La Guardia Civil premiará con mejores destinos a los agentes que estén unos años en Cataluña

La Dirección General de la Guardia Civil ha aprobado un cambio en la normativa interna para premiar con mejores destinos a los agentes que pidan estar durante unos años en Cataluña. Se trata de la primera medida que el Cuerpo saca adelante para frenar el gran déficit de personal que padece la comunidad autónoma desde hace décadas, que ha provocado el cierre de numerosas unidades e incluso la pérdida de competencias en favor de los Mossos d’Esquadra. Esta medida fue anunciada el pasado viernes por la directora, Mercedes González, en la toma de posesión de la coronel Cristina Moreno Martínez como jefa de la comandancia de Barcelona.

Durante su discurso, González mostró su interés en promover el arraigo de los guardias civiles en Cataluña y habló por primera vez de esta figura, denominada «derecho preferente modelable», a la que el Cuerpo dio luz verde para la región el pasado jueves 11 de junio. Esta medida implica que, si el agente pide como destino Cataluña y está allí entre tres y seis años, posteriormente sumará el doble e incluso el triple de puntos para elegir el próximo puesto. Es decir, tendrá muchas más posibilidades de conseguir ese empleo que alguien con su misma antigüedad en el Instituto Armado.

Según reza el texto de esta norma, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el guardia civil que esté cuatro años destinado en una unidad donde hay déficit de agentes en Cataluña computará en el concurso de destinos como si, en realidad, hubiese estado 9,26 años. Si decide estar dos más (seis), le contará como si hubiese estado 17,84 años. Según explican fuentes de la Guardia Civil, esta especie de comodín no es nuevo; existe ya en otras regiones como País Vasco y Navarra por la peligrosidad del destino. La Dirección General ha decidido extenderlo ahora a otras comunidades para que el personal pida vacantes donde hay un grave déficit de plantilla.

Sin pluses económicos

Este cambio normativo, sin embargo, no implica un incentivo económico, que es lo que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil demandan desde hace años: la declaración de Cataluña como zona de especial singularidad (ZES), lo que lleva aparejado un plus mensual para los agentes. Esta figura también existe en Navarra y País Vasco; los agentes cobran hasta 600 euros más al mes. «Es la solución que se les ha ocurrido porque no hay dinero. El Gobierno ha pedido a la Dirección General que hiciese algo porque la situación es agónica, nadie quiere ir a ningún destino catalán», señalan a este periódico fuentes de la Benemérita.

La Guardia Civil ha ido reduciendo su presencia en la comunidad autónoma a pasos agigantados. Una situación que las asociaciones de agentes también relacionan con los pactos del Gobierno con los partidos independentistas. Sin ir más lejos, a finales del pasado abril el Estado Mayor de la Benemérita formalizó la supresión del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) que operaba en la Costa Brava y que tenía su sede en L’Estartit (Gerona). En el documento, al que tuvo acceso THE OBJECTIVE, la Guardia Civil justifica esta decisión por «razones operativas y de optimización de recursos humanos».

La ‘eliminación’ de dos unidades de élite

Esta unidad de élite, encargada de la búsqueda y rescate de personas, dejará de operar en la zona y sus componentes se integrarán en la plantilla de Barcelona, donde se ubica el único GEAS de toda la comunidad autónoma, integrado por 11 agentes. Fuentes de la Guardia Civil explican que el desmantelamiento de esta unidad ha sido progresivo. El puesto de L’Estartit estaba integrado por un mando y seis agentes, pero la Dirección General del instituto armado dejó de cubrir las vacantes durante los últimos años hasta dejar el grupo bajo mínimos, con tan solo dos miembros y finalmente ordenar su eliminación. La razón, probablemente, era que ningún agente quería optar a esos puestos.

Este mismo modus operandi es el que Interior también estaría adoptando para acabar con otra unidad de élite: el Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Gedex) en la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona, según denuncia la asociación de guardias civiles Jucil. A juicio de las asociaciones profesionales, estos movimientos se enmarcan en un plan «perfectamente orquestado» hace años entre el Gobierno y la Generalitat para sacar al Cuerpo definitivamente de Cataluña y dotar de todas las competencias a los Mossos. «Lo del GEAS de Gerona y el GEDEX es otra cesión a los independentistas».

Cesión de competencias en Cataluña

El inminente fin de las citadas unidades se produce poco después de que el Ministerio del Interior haya cedido otras competencias a los agentes catalanes. La más importante es la seguridad en puertos y aeropuertos y otra, que aunque todavía está en el aire, el Govern da por hecho: un supuesto control de fronteras compartido entre Mossos y los cuerpos de seguridad del Estado. Cabe destacar, no obstante, que esa competencia es exclusiva de la Policía, según la legislación. A estas dos se suman también algunas sobre investigación de delitos medioambientales, que hasta 2024 estaban en manos del Seprona de la Guardia Civil y se entregaron a la policía autonómica, tras un acuerdo de la cumbre bilateral Cataluña-Estado.

Además de estos compromisos sellados entre ambos ejecutivos, está la financiación por parte del Gobierno central para incrementar los efectivos de la policía catalana hasta los 25.000 y poder asumir progresivamente las competencias recientemente adquiridas. El compromiso adquirido en la comisión bilateral que encabezó hace un mes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, es que el Gobierno asuma un coste de 210 millones anuales hasta 2030; esto son 70.000 euros anuales por cada nuevo puesto que se cree. Mientras tanto, la Dirección General de la Guardia Civil sigue justificando que no habrá pluses económicos para aquellos que decidan marcharse ahora a Cataluña.