La economía recomendada del sanchismo

Hace cinco años, no conocíamos los tejemanejes de Ábalos, ni de Koldo ni de Cerdán, aunque quizás algunas personas más enteradas pudiesen tener sospechas. Tampoco sabíamos que Rodríguez Zapatero había constituido presuntamente una red para el tráfico de influencias, aunque su nombre aparecía ya unido al affaire en el aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez, y se conocían sus múltiples viajes a Venezuela y su inclinación por el régimen de Maduro. Pero de lo que sí éramos perfectamente conscientes era de que el rescate de Plus Ultra constituía un escándalo y carecía de justificación, y que solo un Gobierno que tiene como máxima la falta de transparencia se hubiese atrevido a llevarlo a cabo.

No adivinábamos qué era (o quién era) lo que estaba detrás de ello. Pero evidentemente tenía que ser algo sucio, ya fuese desde el punto de vista económico o político. El rescate técnicamente no había por dónde cogerlo. El 8 de abril de 2021 escribí un artículo en republica.com, digital hoy ya desaparecido, pero quien quiera puede consultarlo en mi página web.

En él (hace cinco años) señalaba ya que Plus Ultra no cumplía ninguna de las condiciones establecidas para recibir la aportación. No era una empresa estratégica, estaba muy lejos de ser viable, no estaba acreditado que fuese española y el hecho de que sus principales accionistas estuviesen emparentados con la cúpula de la dictadura venezolana daba lugar a todo tipo de sospechas acerca de la objetividad en la concesión.

En el caso de Plus Ultra, la SEPI recurrió a tres informes que etiquetó de independientes. El primero, de la auditora Deloitte, que, tras el penoso papel que las auditorías privadas jugaron en la pasada crisis bancaria, infundía poca tranquilidad. El segundo, el de una compañía casi desconocida que se definía como consultora y a la vez banco de inversiones, regida por un antiguo cargo socialista, León Benelbas, y buen ejemplo de puertas giratorias, que no ofrecía mucha garantía ni de competencia ni de objetividad. Y, por último, el de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Transportes, cuyo titular era Ábalos. Con tales informes, el consejo rector de la SEPI dio el visto bueno y elevó la propuesta al Consejo de Ministros, que concedió finalmente la ayuda de 53 millones de euros. Hay que preguntarse si la decisión se debió a los informes o si más bien los informes fueron elaborados a la carta, en función de una decisión previamente adoptada.

Los defensores de la concesión fundamentaban la condición de nacional de Plus Ultra en el hecho de que la esposa de uno de los dueños venezolanos tenía la nacionalidad española. Como se ve, un argumento convincente. Aunque más difícil era aceptar que fuese estratégica, cuando hemos privatizado Iberia y cuando el nicho de mercado de Plus Ultra era muy pequeño y, en el caso de quedar vacío, susceptible de ser ocupado inmediatamente por otra compañía.

«Todo el patrimonio de Plus Ultra se reducía a un avión en propiedad, ya que el resto los tenía en alquiler»

Plus Ultra nunca ha dado beneficios y su patrimonio neto ha sido casi permanentemente negativo. Incluso, en 2017 estaba en situación de concurso de acreedores, de la que según parece se libró mediante un préstamo participativo de origen muy dudoso concedido por Panacorp, un banco panameño rodeado del oscurantismo propio de un paraíso fiscal. Lo cierto es que todo el patrimonio de Plus Ultra se reducía a un avión en propiedad, ya que el resto los tenía en alquiler.

El artículo citado anteriormente y escrito hace cinco años lo titulé Economía recomendada, puesto que el rescate de Plus Ultra me hizo recordar lo que, en tiempos de la dictadura, se preguntaba un viejo profesor de Economía: ¿Qué tipo de economía era la del régimen franquista? Y con cierta gracia se respondía a sí mismo: ¿liberal?, no, porque la intervención estatal era muy elevada; ¿socialista?, tampoco, desde luego. Al final la definía como una economía recomendada, ya que eran los intereses privados y la capacidad que se tuviera para influir en el régimen los que la movían.

Por eso, al lado de empresas como Tabacalera, Campsa, Iberia, Telefónica, etc., con pingües beneficios y que contribuían con ingresos saneados a la hacienda pública, se fueron acumulando muchas de las empresas privadas que ya no eran rentables, pero  cuyos dueños poseían suficiente poder con el régimen para conseguir que el sector público se hiciese cargo de sus pérdidas; de manera que poco a poco este se fue convirtiendo en el estercolero del sector privado. La pregunta es si en los últimos años en España no nos estamos adentrando paradójicamente por el mismo camino por el que transitó el franquismo y estamos cayendo en una especie de economía recomendada.

El escándalo de Plus Ultra pone en cuestión todo el fondo de ayudas a las empresas canalizado por la SEPI y suscita al mismo tiempo múltiples interrogantes. Quizás la primera pregunta sea cómo encaja en la misma corporación la doble condición de nacional y estratégica. Creíamos que, después de privatizar a las grandes empresas del país, ya no quedaban empresas nacionales que se puedan llamar estratégicas. ¿Cómo calificar de nacional a una empresa privada? ¿Acaso es suficiente que los accionistas tengan la nacionalidad española? En presencia de la libre circulación de capitales, los accionistas cambian y no hay nada que garantice que la participación del dominio en las empresas permanezca. La línea divisoria a menudo es muy tenue y difícil de reconocer.

«El problema de solvencia trasciende el caso de Plus Ultra para cuestionar gran parte de las ayudas que la SEPI ha concedido»

Nos venían diciendo que ya no existían empresas nacionales, que todas eran europeas o internacionales. Bien es verdad que lo mismo nos dijeron sobre los bancos y es claro que, a la hora de la verdad, cada país continúa asumiendo las pérdidas de sus entidades financieras. La UE, aplicando uno de sus principales dogmas, la libre competencia, prohíbe toda ayuda de Estado, precepto cuyo cumplimiento ha exigido con todo rigor a lo largo del tiempo. Pero en Europa todo es relativo y sometido a los intereses de los grandes países, especialmente de Alemania. El país germánico, nada más comenzar la pandemia, sin esperar ninguna autorización de la Comisión, se lanzó en apoyo de sus grandes empresas. Europa se ha visto en la obligación de autorizar lo que antes prohibía, y muchos países, entre ellos España, comenzaron a conceder ayudas y préstamos.

El problema de solvencia trasciende el caso de Plus Ultra para cuestionar gran parte de las ayudas que la SEPI ha concedido. Existe el peligro de intentar mantener empresas zombis que, sin viabilidad, antes o después, se vean obligadas a cerrar y que sea imposible que el Estado recupere su participación o su préstamo. Pensemos, por ejemplo, en Duro Felguera. Podemos retornar una vez más a una economía recomendada, en la que el sector público empresarial se transforme de nuevo en un cementerio de muertos vivientes. Parece bastante incontestable que el sanchismo ha estado utilizando la pandemia como pretexto y excusa con los que justificar lo que en otras circunstancias nunca hubiera podido realizar. Pero presiento que determinadas empresas, cuyo mejor ejemplo es Plus Ultra, también han utilizado la crisis sanitaria para ocultar una situación económica estructuralmente crítica y su falta de viabilidad con el Covid y sin el Covid.

Pienso que el neoliberalismo, como la socialdemocracia, también se está transmutando. Continúa, sí, arremetiendo contra los impuestos y la presión fiscal. Reniega de la función redistributiva del Estado y de los gastos sociales, pero al mismo tiempo reclama enérgicamente su intervención en la economía para que subvencione a las empresas y estas, igual que garrapatas, se agarran a él como tabla de salvación. Ha desaparecido ese discurso que representaba la piedra angular de la teoría del liberalismo, el de la mano invisible, el de la autonomía del mercado y su capacidad para autorregularse. ¿Qué subsiste de la afirmación de que las crisis tenían un efecto beneficioso porque servían de depurativo, capaz de purgar y limpiar la actividad económica?

El liberalismo, en una especie de darwinismo económico, ha defendido siempre que el mercado y la competencia expulsarían a las empresas no rentables y consolidarían a las viables. De ahí que la UE, construida claramente bajo principios liberales, prohibiera toda ayuda de Estado. ¿Dónde queda ahora todo ello? El liberalismo ha renunciado a parte de su credo. Ha pasado de rechazar el Estado a convertirse en su principal cliente.

«El rescate de Plus Ultra fue aprobado por todo el Ejecutivo»

Parece lógico que aquellos comercios y negocios que se hayan visto obligados a cerrar por una decisión administrativa reciban una compensación pública. Pero no parece igual de razonable que tenga que ser el Estado el que salga en ayuda de empresas dependientes de holdings o de fondos de inversión o en manos de importantes accionistas, cuando sus propios dueños no están dispuestos a capitalizarlas. Si estos no apuestan por su viabilidad, ¿debe hacerlo el Estado para cargar con los desechos del sector privado? Por otra parte, cuando la elección se hace por procedimientos poco transparentes, siempre queda la duda de qué hay detrás, qué intereses están ocultos, cuánto existe de economía recomendada.

Según se van amontonando los indicios en contra de Zapatero, desde Ferraz y desde la Moncloa se lanza la idea de que, en último término, todo este escándalo no tiene por qué afectar al Gobierno de Pedro Sánchez. Se olvidan de que el rescate de Plus Ultra fue aprobado por todo el Ejecutivo, y también de que contribuyeron en el proceso varios ministros para intentar blanquear la operación, operación que, como se ha dicho, resultaba imposible hacer pasar por legítima, pues Plus Ultra no cumplía ninguno de los requisitos y no había razón para rescatarla. Fuese quien fuese quien estuviese detrás, lo cierto es que el tema ya hace cinco años olía a podrido. Y el responsable principal era el Gobierno y cada uno de los que se sentaban en el Consejo de Ministros.