Desmantelamiento del Seprona en Cataluña: la Guardia Civil trabaja con la mitad de la plantilla

La situación del Seprona en Cataluña es más crítica que nunca. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil trabaja bajo mínimos desde hace meses. La unidad está integrada por 45 agentes repartidos en las cuatro provincias, y hay 48 vacantes (16 en Barcelona; 14 en Lérida; ocho en Gerona; y diez en Tarragona). En otras palabras, falta más de la mitad de la plantilla. Fuentes de la Guardia Civil relacionan esta situación con el bloqueo que está ejerciendo el Ministerio del Interior para incentivar el destino de agentes, después de que firmase hace dos años la transferencia de numerosas competencias de medio ambiente a los Mossos d’Esquadra y los Agentes Rurales catalanes.

«Están reduciendo al personal no publicando las vacantes, hasta llegar al desmantelamiento de la especialidad en Cataluña», denuncian desde Justicia Guardia Civil, una de las asociaciones profesionales mayoritarias del Cuerpo. La escena es todavía más preocupante en localidades como Puigcerdà, Ponts, La Pobla de Segur y Falset, donde el Seprona no tiene efectivos, bien porque no se publican las vacantes o bien porque nadie las solicita. «Este escenario desencadena que exista más carga de trabajo con el desgaste que eso conlleva, todo a costa de la salud de los guardias civiles».

La cesión de competencias

El principal cambio en las competencias que sellaron los Gobiernos central y autonómico en la Junta de Seguridad de 2024 es que cualquier investigación de delitos relacionados con el medio ambiente en Cataluña siempre será liderada por los Mossos d’Esquadra y por el cuerpo de Agentes Rurales, cuando hasta entonces la labor la compartían con la Guardia Civil. Un aspecto clave, sin embargo, es que los agentes rurales no son policía judicial, por lo que no pueden investigar esos ilícitos, y por ahora no se ha planteado ningún cambio en su reglamento.

El pacto también estableció que la Guardia Civil tiene la obligación de informar a los Mossos de cualquier hecho relacionado con el medio ambiente para que el cuerpo autonómico asuma la titularidad de la investigación o, como mínimo, forme parte de los equipos de investigación que coordinen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los ilícitos administrativos y penales en la parte que afectase al territorio de Cataluña. En la práctica, estas medidas han implicado la mutilación de estas unidades en Cataluña, habida cuenta de que sus principales tareas se han visto absorbidas por los cuerpos catalanes. Una situación que se ha agravado con una plantilla bajo mínimos.

El recurso de las asociaciones

La cesión a Cataluña no solo se ha encontrado con la reacción negativa de la propia Guardia Civil, sino también con la de numerosos Ayuntamientos gobernados por partidos independentistas, que creen que su salida les deja sin protección en emergencias y actividades delictivas en la frontera. Diez alcaldes de Junts escribieron una carta a la directora del instituto armado, Mercedes González, y al ministro del Interior, para que frenasen el asunto, sin éxito.

La mayoría de asociaciones profesionales de la Guardia Civil han llevado a los tribunales lo que consideran una «transferencia encubierta» de sus competencias a la Policía de la Generalitat de Cataluña. Entre ellas, Jucil y la Unión de Oficiales. Consideran que la «asignación en exclusiva» a Mossos y Agentes Rurales contraviene la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad e incluso el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su artículo 144 establece que las competencias en medio ambiente son compartidas por Generalitat y Estado. Por lo que, denuncian las mismas fuentes, «se requiere una ley orgánica para modificar esta previsión y no un simple acuerdo».

Cierre de otras unidades

En paralelo, la Dirección General de la Guardia Civil ha hecho efectiva esta semana la supresión del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), que operaba desde hace 30 años en la Costa Brava y tenía su sede en L’Estartit (Gerona). El Ministerio del Interior deja sin unidad de rescate acuático una de las costas españolas con mayor actividad de buceo recreativo de España. Solo en el municipio donde hasta hace unos días estaban los GEAS, hay 72 centros de buceo. En total, según advierten fuentes de la Benemérita, se realizan en esta zona más de 70.000 inmersiones acuáticas al año, con puntos de interés como las Islas Medas y Begur. 

La decisión de Interior, que, tal como reveló THE OBJECTIVE, se debe a «razones operativas y de optimización de recursos humanos», supondrá que los componentes de la unidad se integren en la plantilla de Barcelona, donde se ubica ahora el único servicio de rescate acuático de la Guardia Civil de toda la comunidad autónoma. Los 11 agentes que componen esta unidad de élite se encargarán de dar cobertura a todo el litoral catalán. Esa decisión ha generado gran malestar entre las asociaciones del Cuerpo, que ven en la supresión del GEAS un «grave riesgo» para la seguridad de una de las costas con más ocio acuático de la península.

Mientras tanto, la cúpula del Cuerpo ha aprobado una medida (el derecho preferente modelable) para frenar el gran déficit de personal en Cataluña y premiará con mejores destinos a los agentes que pidan estar unos años en la comunidad autónoma. Este cambio en la normativa interna implica que, si el agente pide como destino Cataluña y está allí entre tres y seis años, posteriormente sumará el doble e incluso el triple de puntos para elegir el próximo puesto. Es decir, tendrá muchas más posibilidades de conseguir ese empleo que alguien con su misma antigüedad en el Instituto Armado.