Lo mejor de la semana: de la financiación del PSOE a la declaración de Zapatero
Repaso a la actualidad informativa, en forma de exclusiva, durante los últimos días en este periódico
Ilustración de Alejandra Svriz.
Los últimos días en THE OBJECTIVE han tenido varios nombres propios. Uno de ellos es el del comisario especial del Senado, Julián Leandro Puente Martín, destituido fulminantemente de su cargo al frente de la comisaría de la Cámara Alta por «pérdida de confianza».
Según se recoge en la resolución, notificada por el director general de la Policía Nacional, la destitución se hizo efectiva alegando «la forma de ejercer la responsabilidad del mando y liderazgo por el actual titular». Llega después de las quejas de algunos subordinados por la situación de «acoso, estrés y malestar generalizado» que motivaron sendas denuncias de los sindicatos policiales SUP y UFP que se convirtieron en despido tras las quejas por la supuesta inacción de los agentes del Senado a la hora de defender a la tertuliana Sarah Santaolalla durante su episodio en la Cámara Alta con Vito Quiles. De ahí que fuentes policiales denuncien un «cese político».
La financiación del PSOE
En los últimos días también han sido protagonistas el PSOE y sus investigaciones en torno a una presunta financiación ilegal en el partido que dirige el Gobierno. Hemos sabido que la Unidad Central Operativa (UCO) descubre que el PSOE pagó al menos 15.000 euros mediante facturas falsas de un mismo restaurante.
Según los últimos informes policiales, el PSOE habría abonado, como mínimo, 15.450 euros a través de facturas creadas ad hoc por un único establecimiento de restauración en apenas nueve meses. Este restaurante no era un local cualquiera, sino uno de los múltiples centros de operaciones habituales de la conocida como trama Ábalos. Los miembros de la red utilizaban este y otros locales hosteleros de forma recurrente para mantener reuniones discretas con diferentes empresarios. En estos encuentros se solicitaban y pactaban presuntamente comisiones ilegales a cambio de la adjudicación arbitraria de contratos públicos.
Unas revelaciones que han llevado a que el PSOE presente ante la Fiscalía Anticorrupción las exclusivas publicadas por THE OBJECTIVE sobre las facturas incorporadas a la investigación judicial de la presunta financiación irregular del partido. La formación socialista considera que la difusión de documentación procedente de una pieza declarada secreta podría constituir un delito de revelación de secretos por funcionario público y reclama que se investigue el origen de las filtraciones. Lejos de depurar responsabilidades, se vuelve a cumplir la máxima de «matar al mensajero».
Zapatero y la Justicia
Otro de los nombres propios de los últimos días, una semana más, ha sido el de José Luis Rodríguez Zapatero. A principios de semana les contamos que el caso Zapatero está en manos de Bolaños: Justicia decidirá si frena las pruebas de Estados Unidos. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha cursado una petición ante el Ministerio de Justicia para que haga las gestiones pertinentes ante Estados Unidos encaminadas a validar las pruebas obtenidas en 2021 del teléfono de Rodolfo Reyes, uno de los accionistas de la aerolínea Plus Ultra. De ese dispositivo salieron algunas de las pruebas clave que cercan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta influencia —con pagos de por medio— en la obtención del rescate público de 53 millones de euros.
La petición judicial para poder usar esas pruebas en el proceso se efectúa a través de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional de la cartera de Bolaños, un trámite que permitiría al Gobierno retrasar o incluso paralizar la validez de esas pruebas alegando que existen dudas sobre si ese volcado vulneró el derecho fundamental de Rodolfo Reyes a la inviolabilidad de sus comunicaciones, afectando a las garantías procesales de Zapatero. Extremo que ya ha planteado la defensa del expresidente.
El ‘caso Leire’
Una semana en la que hemos seguido conociendo nuevas revelaciones sobre la fontanera del PSOE, Leire Díez, y sus relaciones con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Les contamos que la directora de la Guardia Civil siguió hablando con Leire pese al aviso interno sobre la trama. La UCO ha constatado en su último informe del caso Leire que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, mantuvo al menos dos comunicaciones con la fontanera de Ferraz cuando ya conocía la existencia de la presunta trama que Leire Díez lideraba junto a Santos Cerdán para tratar de desacreditar a los investigadores de la UCO y las pesquisas que seguían contra dirigentes del PSOE y el entorno del presidente, Pedro Sánchez.
La máxima responsable del Cuerpo fue alertada, primero, por la Jefatura de Información de la Guardia Civil, el 29 de abril; y después por la unidad anticorrupción de la UCO, el 6 de mayo. Sin embargo, los investigadores han localizado contactos telefónicos entre ambas el 9 y 11 de mayo a través de WhatsApp.
La fontanería socialista
Una madeja de tramas entrelazadas que a mitad de semana volvió a poner el foco en el propio Partido Socialista. Supimos que la UCO conecta al PSOE con una consultora de operaciones «encubiertas» de EEUU. Guidepost, una firma estadounidense de «investigaciones privadas» que ha trabajado para la Colombia de Gustavo Petro y para algunos venezolanos vinculados a PDVSA, ha aparecido en el radar de la Unidad Central Operativa por el caso Leire Díez.
Dos empleados de esta empresa, entre ellos un supuesto periodista colombiano llamado Yohir Akerman y uno de sus colaboradores, se desplazaron a España para gestionar una serie de citas con la trama de la joven que denunció por presunto acoso sexual al fiscal anticorrupción José Grinda. Una de esas citas, en la que estuvo presente Santos Cerdán, tuvo lugar en la sede del PSOE en Ferraz. La empresa tiene un largo historial de operaciones de fontanería en Latinoamérica, donde se le relaciona con operaciones «encubiertas» para librar a clientes de problemas judiciales.
Los regalos de Zapatero
Aparte de eso, José Luis Rodríguez Zapatero ha cobrado otro protagonismo añadido por su comparecencia ante el juez por su imputación como presunto vértice de una organización criminal internacional. Hemos sabido en los últimos días que el expresidente del Gobierno dejó en Moncloa tricornios, ladrillos y otros 527 regalos, pero se llevó las joyas.
Un documento oficial fechado el 1 de marzo de 2012 al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE recoge todos los obsequios institucionales recibidos por el expresidente durante sus dos mandatos, de 2004 a 2011. Entre esos regalos hay tricornios, ladrillos, botellas, cuadros… pero no se encuentran las joyas de más de un millón de euros que la UDEF halló en su despacho, lo que evidencia que no fueron obsequios institucionales o que evitó entregarlos a Patrimonio Nacional, como obliga el reglamento que él mismo impulsó para los miembros del Gobierno.
El expresidente, ante el juez
Todo en una semana en la que han adquirido un gran protagonismo los audios de la declaración del expresidente ante el juez Calama o los chats extraídos de la investigación sobre la trama, que revelan que José Luis Rodríguez Zapatero influyó a favor de Plus Ultra en Venezuela.
Los mensajes obtenidos en los dispositivos intervenidos a Rodolfo Reyes en Estados Unidos muestran cómo los accionistas de la aerolínea echaron mano del expresidente del Gobierno para «saltar a la embajada» y conseguir los permisos necesarios para volver a operar entre España y el país sudamericano en la pandemia. La compañía presidida por Julio Martínez Sola recuperó la conexión de vuelos comerciales entre Madrid y Caracas a finales de marzo de 2021, apenas dos semanas después de su polémico rescate por 53 millones de euros. Iberia y Air Europa tuvieron que esperar a noviembre.