El comisario del Senado acudirá a los tribunales para anular su destitución «ilegal»
Inicialmente solicitará medidas cautelarísimas de reingreso y demandará por la vía contencioso-administrativa
El presidente del Senado, Pedro Rollán. | EFE
Julián Leandro Puente, el comisario especial del Senado destituido fulminantemente el pasado viernes, según avanzó THE OBJECTIVE, recurrirá esta semana la decisión ante la justicia por considerarlo un «cese ilegal». Según adelantan fuentes de su entorno a este periódico, el excomisario solicitará en las próximas horas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la adopción de medidas cautelarísimas de reingreso a su anterior destino en el Senado, por considerar que se trata de una decisión irregular que lesiona sus derechos y vulnera su legitima defensa en la tramitación de un expediente psicosocial. En paralelo, presentará una demanda por la vía contencioso-administrativa para impugnar la decisión que el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, le notificó el pasado miércoles 10 de junio en un escrito al que tuvo acceso este diario.
Con su recurso ante los juzgados de lo Contencioso, Puente sigue los pasos del teniente coronel Diego Pérez de los Cobos, quien logró su restitución como jefe de la Guardia Civil en Madrid tras recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de cesarle por no haber informado al Gobierno sobre la investigación judicial sobre la manifestación del 8-M en plena pandemia de la covid 19. El Tribunal Supremo consideró que se había tratado de una destitución «ilegal» porque no se había motivado lo suficientemente la resolución para su puesto de libre designación.
En el caso del excomisario especial del Senado, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, sí justifica su destitución fulminante por «pérdida de confianza» en «la forma de ejercer la responsabilidad del mando y liderazgo por el actual titular». Todo surgió a raíz de dos denuncias de los sindicatos policiales SUP y UFP por las quejas de algunos subordinados por la situación de «acoso, estrés y malestar generalizado» que motivó la realización de un informe psicosocial a instancias de la Subdirección General de Recursos Humanos, dirigida por la comisaria Gemma Barroso. El afectado alega que ese no es el motivo real de su cese sino la queja del PSOE a Interior porque la policía «no protegió lo suficiente» a la tertuliana Sarah Santaolalla, en el incidente que tuvo con el reportero Vito Quiles en el Senado el 3 de marzo.
No fue contactado en ningún momento
Como reveló THE OBJECTIVE, a los pocos días de que la analista afín al PSOE denunciara a Quiles por presuntos delitos de agresión y acoso, el Jefe de División de Operaciones y Transformación Digital, Pedro Prieto, comunicó al comisario jefe, Julián Leandro Puente: «El director general quiere cesarte… Piden tu cabeza por lo de [sic] Sara Santaolalla». Y eso pese a que el comisario jefe del Senado ni siquiera estuvo presente en la tarde de los hechos, siendo el mando a cargo el subinspector del Senado. A la semana, el día 11 de marzo de 2026, se realizó un oficio desde la Unidad de prevención de Riesgos laborales del Ministerio del Interior, reactivando las denuncia sobre acoso laboral de los dos sindicatos policiales que dormía en un cajón desde octubre de 2025, cinco meses atrás. Una evidencia, según las fuentes policiales consultadas, de que se trató de una «operación orquestada».
La investigación concluyó el 8 de mayo de 2026, cuando el área de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional realizó un documento de Evaluación de Riesgos Psicosociales que envió al afectado, así como una Planificación de la Acción Preventiva, que aportaba una serie de medidas para paliar los riesgos en los empleados y funcionarios bajo su mando. Dos documentos que obran en poder de THE OBJECTIVE y que se realizaron sin haber recabado su versión en ningún momento del proceso. Sin embargo, cuando se le remitieron, el comisario del Senado respondió el 20 de mayo mostrando su «total conformidad, compromiso y aceptación proactiva para liderar e implantar la hoja de ruta técnico-médica establecida, garantizando así el derecho a la salud laboral de los funcionarios bajo mi mando».
En el documento de respuesta al que también ha tenido acceso este diario, el afectado aportaba un cronograma. Con el documento pretendía dejar constancia de su «plena e inequívoca voluntad de ejecutar el Plan Preventivo dictado por los técnicos de la institución.
«¿No será más urgente cesar al DAO?»
Ocho días después, ante las constantes comunicaciones internas sobre la posibilidad de que se ejecutase su disolución, el comisario jefe del Senado elaboró un nuevo documento, un informe técnico de defensa alinforme de Evaluación de Riesgo Psicosociales elaborado sin su participación ni consulta. En él, considera que el informe realizado por el área de prevención de riesgos laborales de la policía «está gravemente comprometido en su imparcialidad por las circunstancias que rodean su activación» y sostiene que dicha evaluación «ha sido activada como instrumento de presión política y no como herramienta preventiva, lo cual constituye una desviación de su finalidad legal».
El entorno del afectado asegura a este periódico que se trata de un «cese político» basado en un «informe prefabricado» que ha servido como coartada para destituir al comisario jefe del Senado y cobrárselo como trofeo por el dispositivo de seguridad empleado en el incidente con Sara Santaolalla en la cámara alta, que los socialistas utilizaron políticamente por estar presentes algunas de sus senadoras como Rocío Briones. De hecho, con posteridad fue el grupo socialista quien elevó una queja al Ministerio del Interior.
Otras fuentes policiales consultadas aseguran que se trata de una resolución «absolutamente infumable, propia de un país bolivariano» porque permite destituir de su cargo a un alto mando policial por criterios políticos y arbitrarios, revestidos de una supuesta «pérdida de confianza» que jurídicamente debe de estar argumentada y tener un soporte legal. Ante la utilización política de algunos de los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado plasmadas en investigaciones como la trama Leire, estas fuentes señalan a la reciente intervención del director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, quien pidió a la UCO «ponerse de perfil» y «no ser proactivos» en las investigaciones judiciales sobre el Gobierno y el PSOE. Motivo por el cual, se preguntan: «¿No será más urgente cesar al DAO que al pobre comisario del Senado?».