Interior pone a una médico 'ilegal' en el módulo de Koldo y Ábalos en Soto del Real
Una facultativa sin título de especialista pasa consulta y receta fármacos a presos pese a que la legislación lo prohíbe
El exministro y su exasesor, en el Tribunal Supremo. | EP
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, órgano dependiente del Ministerio del Interior, sigue perpetuando su modus operandi para contratar de forma irregular a médicos en las prisiones. El departamento dirigido por Ángel Luis Ortíz contrata desde hace al menos tres años a facultativos interinos que no tienen el título de especialista, es decir, que no han hecho el MIR, contraviniendo la legislación. Prisiones justifica esas contrataciones para programas sanitarios especializados que, según denuncian fuentes penitenciarias, no existen en muchos casos. La realidad es que estos profesionales pasan consulta e incluso cubren guardias. Uno de estos casos es la médico del módulo 13 de la prisión de Soto del Real, donde están recluidos el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
Según revelan a THE OBJECTIVE fuentes penitenciarias, esta facultativa pasa consulta y receta fármacos a los internos de su sección, entre los que se encuentran los acusados del caso mascarillas, desde el pasado mes de marzo. La médico consiguió plaza como interina para trabajar en los citados programas de salud en la oferta que convocó Interior en enero de 2025. Hace tres meses, con la entrada de nuevos médicos de carrera en el penal madrileño, se cambió la distribución de módulos y el 13 recayó en esta profesional.
Ábalos y Koldo, que ingresaron en la prisión madrileña en noviembre del año pasado, han pasado por la consulta en más de una ocasión. De hecho, el exasesor del ministro de Transportes tuvo que recibir atención el 10 de marzo en la enfermería tras perder el conocimiento por un golpe con una pesa en el gimnasio de la cárcel. Un incidente que le sirvió para lograr evitar su traslado a Pamplona para comparecer presencialmente en el Parlamento de Navarra por diversas adjudicaciones públicas. El informe de una médico de Soto del Real incapacitó al recluso para el traslado que estaba programado ese día, según justificó su abogada, Leticia de la Hoz, ante el Tribunal Supremo.
Los médicos interinos en prisiones
Facultativos de carrera de la sanidad penitenciaria vienen denunciando desde hace meses la treta que sigue utilizando el Ministerio del Interior para contratar a los interinos, que, advierten, contraviene la norma que regula las profesiones sanitarias, que establece que para poder ejercer la medicina en España en el marco de las instituciones públicas es necesario estar en posesión del MIR. Estos interinos trabajan como médicos «no solo pautando medicamentos, sino además, cubriendo guardias», cuando deberían dedicarse exclusivamente a los cometidos fijados en sus contratos, revelan a este diario fuentes de diversos centros penitenciarios.
Para sortear esa obligación legal, Interior disfrazó la última resolución de interinos de sanidad penitenciaria con contratos para supuestos programas especializados en «educación para la salud, de higiene» o «contra la drogadicción» para aquellos que no tuviesen el título de especialista en medicina familiar, interna o psiquiatría. «Las personas aspirantes que no estén en posesión del título de médico especialista […] realizarán, entre otros, programas de prevención de las patologías infectocontagiosas más prevalentes (VIH, TBC, ITS), programas de educación para la salud, programas de protección de la salud, programas de higiene y salud medioambiental, programas de nutrición», decía la convocatoria.
«Es un insulto a los profesionales»
El día a día de estos médicos es totalmente distinto. «Estas personas no están habilitadas ni para diagnosticar ni mucho menos pautar medicamentos en instituciones penitenciarias, y aun así lo están haciendo. Esto obviamente supone un menoscabo hacia los médicos que sí cumplen los requisitos legales», critican facultativos penitenciarios. Esta situación se da en numerosas prisiones: en los centros de Estremera (Madrid); Cuenca; Topas (Salamanca); Tenerife I; Las Palmas I y II; Botafuegos (Algeciras); Morón (Sevilla) y Soto del Real (Madrid).
En este último penal, Madrid V, según denuncian fuentes penitenciarias, la dirección «insiste en la legalidad de que los interinos sin MIR ejerzan como médicos especialistas, a sabiendas del incumplimiento de dicha ley». Lo que, a juicio de estas mismas fuentes, «es un claro caso de prevaricación», habida cuenta de que perciben incluso el mismo sueldo que el resto de médicos que sí cumplen con lo establecido por la ley. «Es un claro insulto a los profesionales y un perjuicio a la calidad asistencial. Incluso pone en riesgo médico-legal a otros miembros del equipo sanitario, incluyendo al equipo de enfermería».
Falta de médicos y malas condiciones
En otras prisiones, como Villena (Alicante) y Valdemoro (Madrid), la situación es mucho más alarmante, porque prácticamente no hay médicos penitenciarios. Este colectivo denuncia la precarización de su profesión, mucho peor pagada que la de cualquier otro médico de su misma especialidad. Estos profesionales explican que «[son] muchos menos y [sus] demandas no tienen casi visibilidad, pero los reclusos también tienen derecho a la sanidad, al igual que [los médicos tienen] a cobrar lo que [les] corresponde por la gran responsabilidad que [asumen]», añadiendo que apenas cobran 15 euros por hora en las guardias, bien entre semana, sábados, domingos o festivos.
Actualmente, el Ministerio del Interior solo tiene cubiertas el 30% de las plazas de médico en las cerca de 80 prisiones españolas: 152 médicos para atender a decenas de miles de internos.