El juez Peinado manda a juicio a Begoña Gómez y le retira el pasaporte para evitar su fuga

Begoña Gómez irá a juicio con jurado. Una decisión que el juez Juan Carlos Peinado extiende a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. La acusación popular, que dirige Hazte Oír, y la Universidad Complutense se habían mostrado a favor de la vista en la audiencia preliminar del pasado lunes, mientras que las defensas y la Fiscalía defendieron el archivo de la causa. El magistrado también impone medidas cautelares a las dos primeras para evitar el riesgo de fuga «durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme». Les retira el pasaporte, les prohíbe salir de España y les obliga a comparecer dos veces al mes en el juzgado.

Peinado ha adoptado este sábado una medida inaudita en la historia democrática de España. En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el juez ha retirado el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno y a su asistente. La medida se extiende «a cuantos pasaportes pudieran disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático, con prohibición expresa de expedir uno nuevo». Las acusaciones populares ya lo pidieron en noviembre de 2024, con motivo del viaje que tenía previsto Begoña Gómez a la cumbre mundial del G-20 en Brasil.

El juez prohíbe a Begoña Gómez y a Álvarez salir de España «debiendo oficiarse a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares, para que se evite incumplir esta obligación». Además, les obliga a comparecer cada 15 días en los juzgados, tal y como solicitaba la acusación popular. Hazte Oír también reclamó a Peinado, aunque sin éxito, que impusiera medidas económicas contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tales como la imposibilidad de disponer de las participaciones de la sociedad, de las marcas registradas ni del software por el que se le investiga.

Colaborar en la fuga

El magistrado sostiene que, aunque Begoña Gómez se encuentre acompañada por las fuerzas de seguridad por su condición de esposa del presidente del Gobierno, «no cabe duda» de que «esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia». Peinado insiste en que el cargo de Sánchez es «efímero», por lo que el acompañamiento desaparecerá «lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga».

Con la decisión de enviarla a juicio, Peinado da por concluida la instrucción de la causa contra Begoña Gómez, que ha durado más de dos años. El juez cumple el próximo septiembre 72 años, edad tope que fija la ley para jubilarse, por lo que ha acelerado la investigación. El magistrado investiga a la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Begoña Gómez acudió este lunes a una audiencia preliminar que el juez fijó a la misma hora que debutaba la Selección española en el Mundial de fútbol. La esposa del presidente del Gobierno acudía por quinta vez a los juzgados de la Plaza de Castilla y, de nuevo, accedió por el garaje. Su llegada se produjo minutos después de la hora prevista, lo que retrasó la vistilla. Fuera, una veintena de manifestantes. Los otros dos investigados llegaron a pie.

Peinado ya propuso el pasado 24 de septiembre que, en caso de llegar a juicio su causa por malversación, Begoña Gómez fuese juzgada por un jurado popular. Días más tarde, el juez amplió esa fórmula a los otros delitos. El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece que los delitos que se le imputan puedan ser juzgados por un jurado popular. La Audiencia de Madrid ya corrigió al magistrado en octubre rechazando que dividiera el caso en varias piezas, por lo que rectificó y las unió todas.

La posición de Begoña Gómez

La fórmula del tribunal popular no es inédita en nuestro país, pero sí poco habitual. Los jurados populares existen en España desde 1995, cuando el Congreso aprobó la Ley Orgánica del Tribunal Jurado con el apoyo de PSOE, IU y los partidos nacionalistas. El PP se abstuvo y solo varios diputados del Grupo Mixto votaron en contra. Desde entonces hasta el año pasado, último ejercicio con datos, el 89,9% de las sentencias han sido condenatorias.

La audiencia preliminar estaba prevista para el pasado 9 de junio, pero Peinado la pospuso tras sendos recursos del abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho. El letrado alegó que ese mismo día debía acudir a unas declaraciones en los juzgados de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) que se fijaron antes de que se citara a la esposa de Sánchez. Días después, Camacho volvió a recurrir la citación al considerar que el magistrado tiene «excesiva prisa» por convocarla y que esa «velocidad de crucero absolutamente (es) incompatible» con las «garantías de proceso penal en un Estado democrático».

El abogado de Begoña Gómez señala en ese escrito que es «jurídicamente inaceptable» la fundamentación de Peinado que desliza la posibilidad imponer alguna medida cautelar «de carácter personal» a su clienta y a los otros dos acusados. Camacho también critica que el juez haya negado ratificar los informes periciales para negar un daño patrimonial a la Complutense con el software del que se habría apropiado y que no haya citado al otro director de la cátedra extraordinaria, José Manuel Ruano.

El abogado considera «imprescindible» su declaración porque, «si la acusación centra parte esencial de su imputación en la actividad desarrollada por Begoña Gómez en la cátedra extraordinaria, resulta imprescindible escuchar al otro director de dicha cátedra antes de adoptar esa trascendental decisión». Además, reprocha a Peinado que haya admitido «decenas de testigos propuestos por las acusaciones» mientras deniega «la práctica totalidad» de los propuestos por la defensa porque eso supone «una quiebra del principio de igualdad de armas».

Pendientes de la Audiencia Provincial

La citación se produjo solo un día después de que trascendiera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Begoña Gómez. Los investigadores subrayan que registró a su nombre el software de la Complutense, que se ha personado en el procedimiento y le reclama 113.000 euros. También sostienen que Álvarez le ayudó en sus gestiones privadas.

Peinado dio el paso después de que la defensa, la Fiscalía y la acusación popular presentaran sus escritos de conclusiones. Hazte Oír mantiene la petición de 24 años de cárcel, pero en un nuevo escrito introdujo el agravante de prevalecerse de su condición de esposa del presidente del Gobierno. Camacho ya alertó a la Audiencia de Madrid de que el juez desestimó las quejas de las defensas sin motivación alguna y pidió que la vistilla no se celebrara hasta que el órgano provincial resolviera los recursos pendientes.

La acusación popular reprocha que las defensas de Begoña Gómez y de los otros dos investigados recurran sistemáticamente todas las resoluciones judiciales con la intención de dilatar la causa. Peinado comenzó a investigar a Begoña Gómez en abril de 2024, tras una denuncia presentada por Manos Limpias. Más tarde amplió la causa con querellas impulsadas por Hazte Oír y Vox. El juez indagó sobre la actividad profesional de la esposa del presidente con empresarios y su relación laboral con la Complutense. El magistrado también trata de determinar si hubo malversación en la contratación de Álvarez como asistente en Moncloa.