El Gobierno rescató Duro Felguera con 120 millones pese a incumplir los requisitos de la UE

El Gobierno rescató en 2021 con 120 millones de euros a la empresa de ingeniería y construcción industrial, Duro Felguera, pese a que incumplía el único requisito técnico y objetivo de los 13 criterios de elegibilidad del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) tras la pandemia. En concreto, la compañía de origen asturiano infringía la siguiente condición: «No constituir una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019». Al incurrir en esta situación, la empresa no debió recibir una inyección de dichos fondos.

El Reglamento 651/2014 de la Comisión Europea establece en su artículo 2.18 e) que una «empresa en crisis es aquella que durante los dos ejercicios anteriores la ratio deuda/capital de la empresa fuese superior a 7,5 y la ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base del Ebitda, se haya situado por debajo de 1,0». Según las cuentas anuales de la empresa consultadas por THE OBJECTIVE, la ratio deuda/capital se situó en 7,8 en 2018 y 8,89 en 2019. Por otro lado, la ratio de cobertura de intereses directamente fue negativa los años previos: -18,31 (2018) y -2,82 (2019). Sobre este asunto, fuentes oficiales de la empresa han rechazado hacer comentarios.

El primer indicador mide cuánto dinero debe una empresa en comparación con el dinero que realmente tiene (por lo tanto, cuanto más alta sea esta cifra, más depende la empresa de préstamos y financiación externa para funcionar). Lo segundo mide si una empresa gana suficiente dinero con su actividad normal para pagar los intereses de sus deudas. Si la ratio es superior a 1, la empresa genera dinero suficiente para pagar esos intereses. Si es inferior a 1, significa que no gana lo suficiente y puede tener dificultades para afrontar sus pagos.

El polémico cálculo

Sin embargo, a mediados de 2020, Cinco Días publicó que el despacho de abogados estadounidense Cleary Gottlieb Steen & Hamilton defendió el rescate a Duro Felguera porque, según ellos, no estaba en crisis de acuerdo con la regulación europea. La razón que esgrimió el bufete fue que en 2018 la empresa amplió capital (79,1 millones de euros según sus cuentas) y la banca le hizo una quita de más del 70% (en 2017 tenía 323,3 millones de deuda y bajó en 2018 a 96,8 millones, según las cuentas) sobre el importe que le debía. Por lo que cerró ese año, según estimaron, con una ratio deuda/capital de 0,84.

No obstante, según fuentes financieras consultadas por este medio, para llegar a ese número se estaría omitiendo directamente el patrimonio neto, que tiene en cuenta todos los resultados negativos acumulados por la empresa y que deben tenerse en cuenta para calcular la ratio deuda/capital. Lo correcto para calcular el año 2018 sería dividir el total de la deuda (a corto y a largo plazo) de ese año –que fue de 96,8 millones, según sus cuentas– entre el patrimonio neto, que fue 12,4 millones. Lo que da la ratio de 7,8 antes mencionada. Sin embargo, lo que se deduce de ese informe es que,, en lugar de usar el patrimonio neto, se dividió el total de la deuda solo entre la ampliación de capital y el capital escriturado (que da 127 millones). Lo que provoca que la ratio esté por debajo de 1.

El rescate de Duro Felguera tuvo lugar a principios de marzo de 2021, durante la presidencia en funciones de Bartolomé Lora, que ha sido citado recientemente por la Justicia como investigado por el rescate de Air Europa. Tan solo unas semanas después asumió el cargo la actual presidenta de la SEPI, María Belén Gualda. Lora estuvo de interino desde finales de 2019 tras la dimisión del presidente en ese momento, Vicente Fernández, por su imputación en el caso de la mina de Aznalcóllar. Finalmente, fue absuelto de ese caso pese a que había una petición de cárcel de 19 años. Ahora, según publicó este medio, la UCO investiga si la fontanera del PSOE, Leire Díez, presionó para absolver al exjefe de la SEPI en el juicio de Aznalcóllar.

Por último, los otros 12 criterios restantes de la SEPI, que se recogen en la Orden PCM/679/2020, eran o fáciles de cumplir (no ser una empresa financiera, no haber sido condenada por una sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, no haber solicitado la declaración de concurso voluntario, estar al corriente de obligaciones tributarias, entre otros) o se encontraban bajo un paraguas interpretativo del Gobierno (empresa estratégica, tener un plan de viabilidad a medio y largo plazo, informar del conjunto de medidas de apoyo público de las que se haya beneficiado en los últimos diez años y que el cese de actividad causara un grave impacto económico, entre otros).