Zapatero cobró 200.000 euros de una empresa pantalla para influir en el Gobierno de Bolivia
El grupo peruano Gloria habría evitado una multa boliviana gracias a las gestiones del expresidente español
José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional.
Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional destapa una serie de gestiones realizadas por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el Gobierno de Bolivia por encargo de un grupo empresarial peruano. Zapatero, según la UDEF, se habría servido de su «ascendencia pública internacional» para ejercer «influencias de caracter ilícito» por las que habría cobrado una comisión de 200.000 euros.
Zapatero, según describe la UDEF, habría hecho gestiones ante el presidente boliviano y varios ministros del país andino para librar al grupo peruano Gloria de una multa que ascendía a 100 millones de euros. Para esas gestiones, el expresidente habría viajado en dos ocasiones a La Paz y Sucre para desbloquear esa gestión.
Según entienden los investigadores, para instrumentar el pago de estas gestiones se suscribió en mayo de 2024 un contrato de asesoramiento anual entre Zapatero y la sociedad peruana Focus Social Research SAC, representada formalmente por Mariano Uldarico Martín Carranza. Una empresa pantalla que ayudó a camuflar la operación de influencia en Bolivia.
A través de este mecanismo de simulación contractual, el expresidente recibió una remuneración total de 200.000 euros, canalizada mediante tres transferencias bancarias específicas entre los años 2024 y 2025. El primer abono de 100.000 euros se registró en julio de 2024, mientras que los dos pagos restantes, de 50.000 euros cada uno, se materializaron de manera consecutiva en junio de 2025 tras la reactivación de las reclamaciones de cobro de su secretaría.
Los investigadores concluyen que Focus Social Research actuó como una mera sociedad interpuesta, ya que su objeto social -centrado en el marketing y la consultoría empresarial- carecía de vinculación real con los servicios de presión política efectivamente desplegados en suelo boliviano.
«Como ya se había expuesto con anterioridad, la mercantil Focus Social Research únicamente aparece en dos momentos, para la firma del contrato y para el abono de las facturas, no habiendo referencia alguna a gestión o asesoramiento practicado a favor de esta sociedad».
En esas tareas de influencia, Zapatero habría desplegado a través de su secretaria Gertrudis toda una red de contactos de alto nivel en Bolivia. La UDEF cita a María Nela Prada Tejada, ministra de la Presidencia del Gobierno de Bolivia, a Fabiola
Salazar, jefa de Gabinete del presidente, y a María del Carmen Almendras, embajadora de Bolivia en España en ese momento y hoy asesora de la firma Kreab, en la que también estuvo contratado Zapatero.
La encargada de realizar los contactos y organizar la agenda del expresidente era su secretaria, Gertrudis. Gran parte del material incorporado a este último informe sale precisamente del teléfono móvil de la veterana secretaria. Aparecen multitud de conversaciones con políticos de alto nivel en Bolivia como los antes referidos.
Según concluye la UDEF, «los hechos analizados en el presente informe apuntalan, a juicio de los investigadores, los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes».
Tal y como advierten los investigadores, «las reuniones presenciales se materializaron con ocasión de un viaje a La Paz y a Sucre en el que Zapatero participó en septiembre de 2024, viaje al que consiguió que también acudiera el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, así como dos de sus empresarios cercanos, los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón».