La acusación popular solicita 24 años de prisión para Begoña Gómez por cuatro delitos
El escrito también reclama que comparezca cada 15 días en el juzgado y que se le retire el pasaporte por «riesgo de fuga»
Begoña Gómez y Pedro Sánchez en un acto durante su viaje a China. | A. Martínez Casares (Reuters)
La acusación popular solicita 24 años de prisión para Begoña Gómez por cuatro delitos. Hazte Oír, que lidera la acusación, ha presentado este lunes un escrito al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en el que reclama 22 años de prisión para su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés. El documento también pide que les retire el pasaporte «por riesgo de fuga», les prohiba abandonar España sin autorización judicial y comparezcan cada 15 días en el juzgado. El pasado 11 de abril, el juez Juan Carlos Peinado cerró la instrucción y propuso juzgar con jurado popular a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, reclama que se cite como testigo en el juicio a Sánchez, ya que «interesa en cuanto a su relación con la acusada y la utilización de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto». La acusación popular también exige que se impongan a los procesados una fianza para asegurar responsabilidades pecuniarias, aunque no cuantifica la cantidad exacta. Begoña Gómez está investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, ya que Peinado archivó las actuaciones por el delito de intrusismo profesional.
La defensa de Begoña Gómez, que ejerce el exministro socialista Antonio Camacho, ha solicitado anular el auto de procesamiento al considerar que los delitos de su clienta «no están acreditados». Además, criticó a Peinado por realizar una investigación «anormalmente acelerada» y vulnerar sus derechos fundamentales por querer llevarla a juicio sin resolver previamente sus recursos. La misma maniobra que ha solicitado Álvarez ante la Audiencia Provincial del Madrid.
Begoña Gómez en Moncloa
La petición de cárcel a Begoña Gómez se desgrana en seis años por el presunto tráfico de influencias poe sus actividades en la Universidad Complutense de Madrid; cuatro por corrupción en los negocios; ocho por malversación por usar a Álvarez para sus intereses privados y seis por apropiación indebida, en lo referente al polémico software que desarrolló para la institución académica y, supuestamente, habría utilizado para fines lucrativos.
La acusación popular sostiene que la investigación ha demostrado que Begoña Gómez utilizó su posición institucional para influir en decisiones públicas y obtener ventajas económicas y profesionales en el ámbito privado y universitario. Según esta, la llegada de Sánchez a Moncloa en junio de 2018 incrementó su capacidad de influencia e interlocución con administraciones y grandes empresas siendo «consciente en todo momento de todo ello y, por tanto, de la capacidad de influir en otros por sus vínculos personales».
El escrito subraya que Begoña Gómez y Barrabés desarrollaron una relación de colaboración con potencial beneficio económico para ambos. La acusación popular destaca que la esposa del presidente del Gobierno apoyó a sus empresas con dos cartas de recomendación en un procedimiento de adjudicación pública de Red.es en las que el empresario aragonés logró 10,6 millones de euros. Hacienda ya detectó irregularidades en la concesión de los concursos públicos que investiga la Fiscalía Europea.
Barrabés, destaca la acusación popular, habría ayudado a Begoña Gómez a poner en marcha su polémica cátedra extraordinaria en la Complutense y a la posterior captación de fondos con empresas. También ve relación en la creación del software que la esposa de trató, supuestamente, de apropiarse en beneficio propio. El escrito señala que la investigada ofrecía a potenciales clientes su interlocución institucional para lograr apoyos, obteniendo «financiación, desarrollo tecnológico, trabajo especializado y consolidación de una red de relaciones útiles», lo que le permitió «disponer de un activo tecnológico y relacional de alto valor sin asumir personalmente su coste real de mercado».
El papel de Barrabés
En el caso de Álvarez, la acusación popular sostiene que su nombramiento se produjo por la relación personal con Begoña Gómez y que no se valoró adecuadamente méritos o experiencia. El escrito insisten en que, una vez incorporada, la asistente en Moncloa habría desempeñado funciones vinculadas a la actividad privada y profesional de la esposa del presidente del Gobierno pese a haber sido retribuida con 400.000 euros públicos desde su fichaje en julio de 2018.
Peinado ya sostuvo en sus autos que Begoña Gómez había aprovechado su relación con Sánchez para acceder a instituciones con carácter excepcional y que su mera condición de «esposa de» habría sido suficiente para tejer influencias. También resaltó las reuniones que habría mantenido en el Completo de La Moncloa, donde fue a visitarla en julio de 2020 el rector de la Complutense, Joaquín Goyache. El fichaje de la esposa del presidente del Gobierno por el IE África Center, en agosto de 2018, también coincide con la llegada de su marido a la presidencia del Gobierno.
La semana pasada, Manos Limpias, una de las acusaciones populares, ya reclamó diez años de cárcel para Begoña Gómez, aunque solo por dos delitos: tráfico de influencias y malversación. La organización que preside Miguel Bernad optó por no acusar a Cristina Álvarez y solicitó para Barrabés una condena de dos años y tres meses de prisión por tráfico de influencias.