El Gobierno rescató Tubos Reunidos con 112 millones pese a que incumplía un requisito clave
La empresa tenía un ratio de cobertura de intereses por ebitda en 2019 negativa que se ajustaba a una sociedad en crisis
Tubos Reunidos.
Es 20 de julio de 2021. El Consejo de Ministros autoriza 112,8 millones de euros para ayudar a la empresa industrial Tubos Reunidos SA y varias filiales. Se trató de un grupo más entre las decenas de empresas que han recibido un préstamo procedente del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas (Fasee, por sus siglas), dotado con 10.000 millones de euros, para salvar a las empresas tras el golpe de la pandemia.
Pero recibir ese dinero no era fácil, aparentemente. Así, era necesario cumplir 13 requisitos de elegibilidad. THE OBJECTIVE ha analizado si esta empresa, cuya sede fue registrada el pasado jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por una pieza secreta del caso Leire, cumplió con estas condiciones. Así, si uno se ciñe a los 13 criterios de elegibilidad, observará que hay 12 que son o fáciles de cumplir o subjetivos a la interpretación del Gobierno (ser una empresa no financiera, no estar en concurso, demostrar que sin la ayuda cesaría su actividad, ser estratégica, que el cierre tenga un impacto negativo sobre la economía, no estar condenada, …). Y Tubos Reunidos pudo haberlos cumplido.
No obstante, hay un criterio –puramente técnico y objetivo– que pone en jaque el rescate de Tubos Reunidos. En concreto, se trata del requisito número dos, que exigía «no ser una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019, según la definición europea». El artículo 18 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión Europea, en su apartado E, señala que «una empresa está en crisis cuando durante los dos ejercicios anteriores hubiera presentado una ratio deuda/fondos propios superior a 7,5 y una cobertura de intereses medida por ebitda inferior a 1,0».
Así, si analizamos las cuentas anuales de Tubos Reunidos del año 2019 (año que se encuadra dentro de los dos anteriores al rescate), observaremos un dato que pone contra las cuerdas la idoneidad del rescate. De esta forma, el ebitda recurrente (beneficio bruto de explotación) fue negativo, en concreto de -21.785.000 euros, mientras que los gastos financieros fueron de 14.300.000 euros. Lo que dio una ratio de cobertura de intereses calculada sobre la base del ebitda de -1,52. Una cantidad que ya de por sí incumple con lo exigido por Europa, que debe ser inferior a 1,0. En el resto de criterios –la cobertura de intereses calculada sobre la base del ebitda de 2018 y la ratio deuda/fondos propios de 2018 y 2019– Tubos Reunidos sí cumplió.
Por otro lado, cabe mencionar que las dificultades operativas de la compañía ya eran visibles antes de la pandemia porque la sociedad pasó de registrar un ebitda recurrente positivo de 11,8 millones de euros en 2017 y 18,6 millones en 2018 a un ebitda recurrente negativo de 21,8 millones de euros en 2019. Además, la evolución del patrimonio neto apunta en la misma dirección porque pasó de 144,1 millones de euros en 2017 a 105,1 millones en 2018 y a 68,5 millones en 2019. En apenas dos ejercicios la compañía perdió más de la mitad de su patrimonio neto consolidado.
Hace un mes, el pasado 4 de mayo, Tubos Reunidos presentó en un juzgado de Álava (País Vasco) el concurso voluntario de acreedores por la situación «de insolvencia inminente» que padece debido a problemas de tesorería. Sus responsables, según afirman, han trabajado en los últimos meses en un plan de viabilidad para procurar la continuidad de la empresa y sus filiales. Ese plan incluía la renegociación de la deuda con las principales entidades financiadoras y con la SEPI, la obtención de nueva financiación en el corto plazo que permita la viabilidad de la compañía y la búsqueda de alianzas estratégicas.
Por último, el pasado jueves la UCO registró la sede de la empresa Tubos Reunidos en Bilbao y, asimismo, se acudió también a la sede de la SEPI en Madrid. La empresa Tubos Reunidos, un grupo industrial, aparece nombrada en varias ocasiones en el sumario del denominado caso Leire Díez.
En uno de los atestados de la UCO, los agentes aluden al préstamo de 112,8 millones de euros concedido por la SEPI a la mercantil Tubos Reunidos y a los indicios de que el grupo denominado Hirurok (‘Nosotros tres’, en euskera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo «acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros» a través de la empresa Mediaciones Martínez.