El Gobierno acuerda trasferir a las autonomías 29 millones para «educación inclusiva»

Cada martes les acerco un breve resumen de lo que el Gobierno acuerda en la celebración de ese aquelarre decadente en que se ha convertido el Consejo de Ministros. El ejecutivo gestiona el país de espaldas al resto de poderes, y lo hace mientras se suceden los apocalipsis diarios que nos lanzan por tierra, mar y aire para mantenernos fijos en el marco que les interesa. 

A cada cortina de humo se sucede un desembolso notable de dinero público que suele acabar en entes internacionales (de utilidad algo más que cuestionable) y en aparato secundario o terciario que no genera ningún tipo de beneficio a la ciudadanía. Vean una parte de lo acordado esta semana:

• Contribuciones voluntarias. El Gobierno acuerda la distribución de casi 1.200.000 euros a 14 entes internacionales muy diversos. De los más llamativos son los 219.638 euros que recibe el Centro Bruegel (think tank europeo que promociona el endeudamiento infinito y políticas climáticas diversas), los 228.097 euros que se lleva la «Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad» y los 275.000 euros que van a parar a la «Secretaría General Iberoamericana para el programa iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo». 

• Autorizaciones y modificaciones de límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en varios ministerios. Destacan uno del Ministerio de Hacienda, para arrendamiento del suministro de impresoras, equipos multifuncionales y escáneres; y otro del Ministerio de Cultura para encargar a la Fábrica de Moneda y Timbre y Correos la gestión de la convocatoria de ayudas al «Bono cultural joven», entre otros muchos. No se nos dice cuánto se prevé gastar en todos estos programas. 

• Distribución territorial de los criterios de reparto de créditos gestionados por las CCAA destinados a varios programas; entre ellos destaca el de «Educación Inclusiva» (Fondo Social Europeo+) por valor de 28.723.818 euros. Desconocemos, aunque podemos imaginarnos, los criterios de inclusión que usa el gobierno para destinar este dinero a las CCAA. 

• Reformas en el Parador de Carmona (Sevilla). El importe de las mismas será, Dios mediante, de 728.879,66 euros. Se hace por el procedimiento de emergencia decretada por la entidad Turespaña y tendrá como objetivo paliar los daños provocados por las lluvias. 

• Proyecto de ley del Gobierno para imponer la sanidad pública sin invertir en ella ni un céntimo más. Se dificulta el acceso a la sanidad privada para paliar el colapso evidente de la sanidad pública. Para ello se tiraría de burocracia (lo llaman eufemísticamente «Evaluación previa obligatoria») y de la actividad de un organismo llamado Oficina Nacional de Evaluación para dificultar el cobro que pudiera establecerse por la sanidad privada. Si se aprueba, la situación de la sanidad pública va a ser extrema; además de introducir de un tirón más de un millón de pacientes (por la regularización), se va a dificultar la externalización de servicios y contrataciones privadas, con lo que el colapso será más que previsible. Pero claro, es una competencia autonómica…