La Policía se defiende del ataque de Zapatero a la UDEF: «Los informes son de absoluto rigor»

Los ataques de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero contra la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) —en los que se sugiere que los agentes llevan a cabo una investigación prospectiva— y que tienen el objetivo de buscar la nulidad del caso Plus Ultra han desencadenado un gran malestar no solo en la unidad de élite, sino también en la Policía y entre los altos mandos. En el Cuerpo hacen una defensa cerrada de los agentes y respaldan la «absoluta rigurosidad» de sus pesquisas frente a una estrategia, la del expresidente del Gobierno, «temeraria, que carece de base objetiva» y que «solo busca desviar la atención» para tumbar la causa, advierten a THE OBJECTIVE distintos responsables policiales.

El abogado de Zapatero, Victor Moreno, solicitó hace una semana al instructor del caso Plus Ultra —que investiga al exdirigente socialista por delitos de tráfico de influencias, blanqueo, organización criminal y falsedad documental por el rescate millonario de Plus Ultra— que tomase medidas para evitar «la filtración indiscriminada» de «datos reservados de carácter personal» tras la divulgación de las agendas de su secretaria, Gertrudis Alcázar. Lo hizo en un escrito, al que tuvo acceso este periódico, en el que la defensa también aprovechó para disparar contra la UDEF, que a su juicio está saliéndose de la senda marcada en el procedimiento para indagar «en cualquier actividad personal o profesional» de Zapatero.

Moreno, en otro intento de echar por tierra las pesquisas de la unidad de élite, también solicitó al juez Ismael Moreno que devolviese a la UDEF el último informe remitido a la causa que apunta que Zapatero se habría servido de su «ascendencia pública internacional» para ejercer «influencias de carácter ilícito» en Bolivia por las que habría cobrado una comisión de 200.000 euros. Unos hechos «ajenos al objeto de la causa» que han sido analizados «como resultado de una investigación prospectiva y no autorizada», defendió el letrado para justificar, una vez más, la nulidad por vulneración de los derechos fundamentales de su patrocinado.

La «neutralidad absoluta» de la UDEF

El sindicato mayoritario de mandos (SPP) considera que la estrategia de Zapatero es un intento de «desacreditar» a los agentes de Policía Judicial cuando cumplen con «la estricta dirección» de la autoridad fiscal y judicial. «Si en el transcurso de una investigación ordenada por un magistrado, los agentes hallan indicios delictivos, comunicaciones, agendas o documentos comprometedores, su obligación ineludible es plasmarlos en un informe con absoluto rigor técnico y dar traslado inmediato al juzgado instructor». «Cumplimos fielmente con el mandato constitucional. La UDEF no actúa por impulsos políticos ni por filias personales», aseguran fuentes de esta organización sindical.

En la Policía defienden que se trata de una «unidad técnica de prestigio internacional, cuyos agentes y mandos operan «con un rigor metodológico intachable y bajo un régimen de neutralidad absoluta que es la mayor garantía de nuestro Estado de derecho». Fuentes policiales también ven en la filtración de los informes y de anexos del caso, como las agendas de Gertrudis, un señalamiento directo del expresidente del Gobierno a la UDEF. Un ataque que —advierten— es en realidad «una coartada mediática», porque no existe prueba alguna que implique en ese sentido a los investigadores.

El juez investiga las filtraciones

Cabe destacar, además, que el juez instructor ha abierto una pieza separada para investigar las filtraciones, tal como pidió el investigado. Por lo que, advierten estas fuentes, mientras no exista una resolución que lo determine, «resulta irresponsable atribuirlas a la UDEF sin prueba alguna». Que el exlíder del Ejecutivo persiga a los investigadores, cuando «guardaron un celoso y escrupuloso secreto durante meses de pesquisas directas» en otro juzgado, «es una difamación intolerable y una acusación muy grave que, a día de hoy, carece de respaldo objetivo».

En la misma línea, en el Sindicato Unificado de Policía (SUP), una de las organizaciones mayoritarias del Cuerpo, las fuentes consultadas defienden que la unidad de élite «no elabora los informes de forma arbitraria ni decide por sí sola qué pruebas tendrán relevancia jurídica». Su función, prosiguen, consiste en obtener, preservar y analizar la evidencia conforme a las diligencias autorizadas judicialmente, garantizando en todo momento la integridad de la prueba y la cadena de custodia. En el caso de los dispositivos electrónicos, «la copia forense íntegra constituye la garantía de que la evidencia puede ser verificada posteriormente por el juez y por todas las partes».

Después, señalan estas mismas fuentes, los investigadores elaboran informes centrados en los elementos que consideran relevantes para la investigación, siempre bajo la dirección funcional de la autoridad judicial. «Si existe controversia sobre determinada información, debía incorporarse íntegramente, limitarse o expurgarse por afectar a la intimidad. Esa decisión corresponde al juez y podrá ser objeto de debate procesal, pero no desvirtúa por sí misma el trabajo técnico desarrollado por la UDEF ni justifica atribuirle responsabilidades que deberán determinarse, en su caso, mediante la correspondiente investigación».