La banca vendió la deuda de Tubos Reunidos con pérdidas del 90% por considerarla inviable

El rescate de Tubos Reunidos por la SEPI, que acapara la atención mediática tras el registro llevado a cabo por la UCO este jueves en sus sedes de Amurrio y Bilbao, y en la del holding público en Madrid, tampoco cumplía las exigencias de la ley sobre la viabilidad de la compañía. Por eso, la gran banca —salvo el BBVA y, en mucha menor medida, CaixaBank— vendió en 2022 la deuda que tenía con la empresa a fondos buitre a precio de derribo, con pérdidas de hasta el 90% en algunos casos.

«Los bancos vendieron porque veían claramente que Tubos Reunidos no tenía salvación ni con el rescate de la SEPI. Y con recuperar un 10% de lo que le habían prestado se daban con un canto en los dientes, porque la alternativa era ir a concurso y perderlo todo», explica una fuente conocedora de la situación. Dicho temor se hizo realidad cuando la compañía solicitó el concurso voluntario de acreedores el pasado 4 de mayo.

Los principales bancos que vendieron a fondos la deuda que tenían con Tubos Reunidos fueron Santander y Sabadell. El crédito sindicado original de 2017 —cuando la compañía ya atravesaba problemas y necesitaba reordenar su deuda— fue de 207,7 millones. Originalmente lo suscribieron BBVA, Santander, Popular (un mes antes de su resolución), Kutxabank, Sabadell, CaixaBank, Caja Rural de Navarra, Bankoa, Bankinter y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Esta práctica es habitual en la banca cuando ve que una empresa está abocada al concurso de acreedores. El Sabadell es uno de los mejores exponentes, ya que hizo lo mismo en su día con la extinta Abengoa y con Eroski (en este caso, no porque fuera a quebrar, sino porque iba a capitalizar deuda y convertirla en acciones, y la entidad catalana no quería tener participaciones empresariales).

Empresa inviable

Al igual que el rescate de Plus Ultra por la SEPI, en el que supuestamente intermedió la trama de José Luis Rodríguez Zapatero, el de Tubos Reunidos, de 112,8 millones, tampoco cumplía las condiciones impuestas por la normativa: que la empresa fuera estratégica y viable porque sus problemas fueran solo temporales derivados de la pandemia.

Esta falta de viabilidad quedó clara en el primer trimestre de 2022, cuando los bancos vendieron su deuda a precio de derribo, poco más de seis meses después de que recibiera la inyección de dinero público. El único gran banco que se quedó pillado con una cantidad relevante fue el BBVA, debido a que también es accionista y miembro del consejo de la compañía. CaixaBank apenas tiene 8 millones.

Como informó THE OBJECTIVE, el banco vasco sigue teniendo un crédito vivo de 50 millones con Tubos Reunidos —garantizado con inmuebles y acciones de la empresa— y un 5% del capital, si bien ha reducido esta participación desde el 14% que tenía en 2023. La siderúrgica tiene como accionistas, además de a BBVA, a familias vascas como Zorrilla Lequerica, Gómez de Olea Mendaro e Ybarra Aznar.

Casos SEPI y cloacas

Este rescate está bajo la lupa judicial por el caso SEPI, la presunta trama de corrupción del expresidente del holding empresarial del Estado, Vicente Fernández Guerrero, Leire Díaz, Antxon Alonso y Santos Cerdán (Hirurok), que habría cobrado 114.950 euros a través de la sociedad Mediaciones Martínez para desbloquear el rescate, según la UCO.

El registro ordenado ayer por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional buscaba información sobre el destino de 10 millones de euros que podrían haberse desviado a dicha trama en una operación posterior al rescate, de 2024: entonces, Tubos Reunidos vendió unos inmuebles por 15 millones, pero solicitó autorización a la SEPI para no utilizarlos para devolver parte del rescate, como establecían las condiciones del mismo.

Además, Tubos Reunidos aparece en las agendas intervenidas a Leire Díez, la supuesta fontanera del PSOE, investigada también por Pedraz en el caso cloacas del PSOE. En ellas, Díez se refiere a esta venta de deuda a fondos buitre y también hace referencia a las dificultades creadas por los aranceles de Trump (la empresa tiene una gran dependencia de Estados Unidos), a la necesidad de reducir deuda y a una «reducción de plantilla crítica».

Este último aspecto ha puesto en pie de guerra a sus trabajadores desde que la empresa solicitó el concurso de acreedores. No obstante, el administrador concursal, PKF Attest, ha comunicado que renuncia al ERE de 240 trabajadores y al cierre de la fábrica de Amurrio (ambas medidas decididas antes del concurso) y que tampoco llevará a cabo un ERTE. Se desconoce cómo pretende asegurar la viabilidad de la empresa sin esos recortes, más allá de la búsqueda de un socio dispuesto a recapitalizarla.