La consultora que validó el rescate de Duro Felguera guarda silencio pese a las anomalías
Forvis Mazars ha rechazado hacer comentarios a THE OBJECTIVE sobre la irregularidad de la operación de 120 millones
Ilustración de Duro Felguera, la SEPI y Mazars. | Ilustración de Alejandra Svriz.
El 9 de marzo de 2021 se aprobó el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por 120 millones de euros a la empresa de ingeniería y construcción industrial Duro Felguera. La empresa de origen asturiano incumplió las ratios de deuda/capital y de cobertura de intereses, según sus cuentas anuales, requisito necesario para recibir el préstamo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee, por sus siglas). Sin embargo, el Consejo de Ministros dio luz verde a la operación después de que la SEPI diera su visto bueno a la viabilidad de la compañía tras un informe del asesor financiero Mazars (que ahora se llama Forvis Mazars).
La SEPI contrató a Mazars para que analizara si Duro Felguera cumplía con los criterios para ser rescatada. Lo hizo después de haber adjudicado en diciembre de 2020 a 40 firmas (legales y financieras) para que analizaran los expedientes de los potenciales rescates. Su informe fue analizado —junto con el del asesor legal Gómez-Acebo & Pombo— por el consejo gestor creado por la SEPI para evaluar las solicitudes y aprobar o rechazar las operaciones. Fuentes oficiales de la compañía Mazars han rechazado varias veces explicar a THE OBJECTIVE por qué dieron el visto bueno a esta operación.
Para que una empresa lograse luz verde de la SEPI, tenía que cumplir los 13 criterios de elegibilidad. 12 de ellos están bajo un paraguas interpretativo del Gobierno, pero hay uno que es puramente técnico y financiero: «No constituir una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019 en los términos establecidos por el artículo 2.18 del Reglamento 651/2014 de la Comisión Europea». Según este, «una empresa en crisis es aquella en la que durante los dos ejercicios anteriores la ratio deuda/capital de la empresa fuese superior a 7,5 y la ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base del ebitda, se haya situado por debajo de 1,0».
Según las cuentas anuales de Duro Felguera consultadas por este medio, la ratio deuda/capital se situó en 7,8 en 2018 y 8,89 en 2019. Por otro lado, la ratio de cobertura de intereses directamente fue negativa los años previos: -18,31 (2018) y -2,82 (2019). Por lo que incumplió todas las ratios necesarias para recibir el préstamo. Sobre este asunto, fuentes oficiales de la empresa han rechazado hacer comentarios.
El primer indicador mide cuánto dinero debe una empresa en comparación con el dinero que realmente tiene (por lo tanto, cuanto más alta sea esta cifra, más depende la empresa de préstamos y financiación externa para funcionar). Lo segundo mide si una empresa gana suficiente dinero con su actividad normal para pagar los intereses de sus deudas. Si la ratio es superior a 1, la empresa genera dinero suficiente para pagar esos intereses. Si es inferior a 1, significa que no gana lo suficiente y puede tener dificultades para afrontar sus pagos.
La SEPI creó un consejo gestor con capacidad para evaluar las solicitudes y aprobar o rechazar las operaciones. Este estaba formado por el presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. El secretario de aquel consejo, que tenía voz pero no voto, fue el abogado del Estado, Javier Loriente, que nueve meses después fue contratado por Duro Felguera como socio responsable del departamento de Derecho Público, Regulatorio y Urbanismo.
Un informe de EEUU
A mediados de 2020, Cinco Días publicó que el despacho de abogados estadounidense Cleary Gottlieb Steen & Hamilton defendió el rescate a Duro Felguera porque, según ellos, no estaba en crisis de acuerdo con la regulación europea. La razón que esgrimió el bufete fue que en 2018 la empresa amplió capital (79,1 millones de euros según sus cuentas) y la banca le hizo una quita de más del 70% (en 2017 tenía 323,3 millones de deuda y bajó en 2018 a 96,8 millones, según las cuentas) sobre el importe que le debía. Por lo que cerró ese año, según estimaron, con una ratio deuda/capital de 0,84.
No obstante, según fuentes financieras consultadas por este medio, para llegar a ese número se estaría omitiendo directamente el patrimonio neto, que tiene en cuenta todos los resultados negativos acumulados por la empresa y que deben incluirse a la hora de calcular la ratio deuda/capital. Lo correcto para calcular el año 2018 sería dividir el total de la deuda (a corto y a largo plazo) de ese año —que fue de 96,8 millones, según sus cuentas— entre el patrimonio neto, que fue 12,4 millones. Lo que da la ratio de 7,8 antes mencionada. Sin embargo, lo que se deduce de ese informe es que, en lugar de usar el patrimonio neto, se dividió el total de la deuda solo entre la ampliación de capital y el capital escriturado (que da 127 millones). Lo que provoca que la ratio esté por debajo de 1.