Interior autorizó dos meses de contravigilancias a Leire Díez en plena investigación de la UCO

Agentes de la Brigada Provincial de Madrid de la Policía Nacional organizaron un dispositivo de contravigilancia sobre Leire Díez en junio del pasado 2025. La orden partió del Ministerio del Interior, tras una petición de la propia Díez. Fuentes de la Guardia Civil destacan la gravedad de esta decisión, ya que se tomó en plena investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) contra Leire Díez y otros de los implicados en la trama del caso SEPI.

El ministro Fernando Grande-Marlaska mintió cuando aseguró que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, no se había reunido nunca con Leire Díez. Y volvió a mentir esta semana cuando aseguró que su Ministerio no había puesto ningún tipo de vigilancia o protección a la ya conocida como fontanera del PSOE. Solo unas horas después de asegurar esto último ante el Senado, el Ministerio reconoció que a Díez se le puso un equipo policial para labores de contravigilancia.

La revelación de Leire Díez fue objeto de un «servicio de contravigilancia», según explican a THE OBJECTIVE fuentes próximas a la investigación, y es «aún más grave que si se hubiera tratado únicamente de una escolta de protección dinámica o estática». Y es que la contravigilancia implica, en esencia, que los agentes designados a esa misión comprueben si la persona está siendo vigilada, tanto con seguimientos físicos como por medios electrónicos.

La clave en el asunto de la contravigilancia a Leire Díez son las fechas: la ahora imputada en el caso SEPI solicitó protección tras aquella rueda de prensa que ofreció a principios de junio de 2025, en la que se desligó de cualquier operación para desarticular causas judiciales contra el PSOE. En aquella rueda de prensa apareció por sorpresa el empresario Víctor de Aldama, que llegó a enfrentarse a ella y al socio de esta, Javier Pérez Dolset.

En pleno seguimiento de la UCO

Díez solicitó una orden de alejamiento para Aldama y una escolta, tal y como adelantó entonces este diario. Le fue denegada, pero Interior decidió colocar un equipo de contravigilancia con agentes de la Brigada Provincial de Madrid. Y lo hizo en un momento en el que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estaba siguiéndole la pista a Leire Díez y a la trama. Los agentes de la Guardia Civil habían puesto a Díez bajo el foco desde marzo de ese mismo 2025, momento en el que se reunió con el comandante Rubén Villalba y le confesó gran parte de los objetivos y operativa de la trama presuntamente encargada por la cúpula del PSOE. En esos meses, los investigadores seguían también la pista de la trama por la presunta utilización de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para cobrar comisiones a cambio de la obtención de rescates, el llamado caso SEPI.

Interior mantuvo esa contravigilancia entre el mes de junio y agosto, cuando, según el Ministerio, se volvió a analizar el riesgo sobre la figura de Díez y determinó que el riesgo era prácticamente inexistente. Durante esos dos meses en que operó la contrainteligencia policial, según Interior, «no se detectó» ningún tipo de seguimiento. Sin embargo, según fuentes de la investigación, durante ese periodo Leire habría recibido «instrucciones precisas para protegerse y evitar que le [intervinieran] las comunicaciones.

Díez volvió a solicitar este servicio de contravigilancia en noviembre de 2025, después de denunciar «llamadas sospechosas», aunque la valoración policial del riesgo resultó «muy bajo», por lo que no se adoptaron medidas.

En el caso de Díez, el Ministerio asegura que actuó «siguiendo el mismo protocolo y las mismas pautas que se aplican ante solicitudes similares», según las fuentes, que recuerdan que los servicios de seguridad y protección a las personas están regulados por la Secretaría de Estado de Seguridad.

Malestar en la Policía

La decisión generó un profundo malestar en el Cuerpo Nacional de Policía, especialmente en la Brigada Central de Escoltas, cuyos miembros la calificaron de «insólita», ya que ese nivel de protección estaba reservado para casos de altísimo riesgo o testigos protegidos, y no existía ninguna orden judicial que avalara la medida.

Desde distintos sindicatos y unidades policiales se criticó que se hubieran introducido recursos policiales en lo que consideraban un asunto político, sin pronunciamiento previo de ningún juez sobre la existencia real de un riesgo. El sindicato Jupol denunció un uso «abusivo e injustificado» del sistema de escoltas y señaló que España mantenía un modelo de protección «sobredimensionado» en comparación con los estándares europeos, donde las escoltas estaban reservadas exclusivamente para altos cargos en situaciones de peligro real.