Denuncian la 'ley de nietos' de Sánchez a la Junta Electoral Central por manipular el censo

Iustitia Europa ha denunciado ante la Junta Electoral Central (JEC) la incorporación masiva de nuevos electores al Censo Electoral de Residentes Ausentes —CERA— como consecuencia de los expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la disposición adicional octava de la Ley Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, que, con el pretexto de reparar a los descendientes de españoles que sufrieron la Guerra Civil y el franquismo, está otorgando la nacionalidad, y con ella el derecho a voto, a cientos de miles de personas en Hispanoamérica.

Según los datos analizados por el equipo jurídico de Iustitia Europa, la población española residente en el extranjero ha alcanzado los 3.202.002 inscritos a 1 de enero de 2026, lo que supone un incremento anual del 5,1%, una cifra que desborda la capacidad de control de la administración consular, y justifica la denuncia. 

En el escrito presentado ante la Junta Electoral Central, el partido político fundamenta su pretensión en la necesidad de preservar la «pureza del censo» como presupuesto indispensable para la validez del sufragio. La denuncia se ampara en la función de supervisión que la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General atribuye a la JEC. Tal y como establece el Artículo 8 de la LOREG. La formación política sostiene que el crecimiento exponencial de solicitudes de nacionalidad ha generado una saturación en los consulados (especialmente en Argentina, Brasil y Cuba) que impide una calificación registral rigurosa. Esta situación, calificada como «incapacidad material de fiscalización», podría estar derivando en «altas de complacencia». Por ello, se invoca la obligación de la Oficina del Censo Electoral (OCE) contenida en el Artículo 30 de la LOREG. 

El presidente de Iustita Europa, el abogado Luis María Pardo, ha declarado que «el censo no puede ser una caja negra»: «Si entran cientos de miles de nuevos electores desde el extranjero, España tiene derecho a saber con qué expediente, en qué consulado, en qué fecha y, sobre todo, por qué se les adscribe a una provincia concreta ya que en España los escaños se ganan provincia a provincia. Por eso, una adscripción artificial de voto exterior puede alterar el resultado electoral».

El punto central de la denuncia es la adscripción provincial del voto exterior. La organización ha instado a la JEC para que solicite que la Oficina del Censo Electoral proceda al desglose pormenorizado de las altas en el CERA por causa de adscripción provincial, al ser imprescindible conocer los criterios y el soporte documental que justifican que un residente en el extranjero, tras optar a la nacionalidad mediante la Ley 20/2022, sea adscrito a una provincia concreta. Esta fiscalización es la única vía para evitar una eventual concentración artificial de votos en circunscripciones con escaso margen de escaños y garantizar que la adscripción responde a un arraigo real y legalmente acreditado. 

Por último, Iustitia Europa sostiene que la Junta Electoral Central tiene competencia directa para actuar a través del artículo 8 de la LOREG que establece que la Administración Electoral tiene por finalidad garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad. 

Acciones contra la ley

La denuncia de Iustitia Europa es la acción más reciente y formal ante la JEC. Hazte Oír, otra de las asociaciones que ejerce como acusación popular en los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez, ha optado por la vía de movilización ciudadana. De hecho, ha presentado más de 50.000 firmas ante la Unión Europea para alertar de que la ley de nietos es un «golpe de Estado» con el que Sánchez pretende «hacerse con el censo y sabotear las elecciones» con el «único objetivo» de «perpetuarse en el poder».

PP y Vox no han iniciado acciones judiciales, aunque son vociferantes contra lo que consideran una manipulación del censo electoral. El Gobierno, por su lado, defiende estas medidas como una reparación histórica a descendientes de españoles que se fueron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, así como a aquellos que lo hicieron entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978, la mayoría de ellos por motivos económicos.