La mujer de Zapatero, en el foco de la UDEF por una cuenta común que recibió 1,5 millones

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) localizó durante su investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero una serie de pagos por valor de 1,5 millones de euros procedentes de dos de las sociedades que canalizaron transferencias de la trama. La cuenta corriente que recibió ese montante es una cuenta conjunta —recién bloqueada— de Zapatero con su mujer, Sonsoles Espinosa, con quien está casado en régimen de gananciales. Si ese dinero fue utilizado para pagar compras inmobiliarias, hipotecas o viajes familiares, Espinosa podría ser imputada como partícipe a título lucrativo del delito de blanqueamiento de capitales (lo mismo que le ocurrió a la exministra del PP Ana Mato), al igual que sus hijas, Laura y Alba, que tienen muchas papeletas de terminar imputadas por haber recibido más de 700.000 euros de empresas de la trama «generando facturación genérica» por trabajos presuntamente simulados.

Fuentes de la investigación apuntan a THE OBJECTIVE que la inclusión en el auto de la mención a «María Sonsoles Espinosa Díaz» indica que la esposa de Zapatero podría enfrentarse a un horizonte judicial casi tan oscuro como el de su marido. El auto del juez recoge que «constan abonos» por valor de algo más de 1,5 millones en una cuenta de la que ambos son cotitulares, en el Banco Santander, y con la que el matrimonio —en gananciales— opera desde hace décadas. De hecho, su numeración corresponde al sistema español en desuso CCC —Código Cuenta Cliente—, y no al actual IBAN.

El matrimonio tiene créditos hipotecarios con la entidad, según ha podido confirmar este diario en las notas simples de las propiedades inmobiliarias que han adquirido en los últimos años, como el chalet en la exclusiva zona madrileña de Puerta de Hierro, cuya compra formalizaron en 2024 por 700.000 euros. Allí, la familia Zapatero planea —o planeaba— construir un chalé de diseño en una de las zonas más caras de la capital.

No fueron las únicas compras que hicieron los Zapatero en el mercado inmobiliario. Las hijas adquirieron sendos pisos de unos 300.000 euros en una zona muy próxima al chalé de Puerta de Hierro. Y en marzo de 2019, poco después de que el expresidente mediase para que Nicolás Maduro desbloquease 200 millones de euros de Air Europa atrapados en el país, Zapatero y su esposa ejercieron la opción de compra del chalé de Valdemarín —cuatro plantas y piscina en la azotea— en el que vivían de alquiler desde 2012. Pagaron 800.000 euros y no constan hipotecas. La suma de todas esas compras asciende a 2,1 millones de euros, cifra casi exacta a la que la UDEF sospecha que cobró de la trama en los años del presunto tráfico de influencias.

A ojos de la investigación y de fuentes jurídicas consultadas por TO, la cotitularidad de una de las cuentas claves en el presunto enriquecimiento de Zapatero por blanqueo de capitales derivado del tráfico de influencias pone en aprietos a Sonsoles Espinosa. Si esa cuenta fue utilizada para pagar letras hipotecarias, vacaciones familiares o cualquier bien o servicio del que se pueda haber beneficiado la esposa del expresidente, podría concluirse que ha sido responsable por título lucrativo al haber participado de los efectos del delito, algo que recoge el artículo 122 del Código Penal. Una responsabilidad de tipo civil, no penal.

Como Ana Mato

Hay precedentes muy conocidos. Por ejemplo, el de la exministra de Sanidad del PP Ana Mato. En noviembre de 2014, la Audiencia Nacional imputó a Mato por su responsabilidad civil como «partícipe a título lucrativo» al entender que se habría «beneficiado de las presuntas comisiones obtenidas por su exmarido», Jesús Sepúlveda, involucrado en la trama Gürtel.

El entramado de Francisco Correa abonó viajes, artículos de lujo, fiestas con payasos y hasta los gastos de la comunión de uno de sus hijos. También una berlina de lujo de la marca Jaguar por valor superior a los 50.000 euros, que el matrimonio habría adquirido en base a esas comisiones. Sepúlveda admitió que se lo había pagado Correa.

Pagos por 1,5 millones

En esa cuenta conjunta, el matrimonio recibió abonos por importe de 445.200 euros procedentes de la firma Análisis Relevante, administrada por el presunto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Los pagos se producen entre 2021 y junio de 2025. En el ejercicio de 2020, como recoge el auto, aparecen tres transferencias por algo menos de 30.000 euros.

Hay más transferencias. El auto recoge que han aflorado en esa cuenta algo más de un millón de euros en 76 transferencias procedentes de Thinking Heads Group S.L. y otras dos sociedades vinculadas a esta. Se trata de la empresa que pagaba a Zapatero por sus conferencias, propiedad de Daniel Romero-Abreu Kaup. El expresidente se asoció con Romero-Abreu para crear el Gate Center, el lobby prochino que le ayudó a fundar el empresario Fangyong Du, alias Miguelito Duch. El CNI desaconsejó darle la nacionalidad española a este ciudadano chino por su presunto vínculo con los servicios de inteligencia chinos.

Zapatero, «preocupado» por sus hijas

Zapatero está «preocupado» por «la alta probabilidad» de que imputen a sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa en la trama de Plus Ultra que investiga la Audiencia Nacional. Apenas 48 horas después de recibir la notificación de su imputación por parte del juez José Luis Calama, el expresidente del Gobierno ha pasado del shock inicial por el impacto de la noticia a acusar cierto desgaste en su estado anímico, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE. «Está peor hoy que ayer», aseguran en su entorno.

El expresidente del Gobierno ha empezado a preparar su declaración del próximo 2 de junio con la ayuda de su abogado, Víctor Moreno Catena. Tras ser situado en el vértice de un entramado criminal de compraventa de petróleo, oro y divisas, Zapatero acudirá al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional con la intención de desmontar el auto de Calama que, a su juicio, es «un delirio».

A juicio de Zapatero, «no hay ninguna prueba que demuestre su participación» en la trama de tráfico de influencias que dibuja el magistrado de la Audiencia Nacional. Sin embargo, la trazabilidad de las finanzas que se retrata en una red de empresas opacas en Venezuela y su relación con la agencia de comunicación Whathefav, propiedad de sus hijas Laura y Alba Rodríguez, es objeto central de su inquietud. Los juristas consultados señalan que hay indicios suficientes para que sean imputadas. Habrían cobrado, al menos, 700.000 euros provenientes de empresas presuntamente vinculadas a la trama.