El informe sobre el acoso del comisario del Senado: el 39% de los agentes tenía ansiedad

El informe sobre los riesgos psicosociales de la Comisaría Especial de Senado tras las denuncias internas por acoso contra el que fuera su máximo responsable, Julian Leandro Puente, arroja que el 39% de la plantilla presentaba un nivel de riesgo alto o muy alto de ansiedad relacionado con el ámbito laboral. Por otro lado, el 52% padecía agotamiento emocional. Siete de cada diez policías sentían tensión y estaban desanimados en el trabajo. Y el 12% tenía estrés laboral crónico. Una serie de conclusiones, obtenidas por el Área de Prevención de Riesgos Labores de la Policía a partir de entrevistar con el 85% de la plantilla, tras las que la Dirección General decidió destituir al comisario el pasado viernes, según adelantó THE OBJECTIVE. 

La investigación interna de la Policía se inició a raíz de que, primero, el Sindicato Unificado de Policía y, después, la Unión Federal de Policías (UFP), elevasen distintas denuncias entre 2025 y 2026 por la situación de «acoso, estrés y malestar generalizado» que existía entre gran parte de los agentes bajo las órdenes del comisario Puente. Una situación de mobbing que había empujado a una quincena de policias a pedir otro puesto, cuando el Senado era de los destinos más solicitados; y por la que varios agentes se encontraban de baja médica, según señalaron fuentes policiales y recoge el informe oficial, que firman dos agentes y un inspector de la Subdirección de Recursos Humanos.

En las entrevistas que los profesionales realizaron a 83 agentes, «la mayoría aseguró que existía una situación estresante, falta de personal en distintos grupos y recursos para hacer su trabajo, así como un ambiente generalizado de malestar»,según recoge el documento, al que ha tenido acceso este periódico. Gran parte de los agentes también manifestaron tener «miedo». Un miedo que, destaca el informe, «se siente y se reconoce en los policias en su forma de moverse, de callar, de no decir lo que piensan»; y que se incrementó a raíz de que el comisario jefe del Senado tuviese conocimiento de la evaluación de riesgos psicosociales. Los entrevistados señalaron que esa percepción incluso había sido advertida entre los jefes intermedios.

«No se sienten apoyados por el responsable»

Otra de la cuestiones más repetidas en el informe es «la ambigüedad en las instrucciones y funciones a realizar» del mando, «contradictorias y cambiantes» que desencadenan «incertidumbre» entre los trabajadores; que «el grado de autonomía —de los agentes— es mínimo»; y que hay una «mala distribución de turnos», y un reparto inadecuado de trabajadores que «hace que unos están sobrecargos y otros no». Una serie de denuncias que lleva a afirmar a la mayoría que «no se sienten apoyados por el responsable, aunque sí por sus compañeros» y por la organización, es decir, la Policía Nacional.

Los agentes, destaca el dosier de RRHH, valoran al Cuerpo y su equipo de trabajo «por la confianza que les muestran». Ubican el problema únicamente en el responsable. De ahí, que el informe psicosocial destaque que el 82% de los funcionarios pertenecientes a la unidad se encuentren «muy satisfechos en el trabajo que realizan», pero con un factor relacionado con el aumento del compromiso organizacional, «que es es el grado en el que un empleado se identifica con una organización en particular y con las metas de ésta, ya que se observa que el 64% de los policias experimentan un alto o muy alto grado de compromiso». 

El incidente entre Vito y Santaolalla

«Estaban contentos con la función que desempeñan, pero no con el jefe. Mucha gente se vio obligado a ir de la Comisaría del Senado, pese a que habían estado bien anteriormente», explican fuentes policiales. La Dirección General de la Policía, una vez concluido el informe y la investigación interna, que se extendió entre marzo y mayo, alegó la «forma de ejercer la responsabilidad del mando y —su capacidad de— liderazgo» para apartarlo del puesto. Desde el entorno del comisario, sin embargo, denuncian que, en realidad, se trata de un «cese político» basado en «un informe prefabricado» que ha servido como coartada para echar al mando policial.

Estas mismas fuentes, según ha publicado THE OBJECTIVE, enmarcan la salida forzosa del comisario Puente por un incidente entre el activista Vito Quiles y la tertuliana Sarah Santaolalla, tras la participación de esta última en un acto organizado por los senadores socialistas en la Cámara alta. A su salida Quiles abordó a Santaolalla, y esta última le denuncio por acoso y agresión. Poco después, el juzgado la archivó habida cuenta de que no había ninguna prueba sobre esos hechos. Pese a ello, según el circulo próximo del comisario, Interior habría pedido igualmente «su cabeza» por no proteger a la colaboradora televisiva, y la prueba es que supuestamente la denuncia interna por acoso contra él se reactivó una semana después del suceso.

Desde el Sindicato Unificado de Policía defienden, sin embargo, que la evaluación de riesgos psicosociales de la Comisaría Especial del Senado fue realizada a petición expresa de la organización; y que si existe una investigación preventiva oficial sobre un clima laboral y la salud de los policias «es anterior a cualquier controversia publica posterior». «Un proceso como este tarda en activarse, las entrevistas se han realizado durante dos meses y él fue avisado en todo momento. Lo que no podemos mezclar ahora es la situación de acoso que hemos vivido con una destitución política. Su trayectoria, todos sus destinos previos, también avalan su cese», apuntan fuentes del SUP. 

«El verdadero hecho relevante no es una polémica concreta, sino que una evaluación oficial de riesgos psicosociales impulsada por el SUP detectó problemas graves que afectaban a la plantilla y obligó a la Administración a intervenir. La prevención de riesgos laborales no puede quedar eclipsada por debates políticos o mediáticos. Lo verdaderamente importante son los policías que durante años han tenido que desempeñar su trabajo en unas condiciones que finalmente han sido objeto de una actuación preventiva oficial», reclama una portavoz del sindicato mayoritario de Policía.

El «reguero de incidencias» del comisario

La investigación que ha culminado la Subdirección General de Recursos Humanos contra el que fuera de la Comisaría del Senado no es la primera inspección a la que se enfrenta. El mando policial arrastra «un preocupante historial de abusos» en sus destinos previos y ha dejado «un reguero de incidencias» en distintos departamentos policiales, según denuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Entre esas prácticas recurrentes, destaca un gran número de expedientes disciplinarios, un elevado número de quejas y alteraciones arbitrarias en puestos de trabajo de sus subordinados. 

De hecho, el citado sindicato ya solicitó una evaluación psicosocial en julio de 2024 cuando el responsable dirigía la Comisaría de Policía de Leganés, en Madrid. Entonces, «el miedo infundido bajo la amenaza constante de expedientes disciplinarios llevó a los agentes a percibir su destino como un castigo». El clima laboral era tan perjudicial que la tensión diaria, el estrés y el miedo a las represalias llevaron a los policías de la localidad madrileña a evitar usar los baños de la comisaría, prefiriendo salir a los bares de los alrededores por temor a encontrarse con el jefe policial, revelan fuentes sindicales. 

Esa inspección, sin embargo, nunca se realizó. Cuando se iba a proceder a esa revisión del entorno laboral, el mando fue reubicado en la Comisaría Especial del Senado. De tal forma que las condiciones psicosociales de dicha área policial se modificaron tan rápido que la evaluación de la comisaría de Leganés dejó de tener sentido.

Por otro lado, su etapa policial en la Jefatura de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, tampoco estuvo exenta de polémicas. En esa época, el clima laboral que instauró Julian Puente. derivó en la baja y posterior jubilación de un agente. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó una sentencia en firme en la que estableció un nexo de causalidad directa entre el «ambiente tóxico y acoso laboral generado en la unidad y el trastorno adaptativo ansioso severo que sufrió el policía». En el informe forense, los facultativos pudieron el foco en que «esos actos lesivos consistían en humillaciones, insultos e incluso burlas» por parte del mando.

Ahora, el comisario prevé iniciar una batalla legal contra el Ministerio del Interior. Según ha avanzado este diario, el mando recurrirá esta semana la decisión ante la justicia por considerar su «ilegal» y solicitará en las próximas horas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la adopción de medidas cautelarísimas de reingreso a su anterior destino en el Senado, por considerar que se trata de una decisión irregular que lesiona sus derechos y vulnera su legitima defensa en la tramitación del informe psicosocial, al que, advierte, no se le permitió presentar alegaciones.