Denuncian a un profesor en Jaén por impartir a menores de edad el taller 'Mariconízate'
Abogados Cristianos solicita a la Junta un expediente disciplinario y la retirada del programa de los institutos públicos
Imágenes de alumnos en clase. | Rocío Ruz (EP)
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una reclamación administrativa ante la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para que abra un expediente disciplinario contra un profesor del instituto de enseñanza secundaria Alfonso XI de Alcalá la Real (Jaén), al que acusa de utilizar el aula para difundir contenidos de carácter ideológico a través de un programa denominado ‘Mariconízate’.
La organización también reclama la suspensión de esta iniciativa en todos los centros públicos donde se esté impartiendo, al considerar que vulnera el derecho de los padres a decidir la formación moral de sus hijos y el principio de neutralidad ideológica exigible a la enseñanza pública.
El proyecto denunciado se desarrolla con alumnado de educación secundaria y está respaldado por la Universidad de Granada. Según expone Abogados Cristianos, las sesiones abordan exclusivamente cuestiones relacionadas con la homosexualidad y la identidad de género.
La iniciativa ya había adquirido notoriedad durante las últimas semanas tras varias informaciones y entrevistas concedidas por su impulsor. En una conversación con RNE, el profesor explicó que ‘Mariconízate’ nació como un programa de intervención psicoeducativa contra la homofobia en las zonas rurales y señaló que surgía de su propia experiencia personal tras sufrir insultos durante su etapa escolar. También indicó que el proyecto consta de ocho sesiones y que pretende resignificar el término «maricón» mediante actividades centradas en la empatía.
La reclamación presentada ante la Administración andaluza solicita expresamente tanto la apertura de un expediente disciplinario contra el docente como la paralización del programa en los centros públicos donde se esté impartiendo.
El argumento de la denuncia
El principal argumento jurídico de la reclamación se apoya en el artículo 27.3 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación moral conforme a sus propias convicciones. Abogados Cristianos sostiene que el contenido de estas charlas rebasa la función propia de la enseñanza reglada y entra en el terreno del activismo ideológico.
La organización invoca igualmente la Ley Orgánica del Derecho a la Educación y recuerda que los centros públicos deben actuar con neutralidad ideológica. A su juicio, el aula no puede convertirse en un espacio destinado a difundir postulados políticos o identitarios, con independencia del contenido concreto que se pretenda trasladar al alumnado.
La denuncia administrativa se dirige contra un profesor concreto del IES Alfonso XI, aunque la petición va más allá del caso individual. La entidad pretende que la Consejería suspenda el programa en el conjunto de la red pública andaluza mientras analiza su adecuación al marco legal.
El precedente de Alcalá de Henares
La organización apoya además su denuncia en un precedente disciplinario que considera comparable en el ámbito educativo. La organización recuerda que un profesor de Biología de Alcalá de Henares fue suspendido de empleo y sueldo durante seis meses tras explicar en clase la existencia de dos sexos desde una perspectiva biológica.
A partir de ese caso, sostiene que la Administración no puede aplicar criterios distintos ante situaciones que, a su juicio, afectan igualmente a la neutralidad exigible en las aulas. La entidad afirma que no abrir ahora un expediente disciplinario supondría un trato arbitrario y contrario al principio de igualdad en la aplicación del régimen disciplinario.
«La escuela pública está para enseñar»
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha vinculado la denuncia con la defensa de la neutralidad en la enseñanza pública. «La escuela pública está para enseñar, no para convertir las aulas en espacios de activismo ideológico. Los menores tienen derecho a recibir una educación libre de adoctrinamiento y los padres a decidir la formación moral de sus hijos».
Castellanos añade además que «si la Junta de Andalucía actuó disciplinariamente en otros casos relacionados con el ámbito educativo, no puede ahora mirar hacia otro lado cuando un docente utiliza las aulas para promover una agenda ideológica completamente ajena a la enseñanza reglada».
THE OBJECTIVE se ha puesto en contacto con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para recabar su versión de los hechos. Al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.