España registró en 2024 un récord de 24.000 alertas por blanqueo, el doble que en 2020

España registró 24.253 comunicaciones por indicio de posible blanqueo de capitales en 2024. Es la cifra más alta de todo el periodo analizado por el Tribunal de Cuentas. Además, casi duplica a la contabilizada en 2020. Los datos reflejan el crecimiento de la actividad del sistema español de prevención del blanqueo en un momento marcado por algunas de las investigaciones económicas, financieras y de presunto blanqueo más relevantes de los últimos años. En ellas han aparecido recurrentemente criptomonedas, sociedades pantalla y operaciones inmobiliarias.

Las comunicaciones por indicio son los avisos que los sujetos obligados remiten al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). Lo hacen cuando detectan operaciones que pueden presentar indicios de blanqueo. Entre esos sujetos figuran bancos, entidades financieras, aseguradoras, proveedores de servicios relacionados con criptoactivos, promotores inmobiliarios, casinos, joyeros, notarios, registradores y otros profesionales considerados especialmente expuestos a este riesgo.

Los datos forman parte del informe aprobado por el Tribunal de Cuentas sobre la aplicación en España de la política de prevención del blanqueo de capitales derivada de la normativa de la Unión Europea. La fiscalización, analizada por THE OBJECTIVE, concluye que España no dispone de una estrategia nacional específica que establezca objetivos concretos, indicadores de seguimiento ni mecanismos suficientes para medir con precisión la eficacia real del sistema.

Pesquisas de la UCO y de la UDEF

Según el informe, en 2020 se registraron 12.631 alertas; en 2021 fueron 15.638; en 2022 ascendieron a 19.484; en 2023 alcanzaron las 22.345. Mientras, en 2024 llegaron a 24.253. El crecimiento coincide con una ampliación progresiva del ámbito de vigilancia. Además, en los últimos años se han incorporado nuevas actividades sometidas a obligaciones de control.

Uno de los ámbitos que más protagonismo ha adquirido en los últimos años es el de los criptoactivos. El informe recuerda que la Quinta Directiva europea incorporó a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y custodia de monederos electrónicos al sistema de prevención del blanqueo. España trasladó esas obligaciones a su legislación en 2021. Por su parte, el Banco de España se hizo con la gestión del registro correspondiente. Sin embargo, el análisis sectorial específico de riesgos para este ámbito no se aprobó hasta 2023.

La relevancia creciente de las criptomonedas coincide con el protagonismo que los activos digitales han adquirido en numerosas investigaciones económicas. Estas han sido desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). En distintas causas judiciales, los investigadores han analizado el uso de monedas virtuales para mover fondos entre jurisdicciones, dificultar el seguimiento de determinadas operaciones o canalizar recursos a través de estructuras financieras complejas.

Alertas por blanqueo de capitales

El sistema de prevención ya no se limita a vigilar movimientos bancarios tradicionales, sino que incorpora actividades y sectores que pueden utilizarse para ocultar la procedencia de fondos o dificultar su rastreo. La normativa española recoge actualmente 28 categorías distintas de sujetos obligados. El objetivo es evitar que cualquier eslabón de la economía pueda aprovecharse para blanquear actividades ilícitas.

El informe también subraya que la amplitud del sistema no garantiza de por sí mayor eficacia. El propio Tribunal de Cuentas advierte de que la madurez de los mecanismos de prevención es muy heterogénea entre sectores. Esta disparidad resulta especialmente visible entre las entidades financieras y algunos sectores no financieros, donde el volumen de comunicaciones sigue siendo reducido pese a la relevancia que determinadas actividades han adquirido en investigaciones patrimoniales y financieras desarrolladas durante los últimos años.

Durante los últimos años, numerosas investigaciones policiales y judiciales han obligado a reconstruir complejas redes societarias, movimientos internacionales de capital, operaciones inmobiliarias y activos de alto valor para seguir el rastro del dinero. En muchos casos, los investigadores han tenido que analizar estructuras empresariales desplegadas en varios países para identificar a los beneficiarios reales de los fondos y del patrimonio investigado.

Criptomonedas y activos inmobiliarios

Junto a los criptoactivos, el mercado inmobiliario sigue siendo uno de los sectores más vigilados, puesto que, tradicionalmente, los inmuebles son una de las principales vías para transformar fondos de origen ilícito en patrimonio aparentemente legal. Por eso, las investigaciones patrimoniales suelen analizar viviendas, locales, fincas y operaciones de compraventa para reconstruir el recorrido del dinero.

Precisamente una de las cifras más llamativas del informe afecta a este sector. De los 9.187 promotores e intermediarios inmobiliarios registrados como sujetos obligados, solo 41 realizaron comunicaciones por indicio en 2024. Esto supone apenas el 0,45% del total. Entre notarios y registradores, la proporción fue aún menor: tres comunicantes sobre 3.815 profesionales sometidos a controles de prevención. En conjunto, el sistema contaba con 27.645 sujetos obligados en 2024, casi el doble que al inicio del periodo fiscalizado. Sin embargo, únicamente 348 remitieron alertas al Sepblac durante el ejercicio, el 1,26% del total.

Entre los sectores bajo vigilancia reforzada también se encuentran casinos, operadores de juego, joyeros y otros profesionales. No es una circunstancia menor. Las investigaciones por corrupción y blanqueo suelen extenderse más allá de las cuentas bancarias para examinar inmuebles, participaciones empresariales, joyas, relojes de lujo, premios de lotería, obras de arte y criptomonedas.

Sociedades fantasma y joyas

Varias investigaciones desarrolladas en los últimos años por la UCO y la UDEF han obligado a rastrear sociedades mercantiles, estructuras internacionales, adquisiciones inmobiliarias, pagos en efectivo, joyas y movimientos patrimoniales realizados a través de terceros. Muchas de ellas han girado precisamente en torno a mecanismos que los sistemas de prevención del blanqueo intentan detectar de forma temprana.

Pese al crecimiento de las alertas, el Tribunal concluye que España sigue sin disponer de una estrategia nacional específica para la prevención del blanqueo ni de indicadores que permitan medir de forma adecuada la eficacia del sistema. La institución considera que la ausencia de objetivos concretos dificulta conocer hasta qué punto los recursos movilizados están produciendo los resultados esperados.