Peramato impide a Luzón rebajar la petición de pena para Aldama y el PP anuncia que lo hará
El fiscal jefe de Anticorrupción considera que su confesión ha sido «esencial» para esclarecer los hechos
Aldama y los fiscales Peramato y Luzón. | Ilustración de Alejandra Svriz
Teresa Peramato ha desautorizado al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, a pedir una rebaja de pena para Víctor de Aldama. La fiscal general ha rechazado una atenuante muy cualificada de confesión para rebajarle a la mitad la pena de siete años de prisión que solicitó el Ministerio Público para el comisionista, acusado de varios delitos, entre ellos organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. La acusación popular, que lidera el PP, solicitará una rebaja en dos grados para el empresario al que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera «nexo corruptor» de la trama. De esa manera, su petición disminuye a 5,3 años.
Como ha avanzado El Español y ha podido confirmar este diario, Luzón no cambiará sus conclusiones provisionales respecto a Aldama, para el que pide una pena de siete años por el atenuante de colaboración al considerar que su confesión ha sido «esencial» para esclarecer los hechos. Se trata de una petición notablemente inferior a la solicitada para el exministro José Luis Ábalos (24 años) y para Koldo García (19 años y medio). Las acusaciones populares elevan la petición para ambos a 30 años de prisión.
Peramato ha frenado al fiscal jefe de Anticorrupción, que antes de su declaración ya veía motivos para defender una atenuante muy cualificada. No obstante, quería esperar a la evolución del juicio y la declaración de Aldama para introducirla en las conclusiones definitivas. En ese escenario, la petición de pena para el comisionista se habría reducido a tres años y medio de cárcel.
La declaración de Aldama
Peramato no comparte ese criterio, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, para no irritar al Gobierno. Tampoco las defensas de Ábalos y Koldo García, para quien el fiscal se debe al principio de legalidad y lo consideran que Luzón debería cambiar sus conclusiones provisionales para aumentar la petición de pena que solicita para Aldama. Además, recuerdan quela UCO apuntó al comisionista como el jefe de la organización criminal porque era quien «paga y manda».
«Presentaré si es preciso un nuevo escrito de conclusiones definitivas, pero en lo sustancial no hay ninguna modificación. Solo haré una precisión de conceptos y corrección erratas», ha anunciado Luzón en el juicio. Durante su declaración, Aldama señaló que el presidente del Gobierno era «el número uno» de la trama, que Ábalos ocupaba el número dos porque mandaba y ejecutaba, que su asesor ministerial Koldo García se encontraría en el número tres y que él sería el cuatro.
El comisionista también aseguró que el PSOE se había financiado ilegalmente con comisiones de las constructoras y con cupos de petróleo de Venezuela. Incluso apuntó a la esposa del líder socialista, Begoña Gómez, sugiriendo que habría intervenido a favor del Instituto de Empresa (IE), institución para la que trabajaba, para quedarse con unos terrenos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Madrid.
Luzón asume la indicación de Peramato por el principio de dependencia jerárquica. El artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que «el fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia». La fiscal general habría tenido muy difícil explicar la petición de una rebaja de pena al Gobierno que la nombró a finales del año pasado.
En su escrito de acusación, Luzón subrayó que la colaboración implicaba «manifestaciones relevantes, veraces, que se compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento» en las que Aldama admitiera de manera inequívoca su participación. El fiscal jefe de Anticorrupción ya apuntó entonces que el comisionista había reconocido los hechos delictivos que se le atribuyen y «aportado detalles» sobre su relación con Ábalos y Koldo García.
Quien sí reducirá la petición de la pena de prisión, de siete a 5,3 años, será la acusación popular, que lidera el PP. El abogado Alberto Durán ha avanzado en la tarde de este lunes que presentará un nuevo escrito de conclusiones, en el que mantendrán «inalterado» el relato de hechos para Ábalos y Koldo García, pero que modificará la petición de Aldama y solicitará una reducción de dos grados en todos los delitos «como consecuencia de la colaboración». La defensa del comisionista ha pedido una atenuante muy cualificada que en ningún caso pueda superar los dos años de cárcel, lo que evitaría su ingreso en un centro penitenciario.