Uno de los impulsores del rescate de Duro Felguera preside ahora una empresa de la SEPI
Enrique Fernández saltó a Hunosa tras lograr una polémica operación que incumplía las ratios financieras que exigía la UE
Enrique Fernández. | EP
El polémico rescate de Duro Felguera por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) por 120 millones de euros a principios de 2021 tuvo dos principales impulsores, según el Tribunal de Cuentas: el Ministerio de Industria y la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias. El entonces consejero del segundo organismo era Enrique Fernández, al frente de la institución entre 2019 y 2023, y nombrado en enero de 2024 presidente de Hunosa, una empresa participada al 100% por la SEPI.
La presidenta actual de la Sociedad, Belén Gualda, ha defendido todos los rescates que llevó a cabo la empresa pública adscrita al Ministerio de Hacienda. El argumento que repitió durante la comisión de investigación del Senado hace varias semanas fue que cumplieron con el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas —que realmente no hace un análisis profundo de cada una de las 30 empresas beneficiarias— y con los 13 criterios de elegibilidad del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee). Sin embargo, Duro Felguera incumplía precisamente el único de esos 13 requisitos que podía contrastarse de forma objetiva y mediante parámetros estrictamente técnicos.
Según publicó este medio, las agendas de la fontanera del PSOE, Leire Díez, ya señalaron que el rescate de Duro Felguera se hizo pese a ser una operación inviable. Así, el 5 de agosto de 2020, anotó lo siguiente: «[Duro Felguera] va abocándose a concurso de acreedores» (la antigua suspensión de pagos).
El criterio técnico, antes mencionado, que incumplía Duro Felguera era el siguiente: «No constituir una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019». El Reglamento 651/2014 de la Comisión Europea establece en su artículo 2.18, e) que una «empresa en crisis es aquella que durante los dos ejercicios anteriores la ratio deuda/capital de la empresa fuese superior a 7,5 y la ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base del ebitda, se haya situado por debajo de 1,0». Según las cuentas anuales de la empresa consultadas por THE OBJECTIVE, la ratio deuda/capital se situó en 7,8 en 2018 y 8,89 en 2019. Por otro lado, la ratio de cobertura de intereses directamente fue negativa los años previos: -18,31 (2018) y -2,82 (2019). Sobre este asunto, fuentes oficiales de la empresa han rechazado hacer comentarios.
El primer indicador mide cuánto dinero debe una empresa en comparación con el dinero que realmente tiene (por lo tanto, cuanto más alta sea esta cifra, más depende la empresa de préstamos y financiación externa para funcionar). Lo segundo mide si una empresa gana suficiente dinero con su actividad normal para pagar los intereses de sus deudas. Si la ratio es superior a 1, la empresa genera dinero suficiente para pagar esos intereses. Si es inferior a 1, significa que no gana lo suficiente y puede tener dificultades para afrontar sus pagos.
Fernández, cuya consejería fue clave para impulsar el rescate, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo, donde también se doctoró con un premio extraordinario. Además, ha sido profesor de Economía Financiera en el Departamento de Administración de Empresas entre 1997 y 2011. Por último, durante el controvertido rescate de Duro Felguera, formaban parte de su consejo de administración dos exministros de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero: Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración, y Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas.
A mediados de 2020, el despacho de abogados estadounidense Cleary Gottlieb Steen & Hamilton defendió, según publicó Cinco Días, el rescate de Duro Felguera porque, según ellos, no estaba en crisis de acuerdo con la regulación europea. La razón que esgrimió el bufete fue que en 2018 la empresa amplió capital (79,1 millones de euros según sus cuentas) y la banca le hizo una quita de deuda de más del 70% (en 2017 tenía 323,3 millones de deuda y bajó en 2018 a 96,8 millones, según las cuentas) sobre el importe que le debía, por lo que cerró ese año, según sus cálculos, con una ratio deuda/capital de 0,84.
No obstante, según fuentes financieras consultadas por este medio, para llegar a ese número se estaría omitiendo directamente el patrimonio neto, que agrupa todos los resultados negativos acumulados por la empresa y deben tenerse en cuenta para calcular la ratio deuda/capital. Lo correcto para calcular el año 2018 sería dividir el total de la deuda (a corto y a largo plazo) de ese año —96,8 millones, según sus cuentas— entre el patrimonio neto —12,4 millones—, lo que da la ratio de 7,8 antes mencionada. Sin embargo, lo que se deduce del informe de la empresa norteamericana es que, en lugar de usar el patrimonio neto, se dividió el total de la deuda solo entre la ampliación de capital y el capital escriturado (que da 127 millones), llevando la ratio por debajo de 1.
Por último, los otros 12 criterios restantes de la SEPI, que se recogen en la Orden PCM/679/2020, eran o fáciles de cumplir (no ser una empresa financiera, no haber sido condenada por una sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, no haber solicitado la declaración de concurso voluntario, estar al corriente de obligaciones tributarias, entre otros) o se encontraban bajo un paraguas interpretativo del Gobierno (empresa estratégica, tener un plan de viabilidad a medio y largo plazo, informar del conjunto de medidas de apoyo público de las que se haya beneficiado en los últimos diez años y que el cese de actividad causara un grave impacto económico, entre otros).