La alusión al abogado del PSOE en la agenda de Leire, clave para que el partido no se querelle
Fuentes socialistas ven en la mención a Alberto Cachinero la explicación de que el partido no emprenda acciones legales

Leire Díez. | Matias Chiofalo (Europa Press)
Fue el barón manchego Emiliano García-Page el primero que consideró «urgente» hace un mes que el PSOE se querellara contra Leire Díez. El sábado pasado volvió a formalizar su solicitud ante el Comité Federal del PSOE, donde algunos dentro del partido ya han encontrado el porqué de la resistencia de Ferraz. La respuesta está en una referencia no menor que ha pasado inadvertida en las agendas de Leire Díez, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE: la mención a Alberto Cachinero, el abogado del PSOE. El responsable del equipo jurídico del Partido Socialista aparece en algunas de las anotaciones que la emisaria de Santos Cerdán en la trama Leire incluyó en sus libretas y agendas de trabajo incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, e incluidas en el sumario de la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.
Un aspecto que ha llamado la atención de múltiples dirigentes socialistas consultados que, desde hace 15 días, vienen presionando al PSOE para querellarse contra Leire Díez como demostración de que no existen vínculos ni ataduras con la apodada fontanera, que rendía cuentas con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, es que se reunió con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y con el número dos de la Fiscalía en su sede central de la calle Fortuny.

Las fuentes consultadas han interpretado la aparición del nombre de Cachinero en las agendas de Leire como «la explicación a por qué no nos querellamos contra ella», porque Alberto Cachinero es el que debe decidir las acciones legales que despliega el partido, o al menos, ejecutarlas. Cachinero, militante de la agrupación de Centro, es amigo personal del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Fue precisamente junto a ellos con quienes diseñó el armazón jurídico de la campaña de primarias de Pedro Sánchez en 2017. Bolaños y Cachinero fueron, según las mismas fuentes, los que prepararon la reforma de los estatutos que permitiría ejecutar la expulsión de los barones y el blindaje de la dirección federal ante los territorios para cuando Sánchez se alzara con la victoria en julio de ese año.
Clave en la ‘reconquista’ de las primarias en 2017
Estrecho colaborador de Álvaro Sánchez Manzanares (Alvarito), quien años después sería imputado en la trama de las mascarillas por su participación en la compra de ocho millones de mascarillas a través de Puertos del Estado, Cachinero y Alvarito eran los representantes de Ferraz en las negociaciones con la candidatura de Sánchez durante la negociación para revertir el sistema de crowdfunding del presidente. Pero, según fuentes socialistas, tanto Cachinero como Sánchez Manzanares eran dos «topos» de Pedro Sánchez en Ferraz, asiduos participantes de las reuniones que se celebraran en la llamada «sede paralela» de la calle Marqués de Riscal, donde se reunían con Bolaños y Fran Martín, el responsable de Bancal de Rosas.
La cuestión no es baladí a ojos de los dirigentes socialistas que estuvieron entonces en las elecciones internas que sucedieron al intento de pucherazo del Comité Federal de Puerto Hurraco el 1 de octubre de 2016. Sánchez Manzanares era entonces también responsable del equipo jurídico del partido, mano a mano con Cachinero, y fue el representante legal de la gestora entre octubre de 2016 y julio de 2017, pero abandonó Ferraz cuando fue nombrado secretario general de Puertos del Estado tras el triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2018.
Desde entonces, Cachinero se convirtió en el responsable jurídico único del PSOE, a las órdenes de José Luis Ábalos primero y Santos Cerdán después, como secretarios de organización. Amigo personal de Mariano Moreno, gerente del PSOE hasta 2021, tuvo conocimiento de los tejemanejes en las facturas del partido: las facturas manipuladas y excesivas —hasta 9.000 euros mensuales—, que Ábalos presentó durante tres años a la gerencia del partido y que provocaron un auténtico escándalo interno, como reveló THE OBJECTIVE en noviembre de 2021 sobre los motivos de la caída de Ábalos.
La ‘manta’ de Leire Díez
Con la caída de Ábalos, Cachinero se puso a las órdenes de Cerdán, el segundo mentor de Leire Díez, la fontanera que participó en una veintena de reuniones en Ferraz con el responsable de la Organización del PSOE. Fuentes conocedoras de esos encuentros explican que Cachinero y Leire se conocen desde algunos de esos encuentros en los que participaron personas de la máxima confianza de Pedro Sánchez, como Antonio Hernando en mayo de 2024 en calidad de director adjunto del gabinete del presidente del Gobierno. Hernando era el responsable de dirigir una gestapillo encargada de las causas judiciales del partido. Fue él quien recurría a personas de su entorno como el exsecretario de Estado y amigo personal, Antonio Camacho, abogado de la mujer del presidente, Begoña Gómez. Una forma de desvincularse aparentemente del partido, pero cuya estrategia de defensa legal estaba plenamente alineada con Ferraz.
Su aparición, subrayada en amarillo, denota una importancia capital a ojos de las fuentes socialistas consultadas, porque constituye una evidencia más de la relevancia de Leire Díez en la jerarquía del partido, incluyendo al departamento legal que rechaza ahora querellarse contra la exmilitante del PSOE que se dio de baja en la organización hace un año de común acuerdo con Santos Cerdán, y no previa expulsión como en el caso de José Luis Ábalos. La llamada fontanera del PSOE avisó hace semanas a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que ella «también sabía hablar», y a Isaura Leal, la pareja del ex primer jefe de gabinete de Sánchez, Juanma Serrano, que «los pactos son recíprocos». Como reveló hace una semana THE OBJECTIVE, Leire Díez está decidida ahora a tirar de la manta para desvelar quiénes le daban «instrucciones» por orden de Moncloa.
