una atmósfera emotiva surgida de modo espontáneo o creada de forma consciente. Todo ello es muy respetable.

La cuestión que me parece adecuado plantear es el impacto que todos estos hechos pueden tener en la política española y, en cierta medida, en la reacción de los altos cargos del Estado y de las administraciones autonómicas. En concreto, considero que es esencial analizar el acto celebrado en las Cortes Españolas, por los equívocos a que haya podido dar lugar.

El discurso de León XIV en el Congreso gozó de una gran altura intelectual, muy apropiado para haberse formulado en el Bernabéu, en Cibeles, en la Sagrada Familia o en todos aquellos escenarios en los que se supone que el Papa actuaba en calidad de líder espiritual de una religión y los asistentes como miembros o al menos simpatizantes de una iglesia o de una doctrina, pero no en el Parlamento de una nación soberana cuyos integrantes solo deben estar sometidos a la Constitución y a las leyes, y en el que el invitado interviene como jefe de Estado, que se dirige a un país amigo y, por lo tanto, con los buenos modos diplomáticos.

El discurso comenzó mal, prestándose a equívocos: «Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica, consciente de que la misión confiada al sucesor del apóstol Pedro como principio y fundamento de la unidad de los obispos y de los fieles (cf. Lumen gentium, 23) coloca a la Santa Sede, de modo peculiar, en diálogo con los pueblos y con los Estados». Y aunque afirma respetar la misión propia de las instituciones y reconocer «la autonomía de las realidades terrenas» y «la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política»; en seguida, a lo largo de toda su intervención, crea un mundo transcendental de valores, identificados con la doctrina de una determinada iglesia y al que toda sociedad debe supeditarse. En definitiva, tiene un cierto tufillo a una teoría social que ha dominado casi toda la historia de Occidente hasta el liberalismo.

La paz constantiniana, por una parte, y, por otra, la obra literaria y pastoral de san Agustín, constituyeron los cimientos de un edificio que, al menos en el mundo occidental, llega casi a nuestros días: la identificación ideológica entre el corpus civium y el corpus fidelium, subsumidos ambos en la societas christiana, que se organiza y fundamenta desde arriba. El poder, todo el poder, tanto el eclesiástico como el político, tiene el mismo origen, Dios.

«El poder, sí, provenía de Dios, pero no directamente a los reyes o a los príncipes, sino a través de la Iglesia»

A lo largo de toda la Edad Media, el equilibrio entre las dos caras de este poder bifronte se reveló bastante inestable, y con demasiada frecuencia entraron en colisión; pero ello obedeció precisamente a que su influjo se desplegaba sobre una misma materia. No existía distinción entre la sociedad política y la comunidad de creyentes. En teoría, la potestad se ejercía desde ángulos distintos, pero no siempre estaba clara su delimitación y tanto la autoridad civil como la eclesiástica reclamaban la hegemonía.

En ocasiones, era la Iglesia la que apelaba al carácter mediático de todo poder secular. El poder, sí, provenía de Dios, pero no directamente a los reyes o a los príncipes, sino a través de la Iglesia, por lo que la supremacía de esta resultaba probada. A su vez, el poder civil no se resignaba a inhibirse en los asuntos religiosos: nombramientos de obispos, abades y demás beneficios canónicos.

Al margen de luchas y controversias por las cuotas de poder, lo que todos admitían era la identificación entre la sociedad civil y la comunidad de fieles y la supeditación de la primera a la segunda. Teocracia o cesaropapismo no modificaban sustancialmente la realidad. En cualquier caso, la razón estaba supeditada a la fe y la filosofía se definía como ancilla theologiae. Tan solo con el Renacimiento se inició el cambio de estos esquemas sociales. La admiración por la cultura secular helenista y el giro hacia un pensamiento antropocéntrico sentaron las bases de modificaciones sociales profundas. El último intento de imperio universal cristiano fue el del primero de los Austrias y sus sueños terminaron en Yuste, tras constatar que la división del cristianismo se extendía por toda Europa. Los tiempos ya estaban cambiando.

Sin embargo, la Reforma protestante no significó la secularización de la sociedad. Lutero se arrojó muy pronto a los brazos de los príncipes alemanes, abandonando a su suerte a los campesinos sublevados. El principio establecido en la dieta de Augsburgo, cuius regio, eius religio, significaba trasladar el cesaropapismo imperial al ámbito de cada nación o Estado y abrir la compuerta para que las guerras de religión asolasen Europa durante siglos.

«El Estado liberal resulta radicalmente incompatible con el Estado confesional»

Habría que esperar a la Ilustración, y más concretamente al liberalismo, para que, bien desde pensadores católicos como Locke o agnósticos como Hume, se pusieran las bases del Estado moderno y se estableciera el divorcio entre sociedad política y comunidad de creyentes. Se precisaba primero secularizar el poder y negar su origen divino. La soberanía radica en el pueblo, y la existencia del Estado y del gobierno viene exigida tan solo por la necesidad que tienen los hombres de organizar su convivencia, y para conseguir este fin de la mejor manera posible deben encaminarse las leyes que regulen su funcionamiento: división de poderes, imperio de la mayoría, respeto de la minoría, igualdad ante la ley y desaparición, por tanto, de todo privilegio o situación de primacía.

El Estado liberal resulta radicalmente incompatible con el Estado confesional. Sociedad política y confesión religiosa pertenecen a mundos distintos; la primera pertenece al ámbito de lo público, de lo coactivo. Nadie puede desentenderse de las leyes civiles y a todos obligan por igual; por lo que estas deberán tender al mínimo, únicamente aquellas imprescindibles para la convivencia. Las confesiones religiosas, por el contrario, pertenecen al ámbito de lo privado (lo que no quiere decir individual), al ámbito de la voluntariedad; no se obliga a nadie a pertenecer a una determinada iglesia, ni a seguir su doctrina y mandamientos. Las iglesias pretenden estar en posesión de la verdad; mientras que el Estado liberal no sabe de verdades, sino de opiniones, de la opinión de la mayoría.

Con frecuencia se ha criticado aquella frase de Azaña: «España ha dejado de ser católica». Se la ha puesto como ejemplo de un fanatismo cándido y voluntarista que cree poder moldear la realidad social a su antojo y conveniencia; pero aquel político español estaba muy lejos del dogmatismo y de la simplicidad, tan lejos como cerca de ellos están los que dan un sentido a la frase que Azaña nunca pretendió.

El entonces presidente del Gobierno de la II República sabía que las creencias de una sociedad no se modifican a base de decretos y que el oscurantismo sembrado durante siglos estaba fuertemente enraizado en la cultura popular y en la mente de la mayoría de los españoles. El cambio solo sería posible después de largo tiempo, tras un incremento considerable del desarrollo y, sobre todo, del nivel cultural de los ciudadanos.

«En la práctica subsisten aún muchos vestigios de la antigua unión entre Iglesia y Estado»

El sentido de la frase de Azaña, por supuesto, era otro. Evidenciaba tan solo que la Constitución de la Segunda República española debía acabar con siglos de un maridaje espurio entre la Iglesia y el Estado. Se pretendía romper la identificación artera entre el corpus civium y el corpus fidelium, que la jerarquía eclesial había procurado siempre mantener. Era el Estado español el que había dejado de ser católico para convertirse en laico, aconfesional, ya que la religión, cualquier religión, también la católica, constituía exclusivamente un asunto de conciencia de cada ciudadano. De este modo se adoptaban —eso sí, por primera vez en nuestro país— los presupuestos del Estado liberal, que resultan totalmente incompatibles con el Estado confesional.

Si bien ese Estado aconfesional llegó muy tarde a España, también duró muy poco tiempo. El golpe de Estado y la dictadura lo interrumpieron para retornar a un maridaje espurio entre la Iglesia y el Estado, lo que se llamó el nacionalcatolicismo. En la Transición se aceptó, sí, el principio de la aconfesionalidad, ya que el Estado social consagrado en la Constitución –superación del Estado liberal, pero heredero de sus principios democráticos– resultaba incompatible con cualquier otro planteamiento. Pero en la práctica subsisten aún muchos vestigios de la antigua unión entre Iglesia y Estado.

Quizás el más importante, la pretensión nunca abandonada por la jerarquía eclesiástica de convertir sus preceptos morales en ley general y obligatoria, impuesta coactivamente por el Estado. Suplantar, en definitiva, la voluntad mayoritaria de una sociedad democrática, expresada por sus mecanismos constitucionales, por el código de conducta interno de una confesión organizada –hay que decirlo– de forma autocrática y carente de cualquier mecanismo democrático. Todo el respeto para los que voluntariamente acepten tal jerarquía y principios, pero que no intenten usar el Estado para imponerlos. Afirmar que el Estado no es confesional pero la sociedad sí constituye una falacia. La sociedad siempre es plural, heterogénea, informe, sin límites, portadora de antinomias y contradicciones; como totalidad únicamente se manifiesta mediante el juego de las mayorías y minorías en el Estado

En la actualidad, parece que el 77% de los españoles se declaran católicos, pero no llegan al 15%, por ejemplo, los que acuden a misa los domingos, práctica considerada siempre como mínima dentro de los preceptos católicos. Sería sumamente ilustrativo conocer el porcentaje que sigue la doctrina de la Iglesia en materia sexual y de planificación familiar.

«Habrá que recordar las múltiples ocasiones en que la Iglesia a lo largo de esos 2.000 años de existencia ha ido en contra de la razón»

León XIV en su discurso en las Cortes habló de la dignidad de la persona humana y de la verdad del hombre en un sentido unívoco, al que se llega por dos caminos que convergen. La razón humana debe alcanzar la misma meta de la fe cristiana. Pero la razón es histórica, que diría Ortega, y lo que en una época aparece como irracional en otra tiene total explicación. La antropología nos enseña que no hay ni un solo precepto (ni siquiera la condena de la endogamia) que sea universal en todas las culturas.

Pero es que, además, si en algún ámbito se aceptan realidades, hechos y aseveraciones que se oponen y contradicen a la razón ese es el religioso. «Locura para los gentiles». Habrá que recordar las múltiples ocasiones en que la Iglesia a lo largo de esos 2.000 años de existencia ha ido en contra de la razón y de la ciencia. ¿Acaso hemos olvidado a Galileo?

Sánchez Albornoz, en su obra España, un enigma histórico, relata una anécdota bastante elocuente. A Felipe III (espero no equivocarme de rey) se le propuso canalizar el Tajo. Su católica majestad nombró una comisión de teólogos para que dictaminase el proyecto. Este fue negativo y su argumentación, muy simple: si Dios hubiese querido que estuviese canalizado lo hubiese creado así. Realizar tal proyecto significaría cambiar el curso natural de las cosas y modificar la obra de Dios. El Tajo no se canalizó.

Lo malo es que argumentos parecidos se han continuado empleando más adelante. La encíclica Humanae Vitae emplea un razonamiento idéntico para oponerse al control de la natalidad. La Iglesia, hoy en día, continúa manteniendo actitudes y principios que chocan contra los valores modernos de libertad, democracia e igualdad. Pero a todo ello poco tendríamos que objetar desde una sociedad plural y tolerante, si la Iglesia se mantuviese en sus coordenadas. El problema surge cuando, añorando tiempos antiguos, pretende imponer antidemocráticamente sus esquemas a toda la sociedad.

«La mayoría de los políticos han utilizado las palabras del pontífice como arma arrojadiza en contra del adversario»

Es por eso por lo que resulta tan peligroso todo acto o comportamiento que se preste a malas interpretaciones y a la creencia de que el poder civil necesita someterse de alguna forma al poder eclesial. El comportamiento en estos días de nuestros políticos ha sido en extremo confuso, y resbaladizo, parecían necesitar la sanción papal para defender sus ideas. La mayoría de ellos, por no decir la totalidad, de izquierdas o de derechas, han utilizado las palabras del pontífice como arma arrojadiza en contra del adversario.

Al igual que Carlomagno ante León III en la Navidad del año 800, algunos de nuestros políticos parecían dispuestos a arrodillarse frente a su sucesor, León XIV, para que legitimase su potestas y su auctoritas. El precedente es grave y las consecuencias pueden serlo más.

Una cosa es la cortesía y la diplomacia, incluso la cordialidad y el afecto, y otra muy distinta el servilismo, que cuando quien lo practica es representante de la soberanía popular deja en un triste papel a quienes representa. En algunos casos, se llega al ridículo, como el ministro Puente susurrando a León XIV que es agustino, o el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, afirmando que se siente cómodo, muy cómodo, con su militancia política siendo católico practicante. Supongo que se refería a la época en la que, ocupando la cartera de Sanidad, propuso la ley de eutanasia. Está claro que la coherencia no es la principal característica del sanchismo.