El presunto testaferro de Zapatero será ‘desahuciado’ de su ático en la milla de oro
Los propietarios no renovarán el contrato de alquiler del inmueble de Diego de León 35 donde residía Julio Martínez
El testaferro de Zapatero será ‘desahuciado’ de su ático en la milla de oro de Madrid. | Teresa Gómez
El círculo más próximo a José Luis Rodríguez Zapatero perderá uno de los inmuebles que durante los últimos años se ha convertido en uno de los principales epicentros de la investigación sobre el rescate de Plus Ultra. Julito Martínez Martínez, señalado por la Policía como presunto testaferro del expresidente del Gobierno, se verá obligado a abandonar el ático de lujo que ocupa en plena milla de oro madrileña después de que los propietarios hayan decidido no renovar su contrato de arrendamiento.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el contrato de alquiler del inmueble situado en el número 35 de la calle Diego de León vence el próximo mes de septiembre y la propiedad ya ha comunicado su decisión de no prolongar la relación contractual. La vivienda, ubicada en una de las zonas más exclusivas del barrio de Salamanca, fue arrendada en 2021 y desde entonces ha servido de residencia habitual de Martínez, además de albergar la sede social de una de las mercantiles bajo sospecha en la investigación judicial.
La decisión pone fin a una etapa especialmente controvertida para los propietarios del inmueble. El ático quedó situado en el centro del foco mediático y policial después de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) irrumpieran en la vivienda el 11 de diciembre de 2025 en el marco de la operación relacionada con el rescate de Plus Ultra. Aquella actuación concluyó con la detención de Julito Martínez y la localización de una importante cantidad de efectivo distribuida en distintos escondites de la vivienda.
Fuentes conocedoras de la situación explican que los propietarios no tienen intención alguna de renovar el contrato una vez expire el plazo pactado. La decisión obligará a Martínez a buscar una nueva residencia y, previsiblemente, una nueva ubicación para las actividades empresariales que hasta ahora figuraban vinculadas a esa dirección. La medida supone además el cierre definitivo de un enclave que durante años ha aparecido de forma recurrente en los informes policiales y en las investigaciones sobre las conexiones entre el entorno de Zapatero, Plus Ultra y varios negocios relacionados con Venezuela.
La relevancia del inmueble va mucho más allá de una simple vivienda de alquiler. En esa dirección figuraba domiciliada la sociedad Análisis Relevante, creada por Martínez y señalada en las pesquisas policiales como una de las estructuras utilizadas para canalizar movimientos económicos vinculados a la trama investigada. La decisión de los propietarios adquiere aún mayor relevancia porque el inmueble se convirtió en una referencia obligada dentro de las pesquisas. No solo fue objeto de un registro policial de gran repercusión, sino que también aparecía asociado a varias de las sociedades analizadas por los investigadores. La vivienda pasó de ser un exclusivo ático del barrio de Salamanca a convertirse en uno de los escenarios más simbólicos de la investigación sobre las presuntas ramificaciones económicas del entorno de Zapatero.
Dos tramas, una misma familia de caseros
La salida de Julito Martínez del inmueble se produce meses después de que THE OBJECTIVE revelara otra llamativa coincidencia relacionada con ese mismo edificio. La trama del rescate de Plus Ultra y la presunta red articulada alrededor de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) utilizaron inmuebles separados por apenas unos metros y pertenecientes a dos hermanas de una misma familia. Mientras Martínez residía en el ático del número 35 de Diego de León, el número 36 lo utilizó Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI y uno de los nombres que aparecen vinculados a la investigación sobre la presunta trama de comisiones relacionada con el PSOE.
Las pesquisas sostienen que el inmueble alquilado por Fernández funcionó como un auténtico centro de operaciones. Aunque formalmente se trataba de una vivienda, los investigadores consideran que fue utilizado como despacho y lugar de encuentro para varios de los protagonistas de la trama. Desde allí se habrían celebrado reuniones y desarrollado actividades que actualmente forman parte de las diligencias judiciales. Entre los nombres que aparecen vinculados a ese entramado figuran Santos Cerdán, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. La documentación incorporada a la causa apunta a que en ese mismo espacio se impulsaron iniciativas destinadas a recabar información sobre grandes compañías del IBEX 35 y a desarrollar actuaciones de presión empresarial.
El registro que destapó el dinero oculto
La coincidencia entre ambos inmuebles fue aún más llamativa por el calendario de las actuaciones policiales. El 11 de diciembre de 2025 se produjeron de manera simultánea registros en los dos edificios. Mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervenía en el piso relacionado con la trama de la SEPI, la UDEF registraba el ático ocupado por Julito Martínez. Durante esa actuación, los agentes localizaron 286.070 euros en efectivo ocultos en diversos puntos de la vivienda.
El dinero apareció repartido en una bolsa de viaje, una bolsa de papel situada en el baño, una caja de vasos, una bolsa de golf, un radiador de calefacción y una bolsa navideña. El hallazgo reforzó las sospechas de los investigadores sobre la existencia de movimientos económicos opacos vinculados a la operativa bajo análisis. Los informes policiales sitúan a Martínez como una figura clave en el entramado económico investigado. Los agentes le atribuyen un papel de intermediación y gestión patrimonial que habría servido para ocultar la verdadera titularidad o destino de determinados fondos relacionados con negocios internacionales y con la propia Plus Ultra.
Una coincidencia desconocida para los propietarios
La relación entre ambos inmuebles no respondía a ninguna estrategia conjunta. Cada piso pertenecía a una hermana distinta y los contratos de arrendamiento fueron negociados de forma independiente. En el caso del ático ocupado por Julito Martínez, la gestión fue realizada por su secretario, Cristóbal Cano, que actuó como interlocutor con la propietaria desde la formalización del contrato en septiembre de 2021. Desde entonces, la vivienda permaneció vinculada al entorno empresarial del presunto testaferro de Zapatero.
Por su parte, el alquiler suscrito por Vicente Fernández tuvo una duración aproximada de un año. Según las fuentes consultadas, durante las negociaciones mostró escaso interés por las características concretas del inmueble, una circunstancia que llamó la atención de los propietarios y que posteriormente cobró significado a la luz de la investigación. Los caseros no fueron conscientes de la extraordinaria coincidencia hasta que THE OBJECTIVE publicó las primeras informaciones que conectaban ambos domicilios con dos de las investigaciones más sensibles para el PSOE y para el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, con la decisión de no renovar el alquiler de Diego de León 35, aquella singular conexión inmobiliaria afronta su desenlace definitivo.