La trama Leire penetró en el Congreso a través de un exministro de Hugo Chávez
Villalobos acusó al juez Peinado de vulnerar sus derechos después de que la 'fontanera' del PSOE le ofreciera ayuda
Nervis Villalobos en el Congreso en noviembre de 2024.
La trama Leire consiguió penetrar en el Congreso de los Diputados a través de Nervis Villalobos. El viceministro de Energía en Venezuela durante la etapa de Hugo Chávez acudió en noviembre de 2024 a la comisión de investigación de la Operación Cataluña, donde acusó al juez Juan Carlos Peinado de «vulnerar sus derechos para colgarse medallas». El dirigente chavista disparó contra el magistrado que investiga desde abril de ese año a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Leire Díez le prometió acelerar la solicitud de nacionalidad española a cambio de su colaboración. La consiguió en abril del año pasado, pero en virtud de la Ley de Memoria Democrática.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si Leire Díez conformó una estructura para «desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial» que afectara a los intereses del PSOE o de su líder. Para ello, el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, habría puesto a su disposición toda la estructura del partido. El magistrado envió el pasado lunes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al Ministerio de Justicia para recabar información sobre el estado de la solicitud de nacionalidad del dirigente chavista.
Las promesas de Leire Díez podrían haber motivado la declaración de Villalobos en la comisión de investigación de la Operación Cataluña en el Congreso el 24 de noviembre de 2024. La denominada fontanera del PSOE llevaba meses hablando con el abogado del exviceministro de Chávez, Ismael Oliver, también imputado por Pedraz, que le acusa de formar parte de la operativa para atacar a los jueces y de cobrar por ello 27.225 euros.
Leire Díez y Villalobos
Leire Díez mantuvo en 2024 una reunión clave con Villalobos con una finalidad muy concreta: atacar a Peinado, que investiga a Begoña Gómez desde abril de ese año. Fuentes conocedoras del encuentro señalan que la intención era que el viceministro de Chávez accediera a comparecer en la comisión de investigación y aprovechara su intervención para denunciar públicamente que había sido víctima de ese magistrado a cambio de un informe que reconocería su supuesta condición de afectado por actuaciones irregulares de las supuestas cloacas del Estado. Dicho y hecho.
Villalobos acudió el 24 de noviembre de 2024 al Congreso, donde arremetió contra Peinado. El exviceministro chavista acusó al juez de vulnerar sus derechos bloqueando cinco años sus cuentas bancarias y teniéndole 16 meses encarcelado, hasta que recibió el amparo del Tribunal Constitucional. La Fiscalía Anticorrupción pidió en 2018 su ingreso en prisión provisional por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Peinado lo ordenó, pero el exdirigente chavista recurrió a la corte de garantías, que le dio la razón al considerar que se había vulnerado su derecho a la libertad personal y que no había tenido la información necesaria para defenderse. El PP trató de frenar la comparecencia alegando que no tenía nada que ver con el objeto de la investigación: las maniobras contra políticos independentistas y de Podemos supuestamente orquestadas durante la etapa del popular Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior.
El antiguo alto cargo venezolano fue citado por el PSOE y sus socios a la comisión de investigación de la Operación Cataluña porque el comisario Marcelino Martín Blas, jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional con Mariano Rajoy, aseguró que había sido encarcelado por Peinado. Villalbos explicó que, tras ser cesado por Chávez, ejerció de consultor para multinacionales de distintos países, entre ellos España, donde reside desde 2014. De ese año son las primeras anotaciones sobre el exdirigente chavista en las agendas de Leire Díez.
Campaña contra los jueces
Martín Blas, ya jubilado, fue el primer mando policial que admitió la existencia de la Operación Cataluña. Después de que este revelara el nombre de Villalobos, la Mesa de la comisión permitió a los grupos plantear nuevos comparecientes. El PSOE y sus socios acordaron llamar al exviceministro venezolano y al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que también figura en las agendas de Leire Díez y con el que llegó a hablar por teléfono.
Pedraz señala que la trama buscó la ayuda de Villalobos, cliente de Oliver, para esta campaña de ataque a jueces y fiscales iniciada en abril de 2024, en los días de reflexión que se tomó Sánchez tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Leire Díez se reunió en la madrileña calle de Ferraz con Cerdán, al que el magistrado acusa de facilitar «la estructura del partido» para conseguir sus objetivos.
Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica de Chávez entre 2002 y 2007, estaba investigado en otras causas (Duro Felguera y Columbus) en las que actuaba como fiscal José Grinda. A cambio de su colaboración, y a petición de Oliver, Leire Díez habría intentado que el exdirigente chavista lograra «una pronta recuperación de expediente de concesión de nacionalidad española y la titularidad de cuentas bancarias en España valiéndose de sus contactos.
A finales de ese año, Leire Díez intercambió diversos escritos con Oliver relativos a la tramitación de la solicitud de nacionalidad española para Villalobos. El abogado planteó la cuestión en varias ocasiones a la exmilitante del PSOE durante el año pasado, incluyendo en una de sus conversaciones la petición de una entrevista con José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, «o alguien de su confianza». Este había sido ministro de Sánchez entre enero de 2020 y septiembre de 2024, primero de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y luego para la Transformación Digital y de la Función Pública.
El entorno de Villalobos asegura que la trama Leire fracasó en sus propósitos. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le denegó la nacionalidad por residencia en octubre de 2024. La consiguió meses más tarde, en abril del año pasado. Lo hizo gracias a que sus abuelos eran de origen español, tal y como permite la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022. Lo que no consiguió fue registrar las cuentas: el Banco de España le contestó el pasado agosto que no podía «inmiscuirse» en actuaciones asumidas por otras instancias.