Derribar la monarquía: el Pacto de San Sebastián (1930)

El Pacto de San Sebastián no fue el germen de un proyecto democrático de Estado, sino la herramienta para derribar la monarquía y asumir el poder. Reunidos el 17 de agosto de 1930 en un piso discreto de la calle Garibay, líderes republicanos como Lerroux y Azaña, monárquicos resellados como Alcalá-Zamora, o los nacionalistas catalanes, no diseñaron una arquitectura institucional ni un programa de país: acordaron, simplemente, cómo acabar con la monarquía. Lo que allí se fraguó fue lo que llamaron un «pacto entre caballeros» destinado a preparar la «colchoneta» sobre la que debía caer España cuando Alfonso XIII fuese desalojado del poder. El único horizonte compartido era la creación de un Gobierno provisional, un comité de urgencia que asumiera el mando en cuanto el régimen se derrumbara. Sin más plan que asumir el poder, sin un proyecto constitucional definido y sin consenso sobre la cuestión territorial, el pacto convirtió una oposición dispersa en una maquinaria coordinada para la demolición del sistema. Su éxito —y su límite— fue ese: unir para destruir, no para construir.

Tras la marcha de Primo de Rivera a París —donde moriría poco después víctima de un coma diabético—, el Rey cometió el que José Ortega y Gasset bautizó como «el error Berenguer»: Alfonso XIII confió el destino de España al general Dámaso Berenguer, basándose más en la lealtad de una amistad personal que en la capacidad de mando de un militar que debía devolver al país a una normalidad constitucional ya imposible de resucitar. El proyecto de Berenguer de convocar Cortes ordinarias bajo el sistema de 1876 era muy ingenuo: pretendía hacer borrón y cuenta nueva tras siete años sin Constitución.

Mientras Berenguer intentaba restaurar los principios de la vieja legalidad, los cimientos del Palacio de Oriente se resquebrajaban por las deserciones. No eran solo los republicanos de toda la vida los que afilaban los cuchillos; la verdadera puñalada vino de los «monárquicos de ayer». Personajes como Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, hijos de la élite del régimen, decidieron que el futuro no llevaba corona. Alcalá-Zamora puso sus condiciones en el teatro Apolo de Valencia el 13 de abril de 1930, advirtiendo que no pensaba ser el Kerensky de una república convulsa. Aquel discurso fue la primera piedra del edificio republicano, declarando que la legalidad monárquica era imposible de reconstruir.

El calor de ese verano no amilanó a los conspiradores. La cita fue el 17 de agosto de 1930 en San Sebastián, ciudad de tradicional veraneo de la Casa Real. El plan original era reunirse en el lujoso Hotel de Londres, pero el gerente, alarmado por la invasión de políticos republicanos que se mezclaban con los turistas, sugirió buscar un lugar menos ruidoso. Finalmente, la reunión se trasladó al primer piso del número 4 de la calle Garibay, sede del Círculo Republicano.

A la reunión acudieron representantes de casi todo el espectro republicano: desde los radicales de Alejandro Lerroux hasta los reformistas de Manuel Azaña, pasando por los radical-socialistas de Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza, los liberales republicanos de Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, y los nacionalistas catalanes y gallegos representados por Manuel Carrasco Formiguera, Matías Mallol Bosch, Jaume Aiguader y Santiago Casares Quiroga.También asistieron, a título personal, figuras de peso como Indalecio Prieto, Felipe Sánchez Román y Eduardo Ortega y Gasset, mientras que Gregorio Marañón envió su adhesión por escrito.

Lo que allí ocurrió no fue la firma de un tratado solemne, pues no se redactó ni se firmó documento alguno. Fue un «pacto entre caballeros», un compromiso de servir a un anhelo político frente a su conciencia y la historia. Miguel Maura confesaría más tarde que el objetivo era preparar la «colchoneta» en la que debía caer el cuerpo nacional cuando llegara el cambio de régimen.

El gran escollo de la reunión fue, como de costumbre, la cuestión catalana. Los representantes de Acció Catalana y Estat Catalá exigieron el derecho de autodeterminación. La discusión fue agria. Mientras Álvaro de Albornoz se mostraba agresivo ante las pretensiones nacionalistas, Alcalá-Zamora, haciendo gala de su preparación jurídica, matizó la necesidad de unas Cortes Constituyentes para dar encaje a la autonomía. Miguel Maura calificó la propuesta de «perturbadora» en aquellas circunstancias. Sin embargo, se consiguió la adhesión de los nacionalistas catalanes, un paso decisivo para la futura República.

Por su parte, el socialismo jugaba a dos bandas. El PSOE no participó oficialmente, pero días después de la reunión, Azaña y Prieto se entrevistaron en Madrid con Largo Caballero y Julián Besteiro, logrando que los socialistas prestaran su acuerdo a lo tratado. Al final, los socialistas se sumaron al Comité Revolucionario, que se convirtió en un auténtico «Gobierno provisional» a la espera del golpe final.

Lo más asombroso de este periodo, que la historiografía ha denominado con desprecio la «dictablanda», fue la pasividad del Gobierno. El general Emilio Mola, entonces Director General de Seguridad, confesaría más tarde que solo tuvo noticias del Pacto de San Sebastián tres días después, y que ni el ministro de la Gobernación ni el presidente del Consejo le dieron la importancia que merecía. Mola recibió información de que personalidades republicanas habían coincidido en la ciudad, pero no pudo concretar detalles por la reserva que guardaban los asistentes.

Esa inacción gubernamental permitió que los conspiradores pasaran de las palabras a los hechos. El Comité Revolucionario, nacido de la reunión de San Sebastián, comenzó a preparar un levantamiento cívico-militar. El plan consistía en una insurrección armada desde los cuarteles combinada con una huelga general en la calle. El 12 de diciembre de 1930, los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández se precipitaron en Jaca. Fue un movimiento prematuro y chapucero que se adelantó a la fecha prevista del 15 de diciembre, para disgusto del Comité Revolucionario. A pesar de proclamar la República en el Ayuntamiento de Jaca e izar la bandera tricolor, los rebeldes perdieron un tiempo valioso y fueron derrotados rápidamente.

Aunque el levantamiento de Jaca fue un fracaso militar, su ejecución el 14 de diciembre convirtió a Galán y García Hernández en los primeros mártires de la Segunda República. El Gobierno ordenó el fusilamiento, un error que transformó la derrota en una victoria moral para el movimiento republicano. El descrédito del Rey por no conceder el indulto fue absoluto. Mientras tanto, en Madrid, el Comité Republicano era detenido tras el fallido intento del aeródromo de Cuatro Vientos. El 15 de diciembre de 1930, tres días después del fracaso de la sublevación de Jaca, Gonzalo Queipo de Llano, entonces general en la reserva y presidente del Comité Militar Republicano, encabezó junto al comandante Ramón Franco la toma del aeródromo madrileño con el objetivo de proclamar la República y desencadenar un levantamiento militar contra el gobierno de Berenguer y la monarquía de Alfonso XIII. Según las crónicas contemporáneas, Queipo y Franco forzaron la guardia, detuvieron a los oficiales presentes y se hicieron con el control de la base, desde la cual despegaron varios aviones que sobrevolaron Madrid lanzando octavillas llamando a la insurrección y esperando una huelga general dirigida por la UGT que nunca ocurrió. El plan inicial contemplaba el bombardeo del Palacio Real, pero desistieron. Queipo y Franco escaparon, no así el Comité Revolucionario, que fue detenido en Madrid.

La monarquía ya era la pieza a batir. La aparición del manifiesto de la Agrupación al Servicio de la República, firmado por Ortega, Marañón y Pérez de Ayala en febrero de 1931, aisló más a Alfonso XIII. El escrito llamaba a la movilización contra la monarquía porque la consideraba un régimen oligárquico que vivía de espaldas al pueblo. El sistema solo podía caer, decía la Agrupación, si los intelectuales movían a la opinión pública para proclamar una República que modernizara España.

Incluso la Iglesia empezó a tomar posiciones. El cardenal Pedro Segura publicó una pastoral en febrero de 1931 instando a los católicos a defender a Alfonso XIII de la ofensiva republicana que, según escribió, pretendía «arrancar a España de sus raíces cristianas». Sin embargo, Pedro Segura criticaba también al gobierno de Berenguer por permitir la expansión de la propaganda y actividad antimonárquica. Por eso animaba a los católicos a participar en las elecciones para no dejar el gobierno en manos de los enemigos de la monarquía.

El Gobierno del almirante Aznar, que sucedió a Berenguer en febrero de 1931, decidió convocar elecciones municipales el 12 de abril. Muchos se las tomaron como una oportunidad de manifestarse contra Alfonso XIII. A pesar de que ganaron las candidaturas de los partidos monárquicos, los republicanos no perdieron el tiempo para manifestar que habían ganado los comicios. El 14 de abril, la situación se volvió irreversible. El general Sanjurjo, jefe de la Guardia Civil, anunció a Romanones que sus hombres no cargarían contra los republicanos que se manifestaban en las calles. Así, la bandera tricolor empezó a ondear en edificios públicos.

El ceremonial del fin de la monarquía tuvo lugar en un sitio insólito: la consulta del doctor Marañón. Allí, Alcalá-Zamora y Romanones se reunieron para negociar la capitulación. Don Niceto fue categórico: la batalla estaba perdida y el Rey debía salir de España antes de la puesta del sol. Romanones intentó resistir, pero el argumento final de Alcalá-Zamora —la adhesión de Sanjurjo a la causa— le hizo demudarse. La Monarquía cedió exactamente a las 14.05 del 14 de abril.

Cuando la comitiva republicana —encabezada por Miguel Maura y Nicolás Alcalá-Zamora— llegó al Ministerio de la Gobernación para asumir el poder, Sanjurjo se presentó ante ellos, se cuadró y pronunció la frase que ha quedado en la memoria política del día: «A las órdenes de usted, señor ministro». Mientras Alfonso XIII preparaba su salida para evitar un baño de sangre, Miguel Maura subía las escaleras del Ministerio de la Gobernación «de tres en tres». Acompañado de Largo Caballero, entró en el despacho del subsecretario de Gobernación, Mariano Marfil, y le dijo: «Amigo Marfil: Aquí está usted de más desde este momento». La República era ya un hecho consumado.

El Pacto de San Sebastián fue fundamental para los primeros pasos de la Segunda República. Aquel acuerdo permitió organizar un gobierno provisional y ordenar las primeras medidas para la transición. En suma, el pacto para convertir una oposición dispersa en una alternativa de poder para derribar la monarquía y tomar el poder como forma de república. Ese fue también el problema del régimen republicano: se construyó para el Gobierno en exclusiva de unos partidos sobre la mitad de los españoles con la idea de hacer un cambio radical en el país. Se unieron para destruir un sistema que calificaron de oligárquico contra el pueblo, pero sin el propósito cierto de fundar un régimen verdaderamente democrático. De hecho, como veremos en otros episodios, Alcalá-Zamora tuvo esa idea de un orden republicano conservador y plural, pero no así otros como Manuel Azaña o Largo Caballero. Pero eso es materia de otro episodio.

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