El juez del 'caso Begoña Gómez' abre una pieza para investigar fraude a los intereses de la UE
El magistrado apunta a Barrabés por presuntos delitos de prevaricación y de fraude con fondos comunitarios
Juan Carlos Barrabés y Begoña Gómez. | Ilustración de Alejandra Svriz
El juez Juan Carlos Peinado abre una nueva pieza separa en el caso Begoña Gómez. El magistrado investigará si se cometieron delitos de prevaricación y de fraude a los intereses de la UE en adjudicaciones a Juan Carlos Barrabés en la que existían fondos comunitarios. La pesquisas van más allá de los polémicos contratos de Red.es que el empresario aragonés consiguió tras sendas cartas de recomendación de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El informe al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE pone el foco en una adjudicación de cuatro millones de euros con fondos Feder.
El órgano encargado de investigar las adjudicaciones con fondos de la UE hasta ahora era la Fiscalía Europea, que ha remitido las pesquisas a Peinado después de que la Audiencia Nacional estimara un recurso y ordenara la remisión del procedimiento al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El juez que investiga a Begoña Gómez celebró el pasado lunes una audiencia preliminar, paso previo necesario para enviarla a juicio. Las acusaciones populares han pedido la retirada del pasaporte.
En la resolución, de apenas dos párrafos, Peinado pide opinión a la Fiscalía de Madrid sobre esta nueva línea de investigación, que se centra en un contrato adjudicado por la empresa pública Red.es a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Innova Next, propiedad de Barrabés, y la consultora KPMG. El expediente fue financiado con fondos comunitarios Feder y ya estuvo bajo la lupa de la Fiscalía Europea.
El socio de Begoña Gómez
El expediente que investiga el juez que cerca a Begoña Gómez pertenece a Red.es y está relacionado con el «Servicio de oficina Acelera Pyme-Servicio de apoyo y asesoramiento», publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 4 de junio de 2020. El contrato contaba con un presupuesto base de licitación de 4.053.500 euros. La UTE adjudicataria estuvo formada por Innova Next SL y KPMG. Fuentes cercanas a la esposa del presidente del Gobierno recalcan que ella no guarda relación alguna con ese contrato.
Peinado ha reclamado a la Fiscalía de Madrid un informe «sobre la tipicidad de los hechos contenidos en los mismos». Un movimiento que inicia después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Europea le informaran el pasado 8 de junio de la situación del caso.
El decreto de la Fiscalía Europea del pasado 8 de junio señala que el informe policial revela que «en la adjudicación el informe de valoración habría obviado deliberadamente la circunstancia de la inexistencia de un libro blanco como requisito necesario exigido en los pliegos a puntuar en el criterio 3, del que dependen los juicios de valor en el que la citada UTE fue puntuada con la máxima nota, resultando adjudicataria».
Dicho informe resalta que del análisis de los borradores del citado informe de valoración intercambiado por los evaluadores encargados de la confección del mismo, «se observa que se habría incluido comentarios sobre los que se habría construido las valoraciones finales aludiendo en uno de ellos al hecho de que la UTE KPMG-INNOVA no habría incluido el Libro Blanco, hecho que habría sido deliberadamente ocultado en los informes de valoración del mismo, al efecto de que no fuese detectado por otros licitadores».
Avocación de la Fiscalía Europea
El organismo comunitario advirtió estas presuntas irregularidades «al analizar el contenido de los correos relativos a los procedimientos investigados por la Fiscalía Europea ya que el firmante de los informes de valoración en los tres procedimientos fue el mismo investigado Luis Prieto».
La Fiscalía Europea valoró los hechos «como indiciariamente constitutiva de infracción penal». En este sentido, la referencia encontrada «refleja la omisión deliberada de unos datos que debía constar en el informe de valoración, a fin de adjudicarla a un licitador concreto que resulta ser el mismo licitador beneficiado por los hechos investigados. El órgano europeo asumió una parte del caso, concretamente con los contratos adjudicados al empresario Barrabés que fueron pagados con fondos europeos Next Generation.
Ante semejante escenario, la Fiscalía Europea dictó el pasado 20 de abril un decreto de avocación parcial de las diligencias previas de Peinado respecto a ese expediente. La defensa de Barrabés recurrió que esta asumiera la investigación. La Audiencia Nacional estimó la impugnación y revocó íntegramente el decreto al juez del caso Begoña Gómez al asegurar que el expediente ya había sido tratado por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El origen de esta nueva pieza se encuentra en una denuncia de Hazte Oír ante el organismo comunitario.