Los vocales conservadores del CGPJ plantan cara a Perelló por pedir expedientar a Peinado
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propone abrir expediente al juez Peinado con el voto de calidad de Perelló
Vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Guerra abierta en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La decisión de la comisión permanente de proponer la apertura de un expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado por una supuesta falta de consideración a la Policía Nacional ha dinamitado los puentes en el órgano de gobierno de los jueces. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, los cuatro vocales del ala conservadora —Alejandro Abascal, José Eduardo Martínez Mediavilla, José Carlos Orga Larrés e Isabel Revuelta de Rojas— han firmado un durísimo voto particular en el que muestran su total discrepancia con la presidenta Isabel Perelló.
El bloque conservador rechaza de plano que Perelló utilizara este lunes su voto de calidad para romper el empate (4 a 4) y dar curso a la remisión del caso al Promotor de la Acción Disciplinaria. Los cuatro vocales mencionados «discrepan de la referida decisión, no compartiéndola, entendiendo que no procede remitir el Auto al Promotor de la acción disciplinaria ni aplicar el citado artículo 418.5». El núcleo de la argumentación de los magistrados radica en que el polémico párrafo del auto del juez Peinado —donde sugería que la escolta de la esposa del presidente podría facilitar su huida— forma parte de la motivación de una resolución judicial. «A través de las expresiones que la mayoría de la Comisión Permanente considera que justifican ordenar al Promotor de la acción disciplinaria la iniciación de un expediente disciplinario, el Magistrado está explicando los motivos por los que él entiende que procede su decisión de adoptar medidas cautelares», reza el texto del voto particular al que ha tenido acceso este periódico.
Para los firmantes, «esa decisión es estrictamente jurisdiccional y revisable únicamente por la vía ordinaria de los recursos que caben contra ella, sede natural en la que puede apreciarse una eventual ausencia, insuficiencia o desacierto de la motivación». Por tanto, sostienen de forma tajante que «ese juicio revisor no es competencia del CGPJ por vía disciplinaria; y ello en observancia y aplicación de la Jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo».
El bofetón de la jurisprudencia del Supremo
Para fundamentar su postura, los cuatro vocales conservadores tiran de la jurisprudencia del propio Alto Tribunal. Recuerdan que la sanción gubernativa a un juez es posible «siempre que con ella no se limite o coaccione el ejercicio independiente de la función jurisdiccional, no incidiendo en las valoraciones jurídicas que determinan la resolución o el fallo». En concreto, citan una sentencia de la Sección 6ª del Tribunal Supremo del 19 de julio de 2024 para explicar que, en casos análogos donde se alegaba una posible falta de exceso o abuso de autoridad (artículo 418.5 de la LOPJ), no puede apreciarse tal infracción si la finalidad del juzgador era «detallar, (…), aquellos elementos (…) que justifican, a su juicio» la resolución adoptada.
El pulso en el seno del CGPJ deja una advertencia de enorme gravedad institucional. Los vocales conservadores concluyen su escrito alertando de que el Consejo se está saltando las reglas del juego para inmiscuirse en una competencia que no le pertenece:
«En consecuencia, cualquier actuación del C.G.P.J sobre este particular supondría inmiscuirse ilegítimamente en las competencias que únicamente corresponden a la Audiencia Provincial de Madrid en vía de recurso; afectando a los principios constitucionales de exclusividad de la jurisdicción y de independencia judicial». Fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE señalan que este movimiento evidencia la asfixiante tensión política que rodea el procedimiento y lamentan que el bloque progresista del CGPJ haya abierto una grieta insalvable en el reñido estreno del mandato de Isabel Perelló.