La Guardia Civil anticipó al alcalde de Soria el registro pero le ocultó que era por corrupción
Los agentes aplicaron de forma estricta la ley sobre entradas en edificios públicos para evitar recursos en la causa
Carlos Martínez y Javier Antón, en el centro después de la transmisión de la vara de alcalde en abril. | Concha Ortega (Europa Press)
La Guardia Civil anticipó el lunes al alcalde de Soria, Javier Antón (PSOE), que al día siguiente habría un registro en dependencias municipales de la ciudad, pero le ocultó que era por un caso de corrupción y que habría detenciones, por lo que en el Consistorio causó una completa sorpresa lo sucedido en la jornada del martes. El registro se prolongó durante más de 11 horas y llevó a la dimisión de la concejal de Medio Ambiente y Turismo, Yolanda Santos, según precisan fuentes municipales a THE OBJECTIVE.
Los agentes hicieron en este caso «una aplicación estricta», de acuerdo a las citadas fuentes, de la ley sobre entradas policiales en edificios públicos con el fin de evitar recursos en la causa y una eventual anulación de la misma por defectos de forma. En concreto, se comunicó la víspera a Antón que habría un registro en virtud del artículo 564 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que regula el protocolo de comunicación y notificación judicial para realizar una diligencia de entrada y registro en edificios, lugares públicos o dependencias oficiales.
Sin embargo, fue una comunicación formal y no se le dijo al regidor en qué dependencia sería dicho registro. Solo cuando los agentes se presentaron con Santos en el Consistorio a primera hora de la mañana esgrimieron el artículo 547.1 del Lecrim para poder entrar en su despacho y en otras dependencias del principal edificio municipal de Soria. Un hecho que descolocó a Antón y su equipo de colaboradores, pues creían que el registro era para recabar documentos y no se imaginaban que fuese por un caso de «corrupción institucionalizada», que terminó con siete detenidos y todo el ayuntamiento en estado de «shock».
El propio alcalde quiso este jueves explicar a los grupos municipales lo ocurrido después de la polémica generada por el líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, quien confesó a El País que el lunes había recibido una información sobre el registro que se iba a producir al día siguiente. Antón reconoció a PP y Vox que fue el lunes cuando tuvo comunicación de que al día siguiente, el martes, iba a haber un registro de la Guardia Civil, como así ocurrió.
El PP detalló en un comunicado que, por la información trasladada en la Junta de Portavoces, saben que «el Ayuntamiento habría recibido el lunes 22 de junio, en torno a las 13.00, una comunicación informando de que al día siguiente se iba a practicar un registro en dependencias municipales». En el mismo sentido, fuentes de Vox confirmaron a EFE que los concejales de este partido habían sabido por el alcalde de la ciudad que esa información sobre el registro la tenían desde «el lunes a mediodía».
La causa, cuyas diligencias el juzgado ha declarado secretas, investiga hechos presuntamente constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El caso escala a Transición Ecológica
THE OBJECTIVE reveló el miércoles que la presunta organización criminal desmantelada este martes por la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria, con apoyo técnico de la Unidad Central Operativa (UCO), había escalado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que dirige la vicepresidenta tercera Sara Aagesen. Entre los seis detenidos por la Guardia Civil se encuentra Marta Viu Cuerda, actual jefa de sección en la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina en dicho Ministerio.
Licenciada en Biología Ambiental por la Universidad Autónoma de Madrid y funcionaria de carrera del Miteco desde 2009, Viu fue detenida en Madrid junto a otra persona, David Vicente Hernández. Las otras cuatro personas detenidas son la citada concejal y su marido, junto a las empresarias Ángela Blázquez Casado y Araceli Soler Garijo. Las seis personas fueron trasladadas a dependencias policiales —cuatro en Soria y dos en Madrid— tras más de 11 horas de registro en el Consistorio soriano y el miércoles quedaron en libertad con cargos.
¿Qué tienen en común la concejal del PSOE, Viu, Blázquez y Soler? Las cuatro han estado vinculadas en los últimos 20 años a la empresa Biosfera Soria SL, una sociedad creada en 2007 que se dedica al asesoramiento en materia medioambiental y a organizar actividades para los más pequeños en entornos rurales y campestres. La empresa recibió 366.878 euros de fondos públicos en un total de 13 contratos y subvenciones durante los últimos años.
La mayor parte de los contratos identificados proceden del Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE desde 2007. De los 13 expedientes localizados por este periódico, diez fueron adjudicados directamente por el consistorio soriano, mientras que los tres restantes corresponden a contratos promovidos por la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León.