La SEPI se niega a una quita en Tubos Reunidos por el riesgo de una condena por malversación
El PNV presiona a Moncloa como en el caso de Talgo, lo que pone al Gobierno entre la espada y la pared
Sede de la SEPI en Madrid.
Tubos Reunidos —el último escándalo relacionado con los rescates de la SEPI y las cloacas del PSOE— se encuentra en una situación desesperada que requiere una reducción radical de su deuda. Pero su principal acreedor, la propia SEPI, se niega a ello, porque supondría reconocer que ese rescate no cumplía las condiciones exigidas y sus responsables se arriesgarían a una condena por malversación de caudales públicos.
«Con el tema de la quita efectivamente tienen un problema, porque Tubos Reunidos no cumplía los requisitos para recibir la ayuda pública, por lo que pueden achacar una malversación a los directivos de la SEPI», explica una fuente cercana al holding empresarial del Estado.
La SEPI ha concedido aplazamientos y cambios en el calendario de devolución de otros rescates, notablemente el de Plus Ultra, la aerolínea de capital venezolano que tampoco cumplía las condiciones para el rescate y que está bajo investigación en la trama de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero asumir una quita (es decir, perdonar parte del crédito) es algo que va más lejos, puesto que implica reconocer que la empresa es inviable y que el dinero del rescate no ha servido para nada. Cabe recordar que la normativa del fondo de rescate de la SEPI (Fasee) exigía que las empresas fueran viables y que tuvieran únicamente dificultades derivadas de la pandemia.
Tubos Reunidos solicitó el concurso voluntario de acreedores en mayo ante el riesgo de «insolvencia inminente» tras perder 118,8 millones de euros en 2025, elevando su deuda a 263 millones. La empresa tiene una plantilla de 1.200 empleados, pero el administrador concursal, PKF Attest, ha comunicado que renuncia al expediente de regulación de empleo (ERE) de 240 trabajadores y al cierre de la fábrica de Amurrio (ambas medidas decididas antes del concurso) y que tampoco llevará a cabo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).
Su única esperanza es que aparezca un socio dispuesto a recapitalizar la empresa —algo que parece una quimera salvo que se trate de un fondo buitre que exija una reducción de plantilla radical— o acordar una importante quita de dicha deuda. Y ahí es donde choca con la SEPI por el citado temor de sus responsables a ser imputados por malversación. Ante lo cual, la salida más probable es la liquidación de Tubos Reunidos.
Presión del PNV
Al tratarse de una empresa industrial relevante para el País Vasco, el PNV está presionando con fuerza al Gobierno de Pedro Sánchez para que la SEPI dé su brazo a torcer y poder salvar la compañía y el empleo. Esta presión recuerda a la que hizo con Talgo tras el veto gubernamental a las opas húngara y polaca. Finalmente, la formación nacionalista consiguió que la SEPI comprara el 7,8% del capital de la ferroviaria, si bien en este caso no hay aparente riesgo de insolvencia, al menos a corto plazo. El problema principal de Talgo es que necesita ampliar su capacidad para atender a su abultada cartera de pedidos, o no podrá entregarlos.
Pero la cuestión de Tubos Reunidos es mucho más complicada, puesto que la empresa siderúrgica se encuentra en causa de disolución y, sin una importante quita de los 112,8 millones del rescate de 2021, no podrá sobrevivir. Aceptarlo implica reconocer que la empresa no era solvente. Pero Pedro Sánchez depende de los votos del PNV (y de Bildu) para seguir en Moncloa, por lo que estas presiones le colocan entre la espada y la pared.
Como ha explicado THE OBJECTIVE, Tubos Reunidos incumplía el criterio menos subjetivo de los que establecía la norma citada, el de no ajustarse a la definición de «empresa en crisis» cuando recibió el rescate. Asimismo, grandes bancos vendieron la deuda que tenían con la compañía a fondos buitre con pérdidas de hasta un 90% apenas seis meses después del rescate, porque ya entonces la condiseraban inviable.
Causas abiertas
En el rescate de Tubos Reunidos intervinieron la recién nombrada presidenta de la SEPI, Belén Gualda (que sigue en el cargo a día de hoy), el vicepresidente Bartolomé Lora y el director de participadas, José Ángel Partearroyo, ambos implicados en los sumarios del caso SEPI y del caso Zapatero por las ayudas a Plus Ultra.
La operación también está bajo la lupa judicial por el caso SEPI, la presunta trama de corrupción del expresidente del holding empresarial del Estado, Vicente Fernández Guerrero, la fontanera Leire Díaz, Antxon Alonso y Santos Cerdán (Hirurok), que habría cobrado 114.950 euros a través de la sociedad Mediaciones Martínez para desbloquear el rescate, según la UCO.
El registro ordenado el jueves pasado por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional buscaba información sobre el destino de 10 millones de euros que podrían haberse desviado a dicha trama en una operación posterior al rescate, de 2024: entonces, Tubos Reunidos vendió unos inmuebles por 15 millones, pero solicitó autorización a la SEPI para no utilizarlos para devolver parte del rescate, como establecían las condiciones del mismo.
Además, Tubos Reunidos aparece en las agendas intervenidas a Leire Díez, la supuesta fontanera del PSOE, investigada también por Pedraz en el caso cloacas del PSOE. En ellas, Díez se refiere a esta venta de deuda a fondos buitre y también hace referencia a las dificultades creadas por los aranceles de Trump (la empresa tiene una gran dependencia de Estados Unidos), a la necesidad de reducir deuda y a una «reducción de plantilla crítica».