La UCO investiga si Díez presionó para absolver al exjefe de la SEPI en el juicio de Aznalcóllar

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez Santiago Pedraz dos anexos con documentos que elaboró Leire Díez durante la larguísima instrucción judicial del macrojuicio por la explotación de la mina de Aznalcóllar en la que estaba procesado Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y compañero de ella en la presunta organización criminal que en abril de 2024 puso en marcha el secretario de Organización, Santos Cerdán, tras la imputación de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez.

La información de los investigadores es relevante porque demuestra la enorme atención que la supuesta fontanera del PSOE le prestó a esta causa que se eternizó en los juzgados sevillanos durante 15 años para desesperación de Fernández, quien ocupó varios cargos importantes en la Junta de Andalucía con los socialistas y luego fue aupado a la presidencia de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019 de la mano de la hasta hace poco vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los dos documentos escritos a ordenador parecen haber sido elaborados por ella a modo de síntesis en unos momentos muy concretos. El primero de ellos, llamado Conclusiones del informe final del Ministerio Fiscal en la instrucción sobre el concurso de Aznalcóllar, data del 22 de julio de 2020. A lo largo de nueve puntos, Díez desgrana los hitos más importantes del escrito de la Fiscalía, en los que el citado Ministerio Fiscal se ponía del lado de los acusados en la demanda de la empresa canadiense Emerita, a la que se habían adherido como acusaciones particulares otra compañía del sector —SC Andalucía Mining— y la Federación Provincial de Ecologistas en Acción.

«La instrucción por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar debe terminarse ya. Las diligencias solicitadas por Emerita tienen un ánimo dilatorio», subrayó de inicio Díez, para quien no habían existido «ascensos ni beneficios para los funcionarios que intervinieron en la adjudicación», ni tampoco cohecho alguno. «El análisis de los correos electrónicos demostró que no se favoreció a ninguna empresa en el concurso. No se ha cometido ninguna prevaricación. No se ha cometido ninguna malversación de caudales públicos y, además, las cifras de inversión de Emerita estaban infladas. No se ha cometido ningún tráfico de influencias», fue enumerando la por aquel entonces directora de comunicación de la pública Enusa. En su opinión, y basándose en el escrito de la Fiscalía, solo cabían dos decisiones por parte de la juez instructora: «Procede archivar y sobreseer el asunto».

Es más, el 4 de febrero de 2021, elaboró otro documento —titulado Para evitar el efecto de la tardanza judicial—, en el que le quiso dar la vuelta a la tortilla al ver que se demoraba la causa judicial ad eternum. El plan consistía en que el Gobierno de Pedro Sánchez rehabilitase a Vicente Fernández como presidente de la SEPI aún estando formalmente imputado: «Para evitar el perjuicio de esas dilaciones procesales, con el aval explícito del criterio de la Fiscalía, precedido por el de la UCO y el de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado), el Consejo de Ministros podría reponer en su posición gubernamental a VFG (Vicente Fernández Guerrero)», dijo sobre el primer paso de ese plan.

La segunda parte de dicho plan se pondría en marcha a continuación, con la entrada en juego del abogado de Fernández: «En tal caso, se podrían activar todas las maniobras dilatorias por el abogado de VFG para intentar que la instrucción se prolongara más allá de la presente legislatura», a la que aún le quedaban más de dos años -Sánchez convocó comicios para julio de 2023-. Díez anotó en el documento otros precedentes parecidos: «El caso Navantia (con instrucción abierta de 2010 a 2021), el caso Poniente de Almería (que se inició la instrucción en 2007 y todavía no ha terminado), o el caso Isofotón (abierta la instrucción desde 2015)», puso de ejemplo en aquel febrero de hace cinco años.

¿Cómo lograría el abogado del expresidente de la SEPI alargar la instrucción de Aznalcóllar todo lo posible? Leire Díez tenía la solución a mano: «Entre ellas, pedir declaraciones de personas y empresas que concurrieron a la licitación, comisiones rogatorias a Canadá, periciales sobre alteraciones espurias del valor de cotizaciones en bolsa, etc.». De esta forma, Vicente Fernández «se garantizaría que no existiera nunca un nuevo auto contrario» a sus intereses, una vez que el Gobierno le hubiera nombrado «otra vez para el puesto del que dimitió». Es decir, el del holding público de la SEPI.

Sin embargo, la magistrada instructora le echó un jarro de agua fría solo cuatro días después, el 8 de febrero de 2021, con un auto en el que comunicó que continuaba la investigación contra Vicente Fernández y otros ex altos cargos de la Junta andaluza. Ese escrito es el tercer archivo del caso Aznalcóllar que la fontanera del PSOE tenía en su poder y que la UCO ha enviado ahora al juez Santiago Pedraz.

Una petición de 19 años de cárcel

El vía crucis judicial de Fernández prosiguió, por tanto, unos años más sin que lograse volver a la primera línea política nacional o andaluza. Finalmente, fue procesado y el macrojuicio empezó el 3 de marzo de 2025… doce años después del inicio de la instrucción. El expresidente de la SEPI se enfrentó en la última fila de los acusados a una petición de cárcel de 19 años, junto a una inhabilitación de 60 años y una multa de dos millones de euros por su papel en esta explotación minera adjudicada en 2013 a la agrupación empresarial México-Minorbis cuando era secretario general de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo. Junto a él, se sentaron en el banquillo otros 15 políticos, empresarios y funcionarios de la Junta. Entre todos, sumaban un total de 348 años de prisión. 

Aquel día, Leire Díez se presentó en la primera jornada de la vista en la Audiencia Provincial de Sevilla mezclada entre el público asistente. Aún faltaban dos meses para que su identidad y su modus operandi fuesen conocidos por la opinión pública tras las primeras informaciones de El Confidencial entrando y saliendo de la sede nacional del PSOE en Ferraz, así que varios abogados solo se percataron de su presencia unas semanas después del inicio del juicio tras reconocer su cara en los medios de comunicación, según desveló THE OBJECTIVE.

En una de las agendas de Díez que ahora ha salido a la luz, se incluye una anotación del 8 de marzo de 2025, apenas cinco días después del inicio del juicio, con lo siguiente: «Informes UCO. Aznalcóllar. ERE» [leer abajo]. Unas notas que podrían referirse a la necesidad de la fontanera del PSOE por recuperar documentos de la instrucción con los que ayudar a la defensa de Fernández.

Fuentes judiciales aseguraron entonces a este periódico que, al concluir la segunda sesión de la vista, Díez se acercó a la fiscal, Ascensión Ocaña, y se puso a hablar con ella «muy airosa y gesticulando bastante». La entonces militante del PSOE recriminó a Ocaña que se mostrase a favor de que siguiese el juicio sin oponerse a las cuestiones previas planteadas por la defensa de los procesados, entre los que estaba su compañero de la presunta organización criminal.

La Fiscalía negó al inicio del juicio vulneración de derechos durante la investigación de la causa por la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero. Ocaña defendió la actuación por parte de la jueza de instrucción, quien había pedido su archivo en dos ocasiones sin éxito, después de que la sección séptima de la Audiencia revocase los intentos de archivo con dos autos firmados por la magistrada Mercedes Alaya, la misma que empezó el caso de los ERE en Andalucía.

El Ministerio Fiscal, por tanto, se opuso a la estimación de cuestiones previas en el juicio de la explotación de la mina de Aznalcóllar e hizo hincapié en que se habían respetado todos los derechos fundamentales de las partes, en particular en cuanto a las detenciones practicadas y el acceso a los correos electrónicos. «Al no ser [Leire Díez] un personaje público y, por tanto, no conocida, eso le facilitó poder actuar con más impunidad y libertad, sin necesidad de esconderse. La fiscal se puso a favor de que el juicio siguiese adelante sin oponerse a las cuestiones previas de la defensa de los procesados, y eso originó que la fontanera se lo recriminara y le presionara», resumió una de las fuentes consultadas por este diario.

Una acusación «infundada»

Finalmente, la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió el 5 de diciembre a los 16 acusados juzgados por varios delitos en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina, al considerar que «no existen indicios» y que se había tratado de una acusación «infundada». Montero siempre defendió a Fernández durante la larguísima instrucción de este caso en Sevilla.

Cuando le nombró presidente de la SEPI, destacó de él su «honradez» y consideró que su «suma de competencias permiten afirmar por mi parte que es la persona adecuada para dirigir la SEPI en un momento en el que tenemos que dar respuesta a los cambios en el modelo productivo». Tras su dimisión a finales de 2019, el PP llegó a preguntar al Gobierno de Pedro Sánchez si el acusado seguía ejerciendo alguna función en la sombra en dicho organismo público o en otro tras retornar a su puesto funcionarial de letrado de la Junta andaluza.

Luego fichó por la constructora navarra Servinabar, de la que Santos Cerdán tenía el 45% de las acciones, pero no había aparecido ningún indicio delictivo en su contra al margen de Aznalcóllar. Sin embargo, unos días después de su absolución por este caso, se conoció que la UCO le había detenido junto a Leire Díez por posibles amaños en contratos públicos. La alegría había durado un suspiro.