El Supremo condena a Ábalos a 24 años en la primera sentencia por corrupción al sanchismo

El Tribunal Supremo condena a José Luis Ábalos y Koldo García por el caso mascarillas en el primer golpe judicial al sanchismo. Los magistrados han impuesto 24 años y tres meses de prisión al exministro y 19 años y ocho meses a su asesor en el Ministerio de Transportes, ambos en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre. Las penas coinciden con la petición de la Fiscalía: 24 años para el ex secretario de Organización del PSOE y 19 años y medio para su mano derecha. Las acusaciones populares elevaron la cifra a 30 años. El empresario Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, pero la Sala suspende la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos, por lo que evitará la cárcel. 

Los magistrados han hecho público este lunes la sentencia de un juicio que comenzó el pasado 7 de abril. La resolución, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, ha sido adoptada por unanimidad y concluye que Ábalos, Koldo García y Aldama formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción. Estaban acusados de cobrar comisiones ilegales con la adjudicación de mascarillas al inicio de la pandemia. Se le imputaban siete delitos: integración en organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, prevaricación y uso o aprovechamiento de información privilegiada.

La Sala de lo Penal del Supremo condena a Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García a 19 años por delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias. También le impone una multa de 3,7 millones de euros por el uso de información privilegiada. Los magistrados también sancionan con cuatro años y medio a Aldama, pero suspenden la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos a condición de no vuelva a delinquir, presente un informe semestral de actividades y haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

Los delitos de Ábalos

La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, ha asumido el relato del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que durante el proceso sostuvo que los tres acusados formaron una «organización criminal» cuyo objetivo era obtener un beneficio al socaire del cargo que ostentaba Ábalos. El Supremo considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de 13 millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama.

También considera probado la remuneración mensual de 10.000 euros para gastos fijos de Ábalos, la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas (por las que el exministro y su asesor tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente a Ineco y Tragsatec con 34.450 y 9.500 euros respectivamente), el pago del piso a una de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre el comisionista y Ábalos de un piso en Madrid y el arrendamiento de las viviendas de Marbella y La Alcaidesa por sus gestiones a favor de la publicación de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

En cuanto al cumplimiento efectivo de las condenas de cárcel, los magistrados fijan la de Ábalos en 16 años y en 15 la Koldo García. El que no tendrá que ingresar en ella es Aldama, al que le aplican la atenuante analógica de colaboración muy cualificada y suspende la ejecución de su pena por su «aportación realizada al descubrimiento de los delitos».

La empresa beneficiada por la adjudicación de las mascarillas, Soluciones de Gestión, registró una facturación récord de 53,1 millones de euros en 2020 tras haber permanecido prácticamente inactiva y sin ingresos los dos años anteriores. Un pelotazo que logró gracias a los contratos de dos entes vinculados a Transportes, el Ministerio del Interior y los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares, todos controlados por el PSOE. 

Atenuante para Aldama

La Fiscalía defiende que Ábalos acordó la adquisición de mascarillas a cambio de «una indebida compensación económica» a cuenta de Aldama, que reconoció haber obtenido 6,6 millones y que una parte fue para el exministro y su asesor. El Ministerio Público sostiene que el comisionista les habría entregado 10.000 euros mensuales en efectivo. También hubo otras retribuciones, como las estancias en chalés (Marbella y Sotogrande) y un contrato de alquiler con opción a compra de una vivienda en una de las zonas más exclusivas de Madrid que no llegó a materializarse.

Aldama también habría pagado, a través de su socio Alberto Escolano, la renta mensual del piso de Jésica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos. En total, más de 80.000 euros en casi tres años. El exministro también estaba acusado de «promover la contratación» de la joven en dos entes públicos, Ineco y Tragsatec, pese a que nunca «desempeñó tarea alguna» entre 2019 y 2024, periodo en el que cobró casi 44.000 euros. Lo mismo que pasó con el fichaje de Claudia Montes en la empresa pública Logirail.

Los magistrados también han condenado Aldama, que regateará la cárcel. La Fiscalía solicitaba siete años de prisión para él, lo mismo que la acusación popular dirigida por el PP. Sin embargo, esta última decidió en la última jornada del juicio reclamar una rebaja de dos grados. La misma intención que tenía el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, al que frenó su superior, Teresa Peramato. La fiscal general no compartía ese criterio, que podía irritar al Gobierno.

Luzón valoró el papel del comisionista para desentrañar los hechos alabando el valor de los arrepentidos para combatir la corrupción. Durante su declaración, Aldama llegó a señalar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como «el número 1» de la trama, algo que el fiscal jefe de Anticorrupción atribuyó a «un desahogo». El comisionista también afirmó que el PSOE se había financiado ilegalmente con comisiones de constructoras y con cupos de petróleo en Venezuela. Incluso apuntó a Begoña Gómez sugiriendo que había intervenido a favor del Instituto de Empresa (IE) en la compra de unos terrenos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La auditoría de Puente

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalaron que la selección de Soluciones de Gestión partió de Transportes antes incluso de que existieran publicaciones oficiales sobre las necesidades de material sanitario. Los investigadores afirman que Koldo García se habría encargado de contactar con los responsables de la firma, que hasta ese momento no había operado en el sector sanitario. El propio Aldama explicó en el juicio que recibió la oferta cinco días antes de que se publicitara. Inicialmente era de cuatro millones, que se duplicaron de un plumazo.

La auditoría encargada por Óscar Puente reveló que Ábalos amplió de cuatro a ocho millones la cantidad de mascarillas que iba a adquirir Puertos del Estado en apenas 38 minutos. Lo hizo apenas media hora después de que Soluciones de Gestión advirtiera a Koldo García de que «o todo o nada». Ese no fue el único hecho que llamó la atención de los investigadores. El exministro tuvo en sus manos una oferta alternativa a la de Soluciones de Gestión. Era por la mitad de precio y con un plazo de entrega más rápido desde China que el que ofrecía la empresa aragonesa. Sin embargo, Transportes la descartó pese a la resistencia del entonces presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo.

El caso estalló el 21 de febrero de 2024, cuando la UCO detuvo a una veintena de personas entre las que se encontraba Koldo García. Ábalos, entonces diputado socialista, aseguró ese mediodía en el Congreso que se encontraba «estupefacto». El partido lo apartó apenas unas horas más tarde y acabó expulsándolo el pasado junio. La investigación partió de una querella de la Fiscalía Anticorrupción que tuvo su origen en una denuncia presentada por un senador del PP en respuesta a la que registró la oposición en Madrid por un contrato al hermano de Isabel Díaz Ayuso.

La pandemia flexibilizó los controles de las contrataciones debido a la situación de emergencia. El caldo de cultivo para la especulación. Anticorrupción archivó la mayoría de las denuncias, pero las adjudicaciones a Soluciones de Gestión hizo saltar las alarmas. La primera fase de la investigación se desarrolló en la Audiencia Nacional, pero la UCO fue estrechando el cerco en torno a Ábalos. En octubre de 2024, ocho meses después de que se destapara el caso, el juez derivó la causa al Supremo al considerar que el exministro tuvo «un papel relevante» en la trama.

El origen del caso

Tras varios titubeos, Ábalos declaró voluntariamente en el Supremo en diciembre de 2024. El exministro negó cualquier irregularidad en las adjudicaciones de mascarillas, se parapetó tras Koldo García y minimizó su relación con Aldama. Dos meses después, fue imputado y el juez le impuso medidas cautelares. El pasado octubre se acogió a su derecho a guardar silencio y, un mes más tarde el instructor propuso juzgarle. El exministro dejó de estar aforado en febrero, tras abandonar su acta de diputado.

La Audiencia Nacional asumió entonces la pieza separada por el presunto amaño de contratos públicos a cambio de comisiones, en la que están investigados los tres acusados por las mascarillas, media docena de empresarios y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En la vistilla preliminar, las defensas de Ábalos y Koldo García trataron sin éxito de derivar el caso mascarillas a la Audiencia Nacional, incluso reclamaron elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que decida el órgano competente que debe juzgarle después de que el exministro dejara de estar aforado.