La trama de Leire Díez negoció con un cliente de Zapatero para «montar una empresa b»
Aldesa, que pagó 127.000 euros a Análisis Relevante, aparece en las agendas de Leire Díez, Julio Martínez y Koldo García
Leire Díez y José Luis Rodríguez Zapatero.
Entre las notas incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) a Leire Díez —la mujer a la que el PSOE encargó presuntamente desactivar causas judiciales por corrupción— aparecen menciones a la constructora Aldesa, la misma firma que mantuvo durante dos años un contrato de asesoría estratégica con Análisis Relevante, la consultora vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero. Le pagaron 127.000 euros. Las anotaciones de Díez muestran un encuentro entre Antxon Alonso, propietario de Servinabar y presunto socio de Santos Cerdán, y Alejandro Fernández, exCEO de Aldesa próximo a Zapatero.
En esa cita se habló de la venta de la compañía a «los chinos», algo que terminó ocurriendo con la adquisición de la constructora por parte de la empresa estatal China Railway Construction Corporation (CRCC). «Está montando una empresa B con nosotros», dejó registrado Díez. Aldesa, como ha informado THE OBJECTIVE, recibió 176 millones en contratos públicos desde que Óscar Puente llegó al Ministerio de Transportes. Aldesa también aparece entre las agendas de Koldo García.
Al empresario Antxon Alonso, figura clave en las tramas de las adjudicaciones de obra pública por parte del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, así como en la trama SEPI, Leire le llamaba «Antton». Y en sus notas aparece reflejado cómo «Antton» y «Alejandro» Fernández hablaban sobre planes empresariales posteriores a la entrada de capital chino en Aldesa.
Las anotaciones se realizaron en 2020, poco antes de que el consorcio CRCC, bajo control del Partido Comunista Chino, entrase en el accionariado de la constructora y se hiciese con su total control. Y justo antes de que se contratase a Análisis Relevante como «consultora estratégica» para buscar nuevas líneas de negocio.
Tras el epígrafe «Alejandro y Antton», Leire dejó por escrito: «Sabe que el 25% de Aldesa será comprado por los chinos y está montando una empresa B con nosotros». El apunte encaja con el funcionamiento de la supuesta constructora Servinabar, propiedad de Alonso y Santos Cerdán, que conseguía presuntamente contratos de obra pública y se incrustaba en las uniones temporales de empresa (UTE) con otras grandes empresas que luego resultaban adjudicatarias. Una modalidad para obtener, sospechan los investigadores, mordidas de esas adjudicaciones.
Los apuntes de Leire Díez sobre Aldesa son numerosos en la colección de libretas que la UCO le intervino cuando la detuvo el pasado 10 de diciembre (solo un día antes de que la UDEF detuviese a Julio Martínez, testaferro de Zapatero). En otras libretas, posteriores a la cita sobre montar una «empresa B», Leire deja anotado «business plan con Aldesa».
También aparece otra mención: «Aldesa, Alejandro comer antes de fin de mes». En otra de las libretas aparece una cita con cierta urgencia sobre el mismo asunto: «Aldesa, concretar todas las cosas». En ese momento, tal y como ha podido acreditar THE OBJECTIVE, Aldesa ya había contratado al testaferro de Zapatero.
Entre los planes que tenía la trama junto con Aldesa aparece un proyecto para convertir una sede de Correos en Sevilla en un parador de turismo. «Proyecto muy confidencial». «Se apoyaría en Tragsa para la rehabilitación-construcción. Posible entrada de Acciona ¿o Aldesa? Este proyecto no está avanzado».
La conexión con Zapatero
La constructora Aldesa abonó 127.000 euros entre 2021 y 2023 a la sociedad Análisis Relevante por una serie de trabajos de consultoría y elaboración de informes estratégicos. Detrás de esa mercantil se encuentra Julio Martínez Martínez —conocido en determinados círculos empresariales y políticos como Julito—, una figura que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sitúan como presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como adelantó en exclusiva este periódico en diciembre.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes conocedoras de la relación empresarial, la contratación de esos servicios no fue casual, sino que obedeció a una decisión adoptada directamente por Alejandro Fernández, entonces consejero delegado de la constructora e hijo del fundador del grupo, Antonio Fernández Rubio. Los pagos se produjeron en un momento especialmente delicado para la compañía española. Aldesa atravesaba un proceso de transformación accionarial tras la entrada del gigante asiático CRCC, la gran estatal china de infraestructuras que desembarcó en la firma española en 2020. Durante aquellos años, la dirección encabezada por Alejandro Fernández mantenía todavía capacidad de decisión dentro de la empresa y seguía controlando las principales áreas ejecutivas. En ese contexto es en el que aparece la relación con Julio Martínez y su empresa de consultoría.
Contratos públicos
La constructora Aldesa, controlada desde 2020 por la estatal china China Railway Construction Corporation, ha acumulado alrededor de 176 millones de euros en contratos públicos y adjudicaciones mediante UTE desde finales de 2023, coincidiendo con la llegada de Óscar Puente al Ministerio de Transportes y con pagos realizados a la sociedad vinculada a Julito, señalado en el caso Plus Ultra como presunto testaferro del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.
TO ha analizado subvenciones y fondos europeos recibidos por constructoras controladas por capital estatal chino en España, además de los expedientes y adjudicaciones obtenidos por Aldesa desde finales de 2023. En total, 61 millones de euros en contratación directa y otros 115 millones en adjudicaciones mediante UTE y consorcios ferroviarios y de infraestructuras.
La mayor parte de ese volumen se concentra en contratos vinculados al Ministerio de Transportes y organismos dependientes de la Administración General del Estado. El informe identifica adjudicaciones promovidas por ADIF, ADIF Alta Velocidad, la Dirección General de Carreteras y otras entidades públicas relacionadas con la gestión de infraestructuras. Buena parte de los pliegos corresponde a actuaciones ferroviarias de gran envergadura, ampliaciones de capacidad de la red, proyectos de alta velocidad y obras consideradas estratégicas para la movilidad y la logística.