Dimite de una empresa de Defensa una de las 25 personas imputadas en la trama Leire Díez

Primera dimisión tras la decisión del juez Santiago Pedraz de imputar a 25 personas en la causa Leire Díez en las que se investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. Todos los ojos estaban puestos en la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) , Belén Gualda, pero la primera imputada en renunciar a su cargo público ha sido María Tersa Castillo, directora de Desarrollo Corporativo y Estrategia de Isdefe, un puesto al que se incorporó en mayo de 2025, según ha adelantado El Mundo y ha podido confirmar THE OBJECTIVE en fuentes de la compañía adscrita al Ministerio de Defensa.

Castillo formó parte de Mercados Centrales de Abastecimientos (Mercasa) entre abril de 2020 y mayo del año pasado en un cargo público muy similar: directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales. Y hace un año, justo cuando se produjeron las detenciones de Leire Díez y otros miembros del grupo Hirurok -Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso- dio el salto a Isdefe.

Durante su etapa en Mercasa, una sociedad pública participada en un 51% por la SEPI, la trama de Leire Díez negoció una comisión por el cambio de sede a una ubicación cercana al estadio Bernabéu. El nombre de esta cargo público ya ha sido retirado del organigrama de la página web de Isdefe.

Pedraz imputó a Gualda junto a otras 24 personas por el caso Leire tras hallar «indicios de criminalidad». Entre ellos se encuentran el expresidente de Enusa, la empresa pública del uranio, José Vicente Berlanga y Rosario Arévalo, ex consejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha. La providencia a la que tuvo acceso THE OBJECTIVE señala que se les citará para declarar en las próximas fechas.

El magistrado instructor Pedraz investiga si Leire Díez; el expresidente de la SEPI Vicente Fernández; y Joseba Antxon Alonso, presunto socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Servinabar, formaron una estructura paralela a la empresa pública entre 2021 y 2023 para favorecer contratos y rescates que le habría reportado 750.000 euros gracias a sus «relaciones y capacidad de influencia». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que mediaron en al menos cinco operaciones que cifran en 132,9 millones de euros.

Entre los investigados por Pedraz también se encuentran varios trabajadores de la SEPI, como Rosario Martínez Manzanedo, a la que conocían como Charo; los abogados que utilizó la trama Leire, los hermanos Roberto y Eduardo Pérez Águeda; la persona que ejerció como contable a través de Mediaciones Martínez, Carmelo Aznárez; el propietario de Arepellet (del grupo Forestalia), Fernando Samper; y dos exdirectivos de Tubos Reunidos, Jesús Pérez Rodríguez Urrutia y Francisco Irazusta.

Pedraz sostiene que Cerdán y Leire Díez tenían una «relación previa», aludiendo a que ya formarían parte de la presunta trama de presuntas irregularidades en contratos de la SEPI en la que aprovecharían «sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico». A pesar de que el ex secretario de Organización del PSOE no pertenecía al denominado grupo denominado Hirurok («nosotros tres», en vasco), Pedraz cree que sus participaba junto a sus integrantes de sus beneficios desde «un plano de jerarquía superior».

Una de las operaciones bajo sospecha es el rescate de 112,8 millones de euros a favor de Tubos Reunidos que el Consejo de Ministros aprobó el 20 de julio de 2021. La denominada fontanera del PSOE y sus socios habrían recibido a cambio una contraprestación de 247.459 euros. Los investigadores señalan que el PNV intercedió en la concesión de la ayuda y destacan un mensaje que afirma que Gualda fue convocada en Moncloa el 8 de julio, solo día después de que Antxon Alonso contactara con el partido jeltzale para que intercediera a favor de la empresa alavesa.