Cerdán pidió a Sánchez la cabeza de Marlaska y Mercedes González por «no controlar la UCO»
Moncloa asegura que la petición se produjo tras la imputación de Ábalos en 2024 cuando «sabía que le investigaban a él»

Sánchez junto a Cerdán en un congreso del PSN en 2022. | EP
El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán solicitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por «no controlar la UCO (Unidad Central Operativa])» en las investigaciones sobre el Gobierno y el PSOE. Según fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE, la petición de la cabeza de ambos por parte del número tres del PSOE se produjo desde la imputación formal de José Luis Ábalos en noviembre de 2024 y se prolongó durante varios meses, hasta que estalló el informe de la UCO sobre Santos Cerdán en junio de 2025, que motivó su ingreso en prisión.
Las citadas fuentes de Moncloa y Ferraz aseguran que el presidente hizo caso omiso a la petición de Cerdán, que fue intensificándose a medida que pasaban los meses. Llama la atención que el inicio de esa solicitud al presidente Sánchez se produjera apenas dos meses después de que Mercedes González asumiera nuevamente la dirección general de la Guardia Civil en septiembre de 2024, cuando su predecesor, Leonardo Marcos, abandonó el cargo supuestamente «por motivos personales». No obstante, la UCO le mencionó en uno de sus informes como quien habría dado el chivatazo a Koldo García sobre el inicio de la investigación del caso Koldo. Un extremo que el asesor del ministro le habría reconocido al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en la causa.
El sumario de la causa de la trama Leire ha permitido alumbrar el papel proactivo del exdirector de la Guardia Civil para frustrar algunas investigaciones que afectaban al Gobierno y al propio presidente. Entre ellas, la reunión con fecha de 12 de julio de 2024 (dos meses antes de su cese), en la que Leonardo Marcos citó al jefe de la UCO, el coronel Rafael Yuste, para reprocharle que los informes de la unidad de élite del instituto armado remitidos al juzgado de Badajoz sobre David Sánchez eran «prospectivos y malintencionados». Cuatro días después, el 16 de julio de 2024, el DAO, el teniente general Manuel Llamas, se personó en las dependencias de la UCO y citó al responsable de la unidad policial, Rafael Yuste, para trasladarle la instrucción expresa de que «en los procedimientos policiales con afectación política, no se fuese proactivo» y que la unidad «se pusiese de perfil», instando a dejar toda la iniciativa a la autoridad judicial.
Sánchez atornilló a Cerdán
Cuando se produjo la dimisión de Leonardo Marcos, fuentes gubernamentales explicaron que Marcos «no controlaba a la Guardia Civil», motivo por el cual se decidió recuperar a Mercedes González para el cargo, que ya había ostentado en el pasado, que abandonó para integrarse en las listas a las elecciones generales del 23-J de 2023, y a quien se recupera por sus «buenas relaciones con la Guardia Civil» desde su etapa como delegada del Gobierno en Madrid. Una cuestión no menor, habida cuenta de que Moncloa apunta ahora que cuando Santos Cerdán pidió descabezar a la cúpula de Interior, «ya sabía que le estaban investigando», porque «Koldo ya se lo había contado».
Por aquellas fechas, en noviembre de 2024, THE OBJECTIVE ya había desvelado el testimonio de la empresaria Carmen Pano, que asegura haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del partido; el comisionista Víctor de Aldama ya había señalado que Cerdán había cobrado en efectivo un sobre frente a la sede del PSOE en Ferraz y deslizado la existencia de amaños en contratos de obra pública; y Pedro Sánchez ya había calificado de «inventadas» las revelaciones del comisionista de la trama.
Pese a las dudas crecientes que existían en la organización sobre el número tres del PSOE, Pedro Sánchez atornilló en el puesto a María Jesús Montero y Cerdán —ambos señalados por Aldama— en el 41.º Congreso Federal del PSOE en Sevilla, y este denunció una «cacería judicial» contra el PSOE en su intervención ante el plenario. Quedaban seis meses para que saliera a la luz el informe del Instituto Armado que motivó su ingreso en prisión a finales de junio de 2025. Una investigación que el PSOE negó hasta el mismo día de su publicación, refiriéndose a él como «el informe que no existe».
González, ¿víctima de Cerdán?
Las fuentes gubernamentales consultadas aseguran que González y Marlaska han sido «víctimas» de Cerdán porque «no colaboraban con la cloaca». Por este motivo, Leire Díez acudió a ver a la directora de la Guardia Civil en una cafetería cercana a la sede de la Benemérita en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. Fuentes socialistas aseguran que Mercedes González la recibió porque «pensaba que le iba a pedir trabajo» tras ser destituida de su puesto de trabajo en Enusa en diciembre del 2021, tres meses después de la destitución de Ábalos, quien le había promocionado para ese puesto. Según estas fuentes, lo que explicará la directora general de la Benemérita en su comparecencia parlamentaria la semana que viene es que «cuando Leire Díez le pidió rehabilitar a un guardia civil imputado, se levantó y se fue».
Pese a que ha quedado acreditado que la directora general mintió sobre sus reuniones con la fontanera socialista, el Gobierno y el PSOE aseguran que el presidente del Gobierno mantiene su confianza en Mercedes González porque «Santos entró en la cárcel porque Mercedes no frenó la investigación de la UCO». Niegan que se abrieran expedientes a los investigadores del Instituto Armado y sostienen que la cloaca «le ha engañado» porque «jamás cedió ante sus peticiones». En Moncloa y Ferraz concentran toda la autoría de la cloaca en Santos Cerdán, que «tenía una doble vida, una vida paralela, y nos engañó a todos para intentar frenar las investigaciones sobre él». Pero obvian que Pedro Sánchez mantuvo su confianza en Cerdán hasta el mismo día en que la UCO demostró que poseía el 45% de Servinabar junto a Joseba Antxón Alonso, y recogió grabaciones de Cerdán, Koldo y Ábalos repartiéndose supuestamente comisiones por el amaño de contratos de obra pública.
