Moncloa premió a los cinco miembros de la SEPI que validaron los rescates más polémicos
Los integrantes del consejo gestor fueron Bartolomé Lora, Ana de la Cueva, Raül Blanco, Sara Aagesen y Pilar Paneque
Sede de la SEPI.
La SEPI (la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) creó en julio de 2020 un consejo gestor para tramitar los rescates a aquellas empresas estratégicas que habían visto sus balances golpeados por la pandemia. Todo se hizo a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee, por sus siglas), dotado con hasta 10.000 millones de euros. Sin embargo, entre las empresas que recibieron préstamos hubo algunos muy discutidos y controvertidos que ahora investigan la UCO (Unidad Central Operativa) y la Justicia.
Los cinco miembros que conformaron aquel equipo –que no era un grupo permanente en la SEPI– fueron los siguientes: el presidente de la SEPI, Bartolomé Lora; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. El consejo tenía la competencia de evaluar las solicitudes y aprobar o rechazar operaciones.
Los rescates más controvertidos llevados a cabo por la SEPI tuvieron lugar entre finales de 2020 y mediados de 2021, con los préstamos a Plus Ultra (investigado en la Audiencia Nacional), Duro Felguera (incumplía todas las ratios financieras) y Air Europa (hay abierta una investigación del juzgado de Instrucción número 49 de Madrid). Al frente del consejo gestor estaba Lora, que está precisamente imputado por el rescate de esta última empresa.
Entre las funciones de Lora como presidente de aquel consejo gestor estaban la de asegurar el cumplimiento de las leyes, facilitar toda la información necesaria para la toma de decisiones, dirimir con su voto los empates y visar las actas, entre otras más. Se hizo con la presidencia en funciones el 4 de octubre de 2019 tras la imputación de Vicente Fernández por el caso Aznalcóllar. El 30 de marzo de 2021, 540 días después de su nombramiento, fue sustituido, pero siguió como número dos de la SEPI. El pasado año cobró 251.949 euros.
Los cuatro vocales tenían entre sus funciones la de «recibir, con una antelación mínima de cinco días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones; participar en los debates de las sesiones; ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justificaban y formular ruegos y preguntas, entre otros». De la Cueva era en ese momento la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, responsabilidad que desempeñó entre junio de 2018 y mayo de 2021. Apenas unas semanas después, en julio de 2021, fue nombrada presidenta de Patrimonio Nacional. Un cargo que sigue ostentando y por el que, según el Portal de Transparencia, cobró 128.509 euros en 2024.
El segundo vocal fue Raül Blanco, que ocupó la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria entre junio de 2018 y diciembre de 2022. Unas semanas después, en febrero de 2023, fue nombrado presidente de Renfe. Estuvo al frente de la compañía insignia del Ministerio de Transportes hasta enero de 2025, cuando fue cesado. En 2024, según Transparencia, percibió un sueldo de 189.995 euros. Aagesen fue también otra de las vocales del consejo gestor que dio luz verde a los rescates. Por entonces era la secretaria de Estado de Energía, cargo que tuvo entre enero de 2020 y noviembre de 2024. A finales de ese año, el presidente del Gobierno la nombró vicepresidenta tercera y ministra de Energía. Puestos que mantiene hasta la actualidad.
Por último, Paneque –licenciada en Medicina y Cirugía y que fue viceconsejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía durante la época en la que estaba la exministra de Hacienda María Jesús Montero al frente de esa cartera– completaba el consejo como subsecretaria de Hacienda. En ese puesto estuvo entre junio de 2018 y julio de 2021. Ese verano, sus competencias se ampliaron y pasó a ser subsecretaria de Hacienda y Función Pública. Finalmente, se jubiló como alto cargo en abril de 2024.
Fuentes conocedoras de la SEPI han criticado la creación de este consejo gestor para canalizar las ayudas, que fueron financiadas mediante deuda pública del Estado. El Gobierno ha negado en el Congreso de los Diputados que este fondo estuviera financiado con los fondos Next Generation. Finalmente, se rescató a 30 empresas y se movilizaron 3.526 millones de euros. Las compañías tenían que cumplir 13 criterios de elegibilidad –basados en requisitos objetivos y subjetivos–, pero todavía existen hoy muchas dudas sobre cómo algunas empresas lograron la ayuda porque incumplían las condiciones.