La corrupción moral no acabará en los tribunales

Todos los casos de corrupción que conocemos y alguno más que todavía quede por conocer seguirán su correspondiente curso judicial y acabarán en la debida sentencia, con las consecuencias que cada una pueda merecer en su momento. Lo que no acabará ante un tribunal, por mucho que sea la más grave de todas las corrupciones y la que más daño social ha causado, es la corrupción política y moral.

Sigo pensando después de todo lo conocido últimamente que el peor acto de corrupción cometido por este Gobierno fue la ley de amnistía: el poder negociado con un prófugo de la ley, siete votos favorables en el Congreso al precio de violentar el código penal y la Constitución española, toda una nación postrada ante quien poco antes se había levantado contra su democracia a cambio de permitir a Pedro Sánchez seguir presidiendo el Gobierno.

Es fácil deducir que quien es capaz de eso es capaz de todo. Y, aunque algunos casos de corrupción hubieran estado ya en marcha años antes, es fácil de entender que quien observa un comportamiento así de su jefe no se siente constreñido por ninguna regla ética para continuar, sumarse o poner en marcha su propio envilecimiento a su particular escala.

La falta de escrúpulos o límites morales nunca queda en una organización restringida al ámbito del líder. Todas las dictaduras generan casos de corrupción masivos y engendran multitud de personajes depravados a su alrededor porque no existe un espejo moral en el que mirarse ni se castiga más conducta que la de la deslealtad. Cumplida esa ley, la de la fiel obediencia al «puto amo», todo es posible y todo se perdona.

Sin ese previo estado de putrefacción, sería imposible entender que la corrupción se haya extendido como lo ha hecho en el PSOE. Desde la esposa que se sentía impune para recabar dinero con el que pagar sus ínfulas intelectuales, hasta el hermano que aprovechaba el nombre para conseguir un puesto que no era capaz de conquistar en honesta competencia, pasando por los secretarios generales del partido, que conocían muy bien el terreno que pisaban y la guía de integridad que seguía su presidente, y terminando por todos los ministros, que sabían perfectamente a quién atender y cuándo mirar para otro lado. Sin olvidar, por supuesto, a los altos funcionarios de la Administración y las empresas públicas —SEPI, Renfe, Correos…— que se avivaron para ascender o sacar rendimientos extras, como veían hacer a sus superiores. Todos pueden estar tranquilos, nunca se les pedirán responsabilidades políticas. Sánchez era también en esto el ejemplo a seguir.

Unos y otros han mentido cuanto han podido. Primero, cuando los descubrieron, ante los medios de comunicación. Después, mientras han resistido, ante los jueces, que se encargarán ahora de dilucidar el valor de esa estrategia. Pero, ¿cómo no iban a hacerlo? La mentira se ha hecho consustancial a este presidente del Gobierno desde sus comienzos. La primera pregunta de Carlos Alsina a Sánchez en la campaña de 2023 fue: «Señor presidente, ¿por qué nos miente tanto?». La verdad es casi una extravagancia para Sánchez, un recurso para los ingenuos, porque los escogidos como él están autorizados a mentir en pos de un bien superior, que es su imprescindible permanencia en el poder. Una degradación del valor de la verdad como la que Sánchez ha traído a la política española, solo podía tener como consecuencia la degradación moral a la que ahora asistimos.

Decidieron poner boca abajo el retrato de Felipe González y destruir todos los mitos de la Transición, asumiendo una por una las tesis de Pablo Iglesias. Lo que les quedó fue José Luis Rodríguez Zapatero. Esa fue su referencia moral en los últimos años, ignorando que, antes de las joyas, el petróleo, el oro o los contratos millonarios de asesoramiento, Zapatero había cometido ya un delito mucho más execrable, el de servir de soporte de un régimen tiránico como el de Venezuela.

Con esas credenciales, Zapatero se convirtió también, como es natural, en el valedor de las negociaciones con Puigdemont y del otro gran escándalo de corrupción moral perpetrado por el Gobierno: el pacto con Bildu, del que vergonzosamente alardean cada día en el Congreso unos y otros. Si se convence a un partido para justificar este matrimonio con los socios de quienes no hace tanto mataron a sus compañeros en el País Vasco, cómo no lo vas a mantener callado cuando solo se trata de encubrir a unos cuantos pillos. Todo el partido ha decidido mantenerse ciego, mudo y sordo ante lo que ve. El argumento de que el PP es peor les basta y sobra. Siguiendo el ejemplo de sus ministros y sus dirigentes, toda la militancia socialista ha aceptado ser cómplice de esta enorme corrupción moral, la del que renuncia a un pensamiento propio por miedo a descubrir lo que no le gusta.

Pero esta corrupción, la peor de todas, la que ha destruido el tejido moral del Partido Socialista, esa no acabará en los tribunales. Ojalá fuera posible, para hacer más fácil el borrón y cuenta nueva. Pero no, eso no puede ser sometido al imperio de la ley, sino al de la ética. Esa corrupción únicamente acabará, si es que se consigue, cuando el partido se deshaga por completo de Sánchez, limpie su rastro y reconstruya un futuro lejos de él y de todo lo que ha significado.