El CGPJ propone abrir expediente al juez Peinado con el voto de calidad de Perelló
El magistrado sugirió en un auto que la escolta de Begoña Gómez podría ayudarle a huir de la justicia
El juez Juan Carlos Peinado. | EP
Un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fracturado propone abrir expediente al juez Juan Carlos Peinado por una grave falta de consideración a la Policía Nacional. El magistrado sugirió el pasado sábado, en el auto con el que abría juicio oral contra Begoña Gómez y le retiraba el pasaporte, que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría huir del país con la colaboración de su escolta. La votación de la comisión permanente celebrada este lunes se ha saldado con un empate de cuatro votos que se ha decantado gracias al voto de calidad de su presidenta, Isabel Perelló, informan fuentes judiciales a THE OBJECTIVE. Los vocales del sector conservador han emitido un voto particular.
La reunión de la comisión permanente del CGPJ comenzó pasadas las 9.15 horas y se ha desarrollado durante una hora. Los vocales del órgano de gobierno de los jueces han estado divididos ante la decisión. Tanto que Perelló ha tenido que ejercer su voto de calidad para desempatar. Gracias a ello, ha salido adelante la remisión al promotor del expediente de Peinado «para que decida si las expresiones referidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son constitutivas de una falta grave del artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Dicho artículo considera falta grave «el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial». La reunión de la comisión permanente iba a celebrarse de forma telemática el domingo por la mañana, pero Perelló decidió aplazarla un día para permitir un debate sobre la cuestión.
Voto particular
Perelló convocó a los siete vocales de la comisión permanente (cuatro del sector conservador y tres del progresista) el sábado por la noche, solo unas horas después de que se hiciera pública la resolución de Peinado y de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, remitiera una queja en la que pedía al órgano de gobierno de los jueces que adoptara «las medidas que puedan resultar procedentes». Los cuatro vocales del ala conservador discrepan de la decisión de remitir el caso al promotor y han emitido un voto particular.
En un escrito de apenas dos páginas, los vocales del sector conservador sostienen que la decisión que tomó Peinado es «estrictamente jurisdiccional y revisable únicamente por la vía ordinaria». El voto particular insisten en que la revisión «no es competencia del CGPJ por vía disciplinaria» y recuerda jurisprudencia. Y concluye: «En consecuencia, cualquier actuación supondría inmiscuirse ilegítimamente en las competencias que únicamente corresponden a la Audiencia Provincial de Madrid vía de recurso; afectando a los principios de la jurisdicción y de independencia judicial».
Peinado dictó el pasado sábado un auto con el que abría juicio oral contra Begoña Gómez, a la que imputa cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. La resolución también sirvió para retirarle todos sus pasaportes, incluidos los diplomáticos; prohibirle salir de España y obligarle a comparecer dos veces al mes en el juzgado para evitar que eluda la acción de la justicia. El escrito hacia una alusión a la escolta de la mujer de Sánchez que soliviantó a los sindicatos policiales y generó un auténtico terremoto político.
El magistrado, que ha citado a Begoña Gómez este miércoles para que entregue el pasaporte, sugirió que los policías que la acompañan podrían ayudarle a fugarse. Su propio abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, ya había señalado que, en su condición de esposa del actual presidente del Gobierno, se encuentra en todo momento acompañada y custodiada por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que dificulta esa fuga.
El auto de Peinado
Peinado replica en el auto que, «de lo que no cabe duda es que esos agentes, en un momento determinado, pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».
«Pero además de lo anterior, y especialmente, trascendente es que, como se ha dicho, la condición de actual Presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga». Y añade Peinado: «Por lo que se refiere a la acusada María Cristina Álvarez [su asistente en Moncloa, a la que también envía a juicio e impone medidas cautelares] (…) debe colegirse que dispone de una situación similar a ella, a los efectos de disponer igualmente de los mismos medios para fugarse y eludir la acción de la justicia».
La afirmación motivó la reacción de los sindicatos de la Policía Nacional, que calificaron las palabras del juez que cerca a Begoña Gómez de «barbaridad», «preocupante» y «salvajada». El PSOE y Moncloa también la consideraron una decisión una «persecución injusta».
No es la primera polémica de Peinado durante la instrucción. El juez ya se refirió en un auto (repitió este sábado) que habría que remontarse al reinado del monarca absolutista Fernando VII para encontrar «conductas corruptas provenientes de palacios presidenciales» como las que, en su opinión, tejió la esposa de Sánchez en Moncloa.
El CGPJ ha estudiado en ocasiones anteriores actuar contra Peinado, pero hasta el momento no le ha sancionado. Hace unas semanas, la autoridad disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces propuso archivar siete quejas registradas contra el juez, pero la comisión permanente solo aprobó dar carpetazo a cuatro de ellas y le instó a seguir investigando las presentadas por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien denunció que el magistrado actuó de forma «irregular» cuando le interrogó como testigo en Moncloa y luego pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él.